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El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) avanza para compartir datos de licencias de conducir e identificaciones con una red externa, pese a las preocupaciones de defensores de los inmigrantes que temen que la información pueda exponer a personas a procesos de deportación.
La Legislatura de California autorizó ese intercambio de datos dentro del presupuesto estatal aprobado el lunes, junto con una medida adicional relacionada con el transporte que establece procedimientos especiales de supervisión para proteger la información.
El gobernador Gavin Newsom firmó el presupuesto y se espera que también apruebe la medida complementaria, negociada entre su administración y los legisladores.
Anteriormente, los legisladores se habían negado a aprobar el plan de intercambio de datos hasta que la semana pasada se incorporaron nuevas protecciones.
Lo que está en juego es significativo para más de un millón de inmigrantes que poseen licencias de conducir en California. El sistema registra los últimos cinco dígitos del número de Seguro Social de los conductores y utiliza el marcador “99999” para quienes no cuentan con uno. Los defensores temen que la incorporación de esa información a una base de datos nacional pueda exponer a californianos indocumentados a acciones de control migratorio federal y dijeron a CalMatters en abril que el plan representa “una traición”.
A principios de este año, la oficina del gobernador dijo a CalMatters que la cobertura de la disputa estaba “fabricando miedo y pánico con mentiras”.
El nuevo presupuesto estatal incluye 55 millones de dólares que el DMV utilizará para permitir el intercambio de registros de California con el Servicio de Verificación Estado a Estado (State-to-State Verification Service) y la base de datos SPEX, administrados por la organización sin fines de lucro American Association of Motor Vehicle Administrators (AAMVA).
Los funcionarios estatales han argumentado que el intercambio de datos es necesario para cumplir con la Ley Federal REAL ID. Advirtieron que, si California no participa, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos podría negarse a aceptar identificaciones estatales en los aeropuertos.
También sostienen que el sistema solo permite consultar un registro a la vez utilizando información proporcionada por el solicitante y que no es posible realizar búsquedas masivas.
La nueva legislación incorpora medidas adicionales para proteger a los inmigrantes de un posible uso indebido de la base de datos con fines de control migratorio federal. Entre ellas se encuentran solicitar al fiscal general del estado que demande a la organización sin fines de lucro que administra la base de datos nacional o a los estados participantes si incumplen las condiciones del intercambio; exigir informes públicos anuales sobre solicitudes de datos y patrones inusuales de uso; y ordenar al DMV elaborar un plan de monitoreo, cuyo borrador deberá presentarse en febrero de 2027 y la versión final en julio de 2027.
Asimismo, instruye al auditor estatal a evaluar el cumplimiento de las salvaguardas de intercambio de datos a partir de 2030.
“Las salvaguardas establecidas limitan la información compartida al mínimo necesario”, afirmó H.D. Palmer, portavoz del Departamento de Finanzas de Newsom.
Sin embargo, algunos defensores sostienen que las protecciones de supervisión no son suficientes.
“Las salvaguardas no impedirán que las autoridades federales u otras agencias estatales obtengan una orden que exija al sistema estado a estado recuperar y divulgar datos, incluso de forma masiva, y que además le prohíba revelar que eso ocurrió”, señaló Ed Hasbrouck, de la organización de libertades civiles Identity Project.
Ronald Coleman Baeza, en representación de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), agradeció el lunes a los legisladores estatales por “garantizar que existan salvaguardas” en torno al programa de intercambio de datos, pero también los instó a exigir una auditoría antes de 2030.
“Estamos decepcionados de que los números de Seguro Social sigan compartiéndose, pero apreciamos que habrá un plan de monitoreo, un proceso de participación de las partes interesadas y también mecanismos de cumplimiento y auditoría”, dijo. “Definitivamente queda más trabajo por hacer para garantizar que protejamos la información de los californianos en la base de datos de licencias de conducir”.
Representantes de ACLU Cal Action y del California Immigrant Policy Center también agradecieron a los legisladores por adoptar protecciones adicionales, aunque expresaron preocupación por el posible impacto que tendría para los inmigrantes indocumentados compartir información sensible con una entidad fuera del estado.
La senadora Laura Richardson, demócrata de Inglewood, cuestionó el plan de intercambio de datos a principios de este año. Durante una audiencia presupuestaria del Senado celebrada el lunes, manifestó su apoyo a las protecciones incluidas en la legislación de transporte.
También instó al auditor estatal a evaluar la actividad de intercambio de datos antes de 2030, “dada nuestra vulnerabilidad al tener esos datos disponibles”.
CalMatters es una organización periodística independiente y sin fines de lucro que ofrece a los californianos reportajes que investigan, explican y exploran soluciones para temas relacionados con la calidad de vida, al tiempo que exige rendición de cuentas a los líderes públicos.
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