Por Merlin Delcid, CNN en Español
Luego de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciara que evalúa un plan para una libertad anticipada para algunos detenidos durante el régimen de expeción, familiares y organizaciones de derechos humanos manifestaron sus reparos.
Bukele dijo la semana pasada que podrían ser liberos aquellos detenidos que, según su Gobierno, habrían tenido poca o esporádica colaboración con las pandillas y que no eran parte activa de las estructuras criminales. Para algunos, la falta de detalles sobre los criterios con los que se decidirá y las condiciones que deberán aceptar generan preocupaciones.
Josefina Elías es madre de René Campos, a quien dice que no ve desde hace tres años y cuatro meses. Campos, ahora de 32 años, trabajaba como cocinero en un crucero. Fue detenido por su supuesta colaboración con pandillas.
Elías es parte del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir), una organización que ha presentado ante diferentes instancias del Gobierno una serie de expedientes para intentar comprobar que hay personas que están en prisión de manera arbitraria porque no tienen ninguna relación con pandillas. Elías dice que su hijo es parte de ese grupo.
“Mi hijo es inocente y voy a seguir alzando mi voz por la inocencia de mi hijo, hasta que se recupere la libertad y que se limpie esa mancha que me le están poniendo”, dijo Elías a CNN.
El régimen de excepción fue adoptado como parte de la ofensiva del Gobierno de El Salvador contra las pandillas en marzo de 2022, tras un fin de semana violento que en 24 horas dejó 62 homicidios, el día más violento desde que Bukele asumió el poder en junio de 2019.
Desde que está en vigor, el estado de excepción ha dejado decenas de miles de detenciones. Organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otras, cuestionan esta medida porque permite arrestos sin órdenes judiciales, y han denunciado maltratos, torturas y al menos 500 muertes al interior de las prisiones. El Gobierno de Bukele ha negado las acusaciones en reiteradas oportunidades. “Para nosotros son inocentes aquellas personas que no tienen ningún vínculo con pandillas y que fueron capturados arbitrariamente por vivir en una comunidad donde las pandillas tenían el control”, dice a CNN Samuel Ramírez, coordinador de Movir.
El presidente Bukele explicó que su plan no busca liberar a pandilleros y también negó que su plan contemple excarcelar al 50% de los más de 93.000 detenidos durante los cuatro años del régimen de excepción. De acuerdo con el mandatario, en el sistema penitenciario hay aproximadamente 120.000 reos. De estos, 42.125 son miembros activos de las pandillas. Otros 25.910 no eran parte de la estructura, pero sí colaboradores activos y necesarios para el funcionamiento de las agrupaciones criminales. Según las cifras reveladas por el mandatario, hay 17.793 personas detenidas por colaborar de manera más constante con esas estructuras.
Bukele dijo que hay otro grupo, integrado por 10.629 reos, entre las que estarían las personas que ayudaban a las pandillas por temor a ser atacadas o para sobrevivir porque vivían en zonas controladas por los delincuentes.
“Entonces de esos 10.000 vamos a revisar los casos y nosotros creemos, en una previa revisión, que aproximadamente un 50% pudiera entrar al programa cero ocio para poder salir más rápido, reformado, en lugar de esperar diez años para que salga más criminal”, dijo el viernes Bukele en una rueda de prensa, durante la visita de Laura Fernández, presidenta de Costa Rica. Fernández visitó El Salvador para conocer de primera mano el funcionamiento del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) con el objetivo de implementar esos controles en el recién inaugurado Centro de Alta Contención Contra el Crimen Organizado (Cacco), en su país.
El programa Cero Ocio al que se refiere Bukele habilita a los reclusos participar en trabajos de obras públicas. La medida les permitiría salir antes de cumplir sus condenas, según el grado de participación que las autoridades les atribuyan en actividades delictivas. “Mi hermano no es ningún colaborador, ni ningún marero, entonces, así como mi hermano hay muchos que son inocentes”, dice a CNN Delmy Alvarado. Ella pide al Gobierno que revise caso por caso y que no obligue a que personas sin vínculos con pandillas se vean obligadas a aceptar un delito que no cometieron por aspirar a un beneficio que reduzca una condena. “Si salen así van a salir con algunas restricciones, limpios, porque si no van a correr el riesgo de que en cualquier momento los van a volver a detener”, agrega. El anuncio hecho por Bukele también ha generado cuestionamientos de diferentes organizaciones de derechos humanos sobre los criterios que se utilizarán para determinar quienes podrían acceder a la libertad anticipada. El mandatario no ha precisado cuándo comenzaría la revisión de estos casos.
La seguridad es el eje principal de su Gobierno. Su estrategia contra las pandillas ha reducido drásticamente los índices de homicidios. En 2019 cuando Bukele asumió el poder, la tasa de homicidios era de 35,8 por cada 100.000 habitantes. En 2025, ese promedio fue de 1,36 muertes por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con cifras del Gobierno.
Bukele está en el inicio de su campaña para lograr un tercer mandato en las elecciones generales convocadas para febrero.
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