Los vendedores ambulantes han regresado en gran número a zonas de San Diego que durante años fueron designadas como áreas de “prohibición de venta”, incluidos el Gaslamp Quarter y las playas locales, mientras continúa en los tribunales una batalla legal sobre las normas municipales para el comercio ambulante.
El cambio se produce después de un fallo emitido el 22 de enero por la Corte de Apelaciones del Cuarto Distrito de California, que determinó que partes clave de la ordenanza de venta ambulante de San Diego entran en conflicto con la Ley de Venta Ambulante Segura (Safe Sidewalk Vending Act), legislación estatal aprobada en 2018 que despenalizó la venta ambulante en todo California.
La decisión judicial no anuló por completo la ordenanza municipal. En cambio, revocó una decisión previa que negaba una orden judicial preliminar y devolvió el caso a la Corte Superior de San Diego, donde el litigio sigue sin resolverse.
Larry Webb, presidente del Consejo Comunitario de Mission Beach y miembro de la Coalición Costera local —una alianza de asociaciones vecinales de comunidades costeras— dijo que, aunque el fallo no eliminó totalmente la ordenanza, sí limitó las acciones de cumplimiento.
“La ciudad puede hacer cumplir las normas en las zonas de playa; simplemente ya no puede confiscar carritos y cosas por el estilo”, señaló Webb. “Tiene que hacerse mediante procedimientos administrativos, no penales”.
El concejal de San Diego Joe La Cava, representante del Distrito 1, afirmó que “aunque la reciente decisión judicial no anuló la Ordenanza Municipal de Venta Ambulante, sí generó algunas limitaciones en su aplicación. La ciudad puede y seguirá haciendo cumplir la normativa en el Distrito 1, incluidas nuestras playas y parques costeros”.
La Cava aseguró que tomará “todas las medidas disponibles para evitar que nuestros vecindarios regresen a los días del ‘Viejo Oeste’ de un mercado sin regulación”.
Cómo comenzó la disputa legal
La batalla judicial se remonta a Imhotep Mustaqeem, quien vende botanas afuera de Petco Park desde 2009.
Después de que la ciudad le impusiera una infracción y confiscara su mercancía bajo la ordenanza de 2022, Mustaqeem presentó una demanda argumentando que las normas municipales entraban en conflicto con la Ley SB 946.
Inicialmente, un juez de la Corte Superior rechazó su solicitud de una orden judicial preliminar. Sin embargo, la Corte de Apelaciones coincidió con él al determinar que la ley estatal no permite que las ciudades confisquen equipos o mercancías de vendedores ambulantes ni que limiten sus horarios de operación de manera más estricta que los horarios de los negocios establecidos en la misma calle.
El caso sigue pendiente. La ciudad sostiene que la ordenanza continúa vigente.
El jueves, autoridades municipales emitieron un comunicado señalando que las “órdenes judiciales actualmente limitan la forma en que la ciudad puede hacer cumplir ciertas disposiciones mientras continúa el litigio”.
En la mayoría de las zonas, los agentes de policía aún pueden emitir multas administrativas, pero no pueden confiscar carritos ni mercancías. Una orden judicial independiente limita específicamente la aplicación de la normativa dentro del Ballpark District.
La ciudad indicó que continuará defendiendo la ordenanza en los tribunales mientras la aplica hasta donde la ley lo permite. Bajo la SB 946, las infracciones se castigan únicamente con multas, de hasta 100 dólares para una primera falta, sin consecuencias penales.
Críticas a la aplicación de la norma
William Dorsett, artista callejero de San Diego, demandó a la ciudad en 2024 por presuntamente violar sus derechos de libertad de expresión protegidos por la Primera Enmienda después de recibir una infracción por conducta desordenada. En abril obtuvo un acuerdo favorable por 450 mil dólares.
Dorsett ha criticado durante años lo que considera una persecución contra vendedores ambulantes y artistas callejeros.
“Mientras la ciudad exige que los ciudadanos obedezcan la ley, parece completamente incapaz de hacerse responsable cuando ella misma viola las leyes”, afirmó.
Según Dorsett, la ciudad “continúa aplicando las reglas de manera selectiva”.
“La ciudad necesita capacitar mejor a sus agentes encargados de hacer cumplir las normas porque siguen inventando reglas y aplicándolas a otras leyes. No existe rendición de cuentas y prácticamente no reciben capacitación sobre la Primera Enmienda más allá de lo básico”, aseguró.
También sostuvo que las autoridades municipales parecen negarse a acatar decisiones judiciales con las que no están de acuerdo y agregó que la ciudad se ha visto involucrada en múltiples demandas relacionadas con la venta ambulante.
Preocupación en comunidades costeras
Bob Evans, vicepresidente de La Jolla Parks & Beaches, Inc., organización comunitaria sin fines de lucro, dijo que apoya la venta ambulante en general, pero no en los parques, playas y malecones de San Diego.
Relató que una visita reciente a La Jolla Cove, cerca de Ellen Browning Scripps Park, le hizo sentir que regresaba al pasado, aunque no de manera positiva.
Según Evans, el parque estaba lleno de mesas de vendedores, lo que restaba valor a la belleza natural del lugar y afectaba las vistas panorámicas. También señaló que el estacionamiento, ya escaso en las zonas costeras, se ve directamente afectado.
“Apoyo la venta ambulante y el comercio en la vía pública, pero no en nuestros parques, playas o malecones; esos espacios son para el público”, dijo Evans.
“La venta debería realizarse en zonas seguras y legales de las aceras. No queremos que nuestras áreas de playa parezcan un mercado de pulgas ni que haya actividad comercial en los parques”.
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