Tras un intento de inspeccionar el Centro de Detención de Otay Mesa en febrero, el condado publicó el lunes un informe público que detalla las condiciones de las instalaciones.
Según el informe, las condiciones durante la inspección se ajustaban en general a las normas estatales recomendadas para los centros de detención. Entre las deficiencias detectadas se encontraba el caso de una persona a la que no se le proporcionó un dispositivo médico necesario 18 meses después de su ingreso, así como la falta de vacunas en stock.
Otro motivo de gran preocupación fue la falta de respuesta del Departamento de Salud Pública del Condado para coordinar los casos relacionados con la tuberculosis. Dos casos de tuberculosis “no fueron reportados por el personal médico del centro, sino que se descubrieron a través de un proveedor externo que presta servicios de análisis médicos”. El centro permaneció sin responder durante varias semanas antes de cooperar finalmente con la investigación de la enfermedad contagiosa.
“La tuberculosis requiere una notificación inmediata y una respuesta coordinada para identificar a las personas expuestas, iniciar el tratamiento adecuado y prevenir una mayor transmisión”, dijo el Dr. Sayone Thihalolipavan, funcionario de salud pública del condado.
Afortunadamente, en este caso, el riesgo relacionado con los casos sospechosos era bajo, pero la falta de comunicación oportuna constituye una grave infracción del protocolo básico de salud pública y crea un riesgo inaceptable para los detenidos, el personal, los visitantes y la comunidad circundante. Lamentablemente, este problema también quedó documentado en el reciente informe del fiscal general sobre su inspección de 2025.
El intento inicial de los funcionarios del condado de inspeccionar el centro el 20 de febrero fue rechazado por CoreCivic, que operaba el Centro de Detención de Otay Mesa bajo un contrato con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, pero se realizó una visita de seguimiento tras la interposición de una demanda el 12 de junio.
El condado desconoce cuáles eran las condiciones de las instalaciones el 20 de febrero, cuando intentó realizar una inspección por primera vez.
“Durante meses, el gobierno federal y CoreCivic intentaron cerrar las puertas y ocultar lo que sucedía dentro del Centro de Detención de Otay Mesa”, dijo Terra Lawson-Remer, presidenta de la Junta de Supervisores del Condado.
“El condado de San Diego se convirtió en el primer condado de California en poner a prueba esta nueva ley de inspección en los tribunales, y ganamos. Hemos demostrado que los gobiernos locales no tienen por qué permanecer impasibles mientras los centros privados de detención de inmigrantes operan en secreto. Ahora que hemos documentado la realidad sobre el terreno, el trabajo no termina aquí. La supervisión no puede ser un hecho aislado. Nuestra delegación en el Congreso debe ser implacable y decidida en sus inspecciones de ahora en adelante para garantizar condiciones humanas, atención médica adecuada y rendición de cuentas para cada persona detenida”.
El condado presentó una demanda y un juez federal dictaminó que el Departamento de Salud Pública de San Diego tiene la autoridad para realizar una inspección de salud y seguridad del centro.
“El fallo ratifica la autoridad del condado para realizar estas inspecciones independientes con el fin de proteger a las personas en el centro e informar al público sobre las condiciones”, declaró el abogado del condado, Damon Brown. “El condado interpuso esta demanda contra los operadores del centro para hacer valer los derechos estatales y locales de inspeccionar los centros de detención federales”.
La resolución preliminar de junio de 2026 autorizó al condado a realizar esta inspección en espera de una resolución definitiva sobre el fondo del asunto. El condado continuará con sus acciones legales para obtener una sentencia definitiva que confirme su derecho a realizar futuras inspecciones.
En la fecha de junio, Thihalolipavan, la directora de Salud Ambiental del Condado de San Diego, Heather Buonomo, y dos consultores de la Comisión Nacional de Atención Médica Penitenciaria realizaron una inspección de ocho horas en las instalaciones. Inspeccionaron diversas áreas, revisaron las políticas y los procedimientos, conversaron con los detenidos y el personal, y consultaron los historiales médicos.
“Entre las personas detenidas en Otay Mesa se encuentran padres, madres y vecinos de familias de mi distrito”, declaró Paloma Aguirre, presidenta interina de la Junta de Supervisores. “Cuando empezaron a lanzar notas escritas a mano por encima de la valla pidiendo ayuda, fui a comprobar personalmente cómo los trataban. Tenía una autorización por escrito en mano, pero el gobierno federal me la denegó. No acepté esa respuesta. La presidenta Terra Lawson-Remer y yo demandamos al gobierno federal y ganamos”.
Las instalaciones fueron vendidas recientemente al gobierno federal, pero CoreCivic continúa operándolas.
“El condado no cree que la venta vaya a afectar a las inspecciones futuras porque la ley permite al condado inspeccionar ‘centros de detención privados’, que se definen como centros de detención ‘gestionados por una entidad privada, no gubernamental y con fines de lucro’ en virtud de un contrato con una entidad gubernamental”, se lee en un comunicado del condado.
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