Por Gabe Cohen y Fredreka Schouten, CNN
Exdirectivos de la Oficina del Censo, estadísticos y defensores del derecho al voto están expresando su preocupación por un inusual nuevo informe, sin firma, publicado en el sitio web de la agencia, que afirma que decenas de miles de personas que no son ciudadanas votaron en las elecciones presidenciales de 2020.
El presidente Donald Trump destacó los resultados este martes en Truth Social y dijo que la Oficina había demostrado que más de 24.000 personas que no son ciudadanas votaron ilegalmente en 2020, después de analizar 128 millones de registros individuales de votantes.
“¡GANÉ LAS ELECCIONES!”, escribió Trump, reiterando su afirmación sin pruebas de que un fraude generalizado le costó las elecciones de 2020. Predijo que la cifra “se dispararía” una vez que los analistas procesaran los 32 millones de registros de votantes restantes.
El secretario de Comercio, Howard Lutnick, cuyo departamento supervisa la Oficina del Censo, publicó posteriormente: “Es solo el comienzo”, y predijo que el próximo análisis “probablemente mostrará decenas de miles de votantes ilegales adicionales”.
Incluso si el informe fuera preciso, 24.000 votos representarían menos del 0,02% de los aproximadamente 160 millones de votos emitidos en 2020. Joe Biden ganó el voto popular nacional por más de 7 millones de votos.
Los hallazgos están muy por debajo de los márgenes de victoria de Biden en los estados donde la contienda fue más reñida:
Arizona: 1.100 supuestos votos de personas que no son ciudadanas; Biden ganó por 10.457 votos. Georgia: 400 supuestos votos de personas que no son ciudadanas; Biden ganó por 11.779 votos. Wisconsin: 500 supuestos votos de personas que no son ciudadanas; Biden ganó por 20.682 votos.El informe tampoco dice —ni puede decir— a qué candidatos apoyaron esos votantes, porque el voto es secreto.
Los cuestionados hallazgos se conocen en medio de una creciente preocupación por la presión política sobre la Oficina del Censo, que tradicionalmente ha estado dirigida por estadísticos de carrera y ha operado de manera independiente de la Casa Blanca.
A principios de este año, el Gobierno incorporó dentro de la Oficina del Censo a un grupo de analistas partidistas del America First Policy Institute, alineado con Trump, según tres exfuncionarios de la Oficina que trabajaron durante el Gobierno de Trump. AFPI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La Oficina del Censo, el Departamento de Comercio y la Casa Blanca no respondieron a una solicitud de comentarios.
El Gobierno ha intensificado sus esfuerzos para encontrar pruebas que respalden las afirmaciones que Trump ha sostenido durante años sobre un fraude electoral generalizado. En un discurso televisado en horario estelar el mes pasado, Trump citó una serie de documentos recientemente desclasificados para afirmar que el sistema electoral de EE.UU. tiene graves vulnerabilidades que dejan futuras elecciones expuestas a la interferencia extranjera y al voto generalizado de personas que no son ciudadanas.
El análisis de la Oficina del Censo comparó una base de datos comercial de votantes con registros federales del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), la Administración del Seguro Social, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional, según el documento publicado este martes.
Los datos comerciales procedían de Data-Clear, una empresa con sede en Virginia que recibió un contrato federal por US$ 649.500 en 2024 para obtener datos de registro de votantes, según registros federales.
Los analistas utilizaron el sistema de la Oficina del Censo para vincular los registros y buscaron votantes individuales que coincidieran con registros de personas que no son ciudadanas en las bases de datos del Gobierno federal.
El informe de este martes, denominado “análisis inicial”, generó de inmediato señales de alarma entre exfuncionarios de alto rango de la Oficina del Censo. Publicar un documento de este tipo sin identificar a sus autores o colaboradores es sumamente inusual, dijeron, y podría indicar que el personal de carrera fue apartado del proceso.
John M. Abowd, científico jefe de la Oficina entre 2016 y 2022, dijo a CNN que el hallazgo estadístico del informe es demasiado pequeño como para distinguirlo de los errores habituales que pueden producirse al cruzar registros y presentarlo como prueba concluyente de que personas que no son ciudadanas votaron.
Los sistemas de vinculación de registros pueden producir coincidencias falsas, incluso cuando están bien diseñados, dijo. Las 24.000 coincidencias correspondientes a personas que no son ciudadanas representan aproximadamente el 0,019% de los 128 millones de registros analizados.
“Ninguno de los investigadores profesionales que conocí o con los que trabajé en la Oficina del Censo habría hecho una afirmación de ese tipo a partir de ese estudio”, dijo Abowd. “Los investigadores profesionales habrían informado ese resultado y le habrían dado cierto contexto”.
Robert Santos, exdirector de la Oficina del Censo, quien ocupó el cargo desde 2022 hasta que renunció durante los primeros días del segundo mandato de Trump, describió la publicación como una evidente “apropiación por parte de la Casa Blanca”.
