La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este jueves que la ley federal protege a Monsanto de decenas de miles de demandas presentadas por personas que afirman que el herbicida Roundup les causó cáncer.
La decisión, adoptada por una votación de 7-2, prácticamente cierra una vía legal para quienes sostienen haber sido perjudicados por productos que, según argumentan, el gobierno federal no reguló de manera adecuada.
El fallo representa una derrota para el movimiento Make America Healthy Again (MAHA), cuyos integrantes consideran que el glifosato —el herbicida ampliamente utilizado en Roundup— es uno de los principales ejemplos de sustancias químicas peligrosas en el sistema alimentario estadounidense y desde hace años buscan poner fin a su uso generalizado y responsabilizar a sus fabricantes.
Sin embargo, la resolución es una victoria para la industria agrícola. Expertos del sector habían advertido que los productores de glifosato podrían enfrentar importantes consecuencias financieras si perdían la protección frente a responsabilidades legales.
La controversia en torno a Roundup también ha evidenciado una creciente división entre líderes de MAHA y la administración del presidente Donald Trump. Aunque el movimiento ha criticado el glifosato durante años, el gobierno federal respaldó a los fabricantes de químicos en este caso judicial e incluso recurrió a la Ley de Producción para la Defensa con el fin de intentar aumentar la producción de glifosato.
“Estoy devastada”, declaró Kelly Ryerson, activista de MAHA conocida en redes sociales como “Glyphosate Girl”. Según afirmó, la decisión “alimentará la epidemia de infertilidad, cáncer y enfermedades crónicas”.
Por su parte, Alexandra Muñoz, toxicóloga independiente y activista del movimiento, aseguró que el fallo es una de las principales preocupaciones de MAHA.
“Todos están absolutamente furiosos por lo que ha ocurrido”, dijo. “Esto probablemente les costó las elecciones de medio mandato a los republicanos”.
La decisión de la Corte Suprema
Los magistrados determinaron que la decisión del gobierno federal de no exigir una advertencia sobre cáncer en las etiquetas de Roundup prevalece sobre las leyes estatales que sí requieren advertencias respecto a sustancias potencialmente peligrosas.
“La EPA evalúa de manera crítica la etiqueta del pesticida para garantizar que contenga todas las advertencias necesarias para proteger la salud humana”, escribió el juez Brett Kavanaugh en la opinión mayoritaria.
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) no exige que los fabricantes de pesticidas adviertan a los consumidores sobre un posible riesgo de cáncer asociado con el glifosato, principal ingrediente de Roundup.
“Como cuestión de derecho federal, Monsanto debe utilizar legalmente una etiqueta sin advertencia de cáncer, a menos y hasta que la EPA apruebe o requiera un cambio”, escribió Kavanaugh.
Los jueces Ketanji Brown Jackson y Neil Gorsuch disintieron del fallo.
Bayer ha pagado miles de millones en acuerdos
Bayer, que adquirió Monsanto en 2018, ha desembolsado miles de millones de dólares para resolver casos presentados en tribunales estatales por decenas de miles de personas que aseguran haber desarrollado cáncer tras exponerse al químico.
La administración Trump continúa apoyándose en el principio de la preeminencia federal para impugnar regulaciones estatales que considera incompatibles con sus prioridades políticas. El caso del glifosato es solo uno de varios ejemplos recientes.
En asuntos relacionados con contaminación, ciudades santuario, inteligencia artificial y mercados de predicción, el gobierno ha promovido argumentos legales destinados a impedir que los estados adopten regulaciones más estrictas que las establecidas por las autoridades federales.
El origen de la demanda
La demanda fue presentada por John Durnell, residente de Missouri, quien durante dos décadas aplicó regularmente Roundup en su vecindario.
Tras desarrollar un linfoma no Hodgkin, Durnell demandó a Bayer en 2019, argumentando que la empresa no le advirtió adecuadamente sobre los riesgos asociados con el producto.
Esta historia fue producida como parte de una colaboración entre NOTUS, publicación del no partidista Allbritton Journalism Institute, y NEWSWELL, organización propietaria de Times of San Diego, Santa Barbara News-Press y Stocktonia.
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