Por Tierney Sneed, CNN
A estas alturas, faltando más de dos meses para las elecciones de mitad de mandato, está lejos de ser seguro que los demócratas recuperen el control del Congreso y su facultad de emitir citaciones oficiales. Sin embargo, el presidente Donald Trump ya está sentando las bases legales sobre cómo combatirá cualquier intento de los legisladores por investigarlo.
En un memorando del Departamento de Justicia y en diversos escritos judiciales, la administración Trump sostiene que el presidente puede mantener en secreto no solo las conversaciones que mantiene con sus asesores dentro de la Casa Blanca, sino que también pueden protegerse sus interacciones con personas ajenas al gobierno. La Casa Blanca también argumenta ante los tribunales que incluso revelar la identidad de quienes trabajaron en iniciativas políticas importantes vulneraría la confidencialidad presidencial a la que Trump tiene derecho. Asimismo, la administración ha adoptado la postura de que puede ignorar una ley de la época del caso Watergate que prohíbe la destrucción de documentos de la Casa Blanca.
Esta postura surge en un momento en que Trump, en su segundo mandato, ha dependido notablemente de un grupo de magnates empresariales, abogados del sector privado y viejos amigos para ayudar a definir su agenda.
“Ha habido una cantidad sin precedentes de interacción entre el Poder Ejecutivo —particularmente la Casa Blanca— y el sector privado, algo que el Congreso ha dejado claro que será objeto de supervisión”, señaló Jamie Bair, socia y directora del área de investigaciones parlamentarias del bufete de abogados Crowell & Moring.
Los demócratas del Congreso ya están investigando las interacciones de la administración con la FIFA, cómo los vínculos de Trump con la industria de las criptomonedas afectan a la política federal y otros ejemplos de maniobras empresariales de la familia Trump que, según los demócratas, podrían estar relacionadas con políticas gubernamentales.
Los opositores de Trump confían en que este no logrará imponer la versión más extrema de sus argumentos sobre el secreto oficial. No obstante, reconocen que el proceso para litigar estas cuestiones es lento y podría prolongarse más allá del 20 de enero de 2029, fecha en que dejará el cargo.
Los demócratas del Congreso siguen de cerca los argumentos legales de la administración Trump mientras planifican las diversas herramientas que tendrán a su disposición para contraatacar, incluidas medidas de presión que van más allá de exigir el cumplimiento de la ley en los tribunales.
“Existen consecuencias colaterales por incurrir en desacato, por negarse a entregar documentos y por escudarse en afirmaciones flagrantemente ilegales de privilegio ejecutivo”, declaró a CNN un alto asesor de la Cámara de Representantes, quien habló bajo condición de anonimato para poder expresarse abiertamente sobre la postura de los demócratas. Los demócratas creen que la amenaza de una reacción negativa por parte del público, los inversores, las autoridades estatales y las futuras administraciones incentivará a los líderes empresariales y a otras personas requeridas mediante citaciones oficiales a participar en las investigaciones de control parlamentario, aun cuando Trump alegue que el privilegio ejecutivo podría protegerlos.
“Las personas del sector privado se verán totalmente atrapadas en medio de esta situación”, afirmó Bair, quien realizó labores de supervisión legislativa para la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Pronosticó que los legisladores “harán que la situación sea lo más penosa posible” para cualquier empresa que no entregue los documentos solicitados por el Congreso.
“Mencionarán su nombre en televisión tantas veces como sea necesario hasta que la presión pública sea suficiente para lograr que cumplan”, señaló Bair.
La postura del presidente sobre el privilegio ejecutivo aplicable a asesores externos podría ponerse a prueba pronto, a raíz de un esfuerzo del Departamento de Justicia por bloquear una citación dirigida a Boris Epshteyn, un asesor legal de Trump que no trabaja para el gobierno, en un caso presentado por la Asociación de Abogados de Estados Unidos (ABA) para impugnar la campaña de presión de la administración sobre los bufetes de abogados.
En una carta enviada esta semana a la Casa Blanca, senadores demócratas encabezados por el representante de California Adam Schiff exigieron que la Casa Blanca informara qué otros asesores ajenos al gobierno considera que están cubiertos por el privilegio presidencial.
El privilegio ejecutivo, escribieron, “no es un escudo ilimitado diseñado para proteger a ciudadanos particulares, asesores informales y actores no gubernamentales de la supervisión del Congreso y de la rendición de cuentas ante el público”.
En un comunicado enviado a CNN, la Casa Blanca defendió sus posturas legales respecto a la ley de archivos y al privilegio ejecutivo.
“A lo largo de la historia, los presidentes han recurrido a asesores ajenos al poder ejecutivo. Limitar el privilegio ejecutivo únicamente a las comunicaciones con funcionarios del poder ejecutivo haría imposible que el presidente contara con importantes fuentes externas”, declaró la portavoz de la Casa Blanca Lauren Bis.
La Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia (DOJ), que brinda asesoramiento legal a agencias de todo el poder ejecutivo, tiene una larga tradición de promover interpretaciones amplias de los poderes y privilegios ejecutivos. No obstante, expertos legales, incluidos antiguos abogados gubernamentales de alto rango de administraciones de ambos partidos, sostienen que el DOJ exageró enormemente la jurisprudencia que respalda sus argumentos.
