Análisis de Aaron Blake, CNN
El Departamento de Justicia del presidente Donald Trump se ha esforzado al máximo por arrasar con la línea ética que separa el cumplimiento de la ley de actuar como el brazo legal de la maquinaria política de Trump.
Los episodios más recientes: un par de demandas extraordinarias en las que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) busca intervenir en el proceso de recuento de votos en dos estados: Alaska y California.
Es muy poco probable que alguna de estas demandas prospere; de hecho, los expertos señalan que, en la práctica, no son más que intentos desesperados en el plano jurídico.
Pero hay una conclusión más importante: estas acciones revelan una disposición muy marcada, por parte del DOJ de Trump, a incurrir en comportamientos altamente cuestionables con el fin de inclinar la balanza electoral a favor de Trump y sus correligionarios republicanos. Y el presidente ni siquiera intenta ser sutil al respecto: cuando se le preguntó este viernes su opinión sobre la demanda en Alaska, respondió: “Fui yo quien dijo que lo hicieran”.
En ese caso, el DOJ de Trump busca bloquear la certificación de la contienda por el Senado en ese estado si el senador republicano Dan Sullivan pierde por un margen lo suficientemente estrecho como para que sea posible que otro candidato con un nombre similar, Daniel J. Sullivan, haya atraído a suficientes votantes confundidos como para costarle la victoria al senador. Alaska es un estado clave para las esperanzas de los demócratas de arrebatar el control del Senado.
La semana pasada, en California, el Departamento de Justicia de Trump intentó impedir que los funcionarios estatales contaran las papeletas de unas 20.000 personas que, según el Gobierno, podrían no ser ciudadanos.
Ambas demandas presentan problemas jurídicos graves y evidentes.
La demanda de Alaska sostiene que certificar a la demócrata Mary Peltola como ganadora, sin examinar si la confusión de los votantes le costó la elección al senador Sullivan, violaría las obligaciones de Alaska —bajo la Ley Nacional de Registro de Votantes— de “proteger la integridad del proceso electoral”.
Sin embargo, Derek Muller, profesor de la Facultad de Derecho de Notre Dame, escribió este viernes en el Election Law Blog que dicha ley no impone realmente tales “obligaciones” a un estado.
Rick Hasen, profesor de Derecho en la UCLA, declaró a CNN: “Si uno de mis estudiantes hubiera redactado la demanda de este caso, le habría puesto un suspenso. Es una vergüenza para el DOJ y es sumamente improbable que prospere”.
La demanda de California se considera igualmente improbable de prosperar. El Gobierno argumenta que puede impugnar la forma en que California ha gestionado el supuesto voto de no ciudadanos con base en la Cláusula de Supremacía de la Constitución, la cual establece que la ley federal prevalece cuando entra en conflicto con la ley estatal. Sin embargo, Muller y Hasen señalaron que no existe ninguna ley federal que dicte cómo deben verificar la ciudadanía los estados.
Además, hay otros aspectos que resultan, cuando menos, sorprendentes.
En Alaska, es muy poco probable que la presencia de Daniel J. Sullivan llegue a tener una repercusión real, debido al sistema de votación por orden de preferencia del estado: esto significa que cualquier votante confundido podría clasificar a ambos “Dan Sullivan” en su lista, y lo más probable es que su voto se contabilice a favor del senador. Además, a diferencia de Daniel J. Sullivan, el senador aparece en la boleta electoral identificado como titular del cargo y republicano.
Tampoco está nada claro cómo una investigación podría determinar cuántos votos perdió el senador Sullivan debido a la confusión de los electores.
Esta cuestión ya ha sido objeto de un amplio litigio judicial, y la Corte Suprema de Alaska dictaminó en junio que Daniel J. Sullivan cumplía los requisitos para figurar en la boleta.
Por tanto, parece tratarse, ante todo, de un intento de sembrar dudas en caso de que Peltola resulte ganadora.
Y luego está el hecho de que Trump afirma abiertamente haber ordenado al Departamento de Justicia presentar la demanda, lo cual conlleva evidentes implicaciones políticas para él. A estas alturas, esto no sorprende —es evidente que ha intervenido para que el Departamento de Justicia procese a sus adversarios políticos, por ejemplo—, pero todavía es sumamente problemático.
(Y no, nunca vimos nada parecido durante la gestión del Departamento de Justicia bajo Joe Biden).
En cuanto a la demanda de California, el secretario de Justicia, Todd Blanche, expresó su objeción el jueves cuando se le preguntó si el Gobierno estaba provocando un caos electoral con esta medida de última hora.
“Me desconcierta que, ante la evidencia de que hay decenas de miles —20.000— de votantes no elegibles que están recibiendo boletas electorales, no exista ninguna motivación, ni el más mínimo interés, por hacer algo al respecto”, señaló Blanche.
El problema es que el Gobierno lleva mucho tiempo dando falsas alarmas sobre el voto de personas que no son ciudadanas. Con frecuencia ha citado cifras que se desmoronaron por completo al ser examinadas.
Por ejemplo, afirmó que había hasta 16.000 no ciudadanos en el padrón electoral de Nevada. Más tarde, redujo drásticamente esa cifra a 185. Sin embargo, cuando Nevada investigó los casos, descubrió que los 185 eran ciudadanos.
Esta semana, un juez federal citó esos datos erróneos al paralizar partes de la investigación del Departamento de Seguridad Nacional sobre el supuesto voto de no ciudadanos en varios estados, incluida California.
El juez señaló que tales esfuerzos podrían terminar traduciéndose, en gran medida, en “injerencia o intimidación”.
Y ese es precisamente el punto clave. Una cosa es presentar demandas que abordan problemas legítimos, y otra muy distinta es emprender acciones con pocas probabilidades de éxito por motivos políticos o simplemente para ejercer presión.
Las elecciones de 2020 demostraron que las demandas no necesitan prosperar para tener repercusiones. Las numerosas afirmaciones descabelladas y falsas de Trump sobre un fraude electoral masivo enardecieron a sus seguidores; cientos de ellos atacaron el Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021, una vez que fracasaron las vías legales.
Incluso sin amenazas de un levantamiento violento, este tipo de iniciativas legales podría servir de pretexto para otras medidas extraordinarias relacionadas con las elecciones, una posibilidad que Trump ha mantenido abierta en repetidas ocasiones.
¿Qué sucede si los tribunales no intervienen para (supuestamente) impedir que los demócratas hagan trampas y ganen la contienda por el Senado en Alaska? ¿Qué pasa si no respaldan los esfuerzos del gobierno federal para evitar (supuestos) votos ilegales en California?
Piense en las acciones que un presidente podría llegar a justificar.
El jueves se le preguntó a Blanche si el Departamento de Justicia llegaría a intervenir en el proceso de certificación o intentaría impedir que los estados certificaran sus elecciones. No quiso descartarlo, pero sugirió que tal medida solo se tomaría en un “escenario catastrófico”.
Poco después, supimos que el Departamento de Justicia está efectivamente tomando medidas para impedir que un estado certifique sus elecciones —al menos de forma condicional— porque Trump así lo ordenó.
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