Por Haley Britzky y Zachary Cohen, CNN
Mientras las Fuerzas Armadas de Estados Unidos comenzaban el año pasado a lanzar ataques contra presuntas embarcaciones dedicadas al narcotráfico en el Caribe, un joven trinitense que se encontraba en Venezuela por trabajo buscaba la manera de regresar a casa, según una demanda presentada este martes.
Chad Joseph, de 26 años, llevaba meses en Venezuela pescando y realizando trabajos agrícolas cuando empezó a buscar una lancha para regresar a Las Cuevas, en Trinidad y Tobago, donde vivían su esposa y sus tres hijos. Pero, a medida que Estados Unidos comenzó a atacar embarcaciones que, según las autoridades, transportaban drogas destinadas a las calles estadounidenses, Joseph “se volvió cada vez más temeroso” de emprender el viaje, señalan documentos judiciales. La preocupación fue tan real que, a comienzos de septiembre, recordó su esposa, él la llamó para asegurarle que no se encontraba a bordo de una embarcación que acababa de ser atacada por EE.UU. y prometió que regresaría pronto.
La última llamada a casa ocurrió el 12 de octubre, cuando Joseph le dijo a su esposa que había encontrado una lancha para volver a Trinidad y que la vería en cuestión de días, según los documentos judiciales. Dos días después, el 14 de octubre, Estados Unidos atacó otro objetivo: una embarcación en la que la familia de Joseph cree que él viajaba.
“La esposa del señor Joseph llamó repetidamente al teléfono celular del señor Joseph, pero la línea estaba muerta”, dice la demanda presentada este martes contra el Gobierno de Estados Unidos. “La línea sigue muerta hasta el día de hoy”.
La familia de Joseph, junto con la de otro hombre trinitense, Rishi Samaroo, de 41 años, quien trabajaba con Joseph en Venezuela y que también se cree que estaba a bordo de la embarcación, presentó este martes una demanda contra el Gobierno de EE.UU. por muerte injusta y ejecución extrajudicial de ambos hombres. La querella califica los ataques como “sin precedentes y manifiestamente ilegales” y sostiene que constituyeron “homicidios premeditados e intencionales” sin justificación legal.
CNN solicitó comentarios al Departamento de Justicia, pero no recibió respuesta inmediata antes de la publicación. El Departamento de Defensa declinó comentar sobre litigios en curso.
La demanda afirma que, pese a las declaraciones del presidente Donald Trump y de otros funcionarios del Gobierno de que todos los hombres muertos a bordo eran “narcoterroristas”, ni Joseph ni Samaroo tenían vínculos con cárteles de drogas.
El caso representa la primera oportunidad para que un juez se pronuncie sobre la legalidad de los ataques, que forman parte de la campaña en curso del Gobierno de Trump en el Caribe y el Pacífico oriental —bautizada como Operación Southern Spear—, en la que han muerto al menos 117 personas. El ataque más reciente se llevó a cabo la semana pasada en el Pacífico oriental, dejó dos muertos y un sobreviviente que estaba siendo buscado por la Guardia Costera.
La demanda cita de manera específica la Ley de Muerte en Alta Mar, que permite a familiares demandar por muertes injustas ocurridas en aguas internacionales, y el Estatuto de Agravios contra Extranjeros, que habilita a ciudadanos extranjeros a presentar demandas en tribunales federales por violaciones al derecho internacional.
Las familias reclaman daños compensatorios y punitivos, y están representadas por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el Centro para los Derechos Constitucionales y Jonathan Hafetz, de la Facultad de Derecho de Seton Hall.
El Gobierno ha presentado públicamente pocas pruebas de que quienes han muerto en esta campaña tengan vínculos con cárteles de drogas o de que cada una de las embarcaciones transportara estupefacientes. Cuando legisladores presionaron a funcionarios militares durante sesiones informativas en el Congreso, estos reconocieron que no conocen la identidad de todas las personas que iban a bordo de las lanchas que han sido destruidas.
La legalidad de los ataques ha sido objeto de un intenso escrutinio en el Congreso desde que comenzaron las operaciones en septiembre, con especial atención al primer ataque, cuando las Fuerzas Armadas realizaron un segundo bombardeo que mató a dos sobrevivientes del primer impacto. Varios abogados militares, actuales y retirados, dijeron previamente a CNN que los ataques no parecen legales.
Aun así, el Gobierno ha sostenido que la operación es un paso necesario contra las drogas que se dirigen a las costas de Estados Unidos y que, en última instancia, dañarán a los estadounidenses.