“Me sorprendió y consternó que un documento de este tipo —y me niego a llamarlo informe— apareciera en el sitio web de la Oficina del Censo”, dijo Santos a CNN. “Claramente es producto de analistas de la Casa Blanca y del Departamento de Comercio”.
Dijo que otra “falla grave” del análisis es que se basa en una premisa errónea: que los registros federales, estatales y locales son completamente precisos.
Los archivos de votantes suelen contener información desactualizada o incorrecta. Esos problemas podrían haber sido mayores durante la pandemia de covid-19, cuando las oficinas electorales enfrentaron cierres, escasez de personal y otras interrupciones.
“Hay muchas razones para creer que la calidad de los datos que se están utilizando es muy cuestionable, porque las condiciones no eran las habituales cuando se generaron esos datos”, dijo Santos a CNN.
Un análisis típico de la Oficina detallaría esas salvedades y limitaciones, dijeron los exfuncionarios. El documento de este martes no lo hizo.
El departamento de Lutnick ha asumido un papel cada vez mayor en los esfuerzos de Trump por detectar un supuesto fraude electoral y reformar las normas electorales federales. Lutnick estuvo junto a Trump en la Oficina Oval cuando el presidente firmó un decreto en marzo que ordenaba a su Gobierno recopilar listas de ciudadanía estado por estado y al Servicio Postal intensificar el escrutinio de los votos por correo.
El mes pasado, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo que estaba trabajando con Lutnick para utilizar los fondos federales como mecanismo de presión para que los estados adopten reformas electorales respaldadas por Trump.
“Eso significa que si estos estados quieren recibir una subvención y que se les reembolsen los gastos para llevar a cabo elecciones federales, tendrán que implementar medidas de seguridad”, dijo Mullin a periodistas.
El Gobierno ha recurrido cada vez más a bases de datos federales para reforzar su búsqueda de casos de votación por parte de personas que no son ciudadanas. El mes pasado, Mullin afirmó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) había revisado registros públicos de votantes y encontrado a más de 250.000 posibles personas que no son ciudadanas registradas para votar en Nueva Jersey, Nevada, California y Pennsylvania, una cifra que algunos funcionarios de esos estados cuestionaron y exigieron detalles sobre cómo la calculó el DHS.
“Es la misma historia de siempre: utilizar bases de datos defectuosas y métodos para generar una narrativa que le guste al presidente, pero que en realidad no se corresponde con la realidad”, dijo Andrew Walchuk, director de Políticas y asesor de Votación y Representación Justa de Common Cause, una organización no partidista que defiende el derecho al voto.
Walchuk calificó el más reciente informe de la Oficina del Censo como una “farsa” destinada a socavar la confianza en las elecciones.
La información sobre los votantes que Data-Clear obtuvo de los estados y proporcionó a la Oficina del Censo incluía fechas de nacimiento cuando estaban disponibles, pero no números del Seguro Social, dijo a CNN Carolyn Carlson, presidenta de Data-Clear.
Expertos cuestionaron si el análisis de esos datos contenía suficiente información específica sobre cada votante para evitar resultados falsos positivos.
El Departamento de Justicia del Gobierno de Trump ha demandado a 30 estados en un intento por obtener registros de votantes sin información censurada, incluidos números de licencias de conducir y números parciales del Seguro Social, pero los tribunales han rechazado reiteradamente esos intentos. Los estados que se enfrentan al Departamento de Justicia citan leyes federales y estatales de privacidad que, según afirman, protegen la información personal de los votantes.
Carlson dijo que la empresa no tuvo control ni participación en la forma en que la Oficina del Censo analizó los datos que proporcionó y remitió a la agencia las preguntas sobre los hallazgos del informe.
Michael McDonald, experto en elecciones de la Universidad de Florida, dijo que las cifras citadas en el informe de la Oficina del Censo probablemente incluyen a personas que en realidad son ciudadanas estadounidenses. “Debemos tratar estos 24.000 casos como señalamientos, no como una prueba definitiva de que se trate de personas que no son ciudadanas”, dijo.
“Los funcionarios electorales saben que hay problemas en los datos que pueden llevar a señalar a personas como si no fueran ciudadanas cuando, en realidad, sí lo son y pueden presentar pruebas de su ciudadanía”, dijo.
Por lo general, los funcionarios electorales locales se ponen en contacto con los votantes para darles la oportunidad de presentar pruebas de que cumplen los requisitos para permanecer en los registros electorales antes de eliminar sus nombres, añadió.
“Este supuesto análisis basado en datos del Censo no resiste el menor escrutinio”, dijo David Becker, exabogado del Departamento de Justicia que ahora dirige la organización sin fines de lucro Center for Election Innovation & Research. “Los datos del Censo no pueden cotejarse de manera fiable con los datos públicos de votantes, ya que carecen de identificadores únicos que permitan compararlos con esos registros públicos”.
Con información de Ethan Cohen, de CNN.
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