Dicha postura se pondrá a prueba próximamente en el caso de la Asociación de Abogados de Estados Unidos, aunque podría pasar mucho tiempo —meses o incluso años— antes de que la cuestión llegue a instancias judiciales superiores. Más allá de cómo funcione el argumento en la disputa sobre Epshteyn, la publicación de la opinión jurídica por parte del DOJ se interpretó como una señal de cómo respondería la administración ante los intentos de un Congreso demócrata de citar a personas y entidades ajenas al Gobierno para obtener información sobre sus tratos con la administración Trump. Históricamente, los legisladores han centrado sus esfuerzos de investigación de esa manera porque se considera que dichas personas no gozan de las mismas protecciones constitucionales que los miembros del poder ejecutivo, según Tara Ganapathy, quien ha trabajado en investigaciones del Congreso tanto como abogada de varios comités del Capitolio como dentro del poder ejecutivo, asesorando a agencias que fueron objeto de pesquisas legislativas.
Aunque los tribunales no respalden finalmente los argumentos de la administración, estos pueden servir como moneda de cambio para que dichas personas negocien con el Congreso el cumplimiento de las citaciones judiciales.
Existe “un gran valor procesal en contar con esta opinión de la OLC”, afirmó Ganapathy, actualmente abogada del bufete K&L Gates.
La semana pasada, la administración llevó aún más lejos sus argumentos sobre el privilegio ejecutivo. En el mismo caso de la ABA, la Casa Blanca comunicó al tribunal que Trump invocaba el privilegio para proteger la identidad de quienes le asesoraban sobre cómo articular su ofensiva contra los bufetes de abogados.
En los documentos judiciales, la Casa Blanca sostuvo que divulgar esos nombres “tendría un efecto disuasorio en las comunicaciones dentro de la Oficina Ejecutiva del Presidente, dificultando que este obtenga asesoramiento franco y explore alternativas con un grupo más amplio de asesores de alto nivel y sus equipos”.
Si bien la administración ha presentado dichas revelaciones como protegidas por el privilegio de las comunicaciones presidenciales —reconocido por los tribunales como amparado por la Constitución—, los expertos legales prevén que los jueces podrían inclinarse más a considerar tal alegato dentro del marco del privilegio del “proceso deliberativo”.
Dicho privilegio se sustenta en bases jurídicas mucho más frágiles, según Michael Bopp, director del grupo de práctica de investigaciones del Congreso del bufete Gibson Dunn, quien anteriormente desempeñó diversas funciones de investigación en la Cámara de Representantes y el Senado.
No obstante, si Trump emplea una estrategia similar para obstaculizar las investigaciones de los legisladores demócratas, “el Congreso no dispone de muchas herramientas para obligar a la administración a facilitar ese tipo de información, a menos que recurra a los tribunales, algo que se ha mostrado reticente a hacer”, señaló Bopp.
El Departamento de Justicia también está intentando eximir a Trump y a su equipo de la obligación de cumplir una ley de la época del Watergate que exige a la Casa Blanca conservar y entregar a los Archivos Nacionales los registros presidenciales al finalizar el mandato de Trump.
La disputa en torno a la Ley de Registros Presidenciales (PRA, por sus siglas en inglés) comenzó en abril con un memorando de la Oficina de Asesoría Jurídica que afirmaba que la ley era inconstitucional y que Trump ya no estaba obligado a cumplirla.
“La Ley de Registros Presidenciales es inconstitucional y supone una clara violación de la separación de poderes”, declaró a CNN Bis, portavoz de la Casa Blanca. “Durante más de 200 años, el presidente fue propietario de sus propios documentos y correspondencia”.
Lo que preocupa especialmente a los demócratas es que el extraordinario intento del Departamento de Justicia de anular la ley podría utilizarse para justificar la eliminación de comunicaciones enviadas a través de aplicaciones de mensajería no gubernamentales. (Tras el memorando del Departamento de Justicia, la Casa Blanca revisó su política de conservación de documentos para dar al personal mayor margen a la hora de eliminar ciertas comunicaciones por mensaje de texto. La Casa Blanca sostuvo que la política seguía ajustándose a la PRA, pero un juez federal discrepó).
Un tribunal federal de apelaciones está examinando actualmente el fallo del juez de distrito John Bates, quien rechazó los argumentos de la administración de que la PRA es inconstitucional; los alegatos orales están programados para octubre.
Si la Casa Blanca ya no estuviera obligada a conservar registros de sus actividades, la administración podría “mentir descaradamente sobre” lo que ocurría entre bastidores, afirmó Bair, y “no existirían registros contemporáneos que lo desmintieran”. La administración fundamenta sus objeciones a la ley en la idea de que dicha norma constituye un intento inconstitucional del Congreso de inmiscuirse en las operaciones de la Casa Blanca; un argumento que, de ser respaldado por los tribunales, podría tener repercusiones en otras disputas sobre la supervisión gubernamental.
En los escritos presentados ante el tribunal de apelaciones, quienes cuestionan los argumentos del Departamento de Justicia, incluidos más de 100 legisladores demócrata, han subrayado que la ley protege no solo el acceso del público y del Congreso a esos registros, sino también el acceso de futuros presidentes para comprender los procesos de toma de decisiones de sus predecesores.
“El perjuicio para el público se produce en el instante mismo en que la Casa Blanca destruye un registro oficial, independientemente de cuándo se perciba realmente el daño”, señalaron los legisladores.
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Trump defiende un secretismo cada vez más extremo en la Casa Blanca, dicen expertos News Channel 3-12.
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