Trump anunció el ataque del 14 de octubre en una publicación en redes sociales, en la que afirmó que “seis narcoterroristas a bordo de la embarcación fueron abatidos” y que la inteligencia había confirmado que el barco “traficaba narcóticos, estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida de organizaciones de tráfico de drogas”.
Al igual que Joseph, Samaroo había estado en contacto con su familia apenas días antes del ataque del 14 de octubre. Tras haber pasado 15 años en prisión en Trinidad por “participación en un homicidio” y haber sido liberado anticipadamente bajo libertad condicional, Samaroo se mudó a Las Cuevas, en Trinidad, y en agosto de 2025 viajó a Venezuela para trabajar en una finca, según la demanda.
Con frecuencia enviaba a su familia fotos y videos de su vida en la finca, “donde cuidaba vacas y cabras y hacía queso”. Durante una videollamada, presentó a Joseph, un amigo de su ciudad natal con quien, dijo, trabajaba en Venezuela.
El 12 de octubre, Samaroo envió a su hermana, Sallycar Korasingh, una foto con un chaleco salvavidas y le dijo que había encontrado una lancha para regresar a Trinidad y que la vería en pocos días.
“Esa llamada fue la última vez que la señora Korasingh, o cualquier otro miembro de su familia, supo del señor Samaroo”, señala la demanda.
En un comunicado emitido por la ACLU, Korasingh dijo que su hermano era “un hombre trabajador que pagó su deuda con la sociedad y solo intentaba volver a ponerse de pie”.
“Si el Gobierno de Estados Unidos creía que Rishi había hecho algo malo, debió arrestarlo, acusarlo y detenerlo”, dijo. “No matarlo. Deben rendir cuentas”.
Miembros del Gobierno han insistido reiteradamente en que quienes murieron en los ataques eran “narcoterroristas”. En noviembre, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, escribió en redes sociales que “todo traficante abatido está afiliado a una organización terrorista designada”.
La demanda, sin embargo, sostiene que ni Joseph ni Samaroo eran “miembros ni estaban afiliados a cárteles de drogas”.
“El Gobierno de Trinidad ha declarado públicamente que ‘no tiene información que vincule a Joseph o Samaroo con actividades ilegales’ y que ‘no tiene información de que las víctimas de los ataques de EE.UU. estuvieran en posesión de drogas ilegales, armas o armas pequeñas’”, dice el escrito.
La querella cuestiona una de las principales afirmaciones hechas por funcionarios del Gobierno de Trump a lo largo de la campaña: que las embarcaciones —y las drogas que supuestamente transportaban— se dirigían a Estados Unidos y requerían una acción militar urgente. La demanda sostiene, en cambio, que Joseph y Samaroo se dirigían a casa, a Trinidad, en la lancha atacada por EE.UU.
Tras el primer ataque en septiembre, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo inicialmente que esa embarcación se dirigía a Trinidad u otro punto del Caribe.
El año pasado, el Gobierno de Trump justificó la operación con una opinión legal clasificada elaborada por la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia. Ese documento argumenta que el presidente puede autorizar el uso de fuerza letal contra una amplia gama de cárteles porque representan una amenaza inminente para los estadounidenses.
Expertos legales han señalado que esa opinión parece justificar una guerra abierta contra una lista secreta de grupos, otorgando al presidente el poder de designar a traficantes de drogas como combatientes enemigos y ordenar que sean abatidos sin revisión judicial. Históricamente, quienes participaban en el narcotráfico eran considerados delincuentes con derecho al debido proceso, con la Guardia Costera interceptando embarcaciones y arrestando a los contrabandistas.
La demanda, sin embargo, ofrece la primera oportunidad para que quienes consideran que estos ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales presenten su caso ante un juez.
“Sea cual sea el contenido de ese memorando secreto, no puede convertir en legales homicidios que son claramente ilegales”, señala el escrito presentado ante el tribunal.
The-CNN-Wire™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.
Familias de dos hombres que habrían muerto en un ataque militar contra una embarcación demandan al Gobierno de EE.UU. News Channel 3-12.
Hence then, the article about familias de dos hombres que habrian muerto en un ataque militar contra una embarcacion demandan al gobierno de ee uu was published today ( ) and is available on News channel ( Middle East ) The editorial team at PressBee has edited and verified it, and it may have been modified, fully republished, or quoted. You can read and follow the updates of this news or article from its original source.
Read More Details
Finally We wish PressBee provided you with enough information of ( Familias de dos hombres que habrían muerto en un ataque militar contra una embarcación demandan al Gobierno de EE.UU. )
Also on site :
- Nokia Strengthens Edge AI Capabilities Through Strategic Collaboration with Blaize on Hybrid Inference Solutions Across Asia Pacific Regions
- The deepfake threat is reshaping global politics
- Numbrix 9 - January 27