Por Meridith Edwards y Whitney Wild, CNN
Los padres de Alex Pretti, un ciudadano estadounidense que murió tras recibir disparos de agentes de inmigración en Minneapolis en enero, acusan al Departamento de Justicia de violar sus derechos conforme a una ley federal de derechos de las víctimas, al tiempo que exigen transparencia y justicia por la muerte de su hijo.
En una carta enviada en julio al secretario de Justicia Todd Blanche —obtenida en exclusiva por CNN—, un abogado que representa a Michael y Susan Pretti escribió que no han recibido ninguna actualización sustancial por parte del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) sobre la investigación de la muerte de su hijo, y calificó de cruel la actitud del departamento ante el caso.
“El patrón de conducta del Gobierno no solo es inconcebible, sino ilegal”, señala la carta.
El documento añade que la familia Pretti se reunió con el fiscal federal para el Distrito de Minnesota, Dan Rosen, el 13 de julio; el mismo día en que la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, anunció en una conferencia de prensa que las autoridades federales habían entregado gran cantidad de pruebas relacionadas con el tiroteo en el que murió Pretti.
Sin embargo, la carta indica que, a pesar de que las autoridades locales reconocieron públicamente la existencia de un acuerdo para compartir pruebas, Rosen se negó a facilitar información e incluso se negó a confirmar el acuerdo.
“Es imposible expresar cómo la negativa del Gobierno a mantener una comunicación transparente con la familia Pretti ha agravado su dolor”, afirma la carta.
“Además, en cada una de estas negativas, el fiscal federal Rosen se negó incluso a explicar los fundamentos de su postura, limitándose a decir: ‘No puedo decírselo por todo tipo de razones’, sin ofrecer ni una sola de ellas”, según el texto.
CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia y con la oficina del fiscal federal para Minnesota.
Está previsto que los padres y el abogado de Pretti hablen ante los medios de comunicación el 27 de octubre en una conferencia de prensa a las 11:00 a.m. (hora del centro). Será su primera comparecencia pública desde la muerte del enfermero de cuidados intensivos, de 37 años.
La muerte de Pretti quedó registrada en su totalidad en video. Al igual que otros incidentes ocurridos como consecuencia de la política migratoria de la administración Trump, las imágenes del tiroteo de Pretti diferían de la versión de los hechos ofrecida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Kristi Noem, entonces secretaria del DHS, describió inicialmente a Pretti como un “terrorista” que “atacó” a los agentes tras “empuñar” un arma, aunque el video desmentía tales afirmaciones. Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, se refirió a Pretti como un “asesino” que intentó matar a agentes federales.
Las imágenes muestran, minutos antes del encuentro fatal con Pretti, a agentes de inmigración patrullando una calle de Minneapolis e interactuando con transeúntes. Un testigo, Nilson Barahona, dijo a CNN que los agentes intentaban detener a una persona que huyó hacia una tienda de donas; el establecimiento cerró sus puertas con llave, dejando al grupo de agentes federales en la acera y en la calle. Los agentes detuvieron a un observador mientras otras personas hacían sonar silbatos, gritaban y grababan videos con sus teléfonos.
El video muestra a Pretti intentando intervenir en un forcejeo entre un observador y los agentes.
Durante el incidente, Pretti recibió una descarga de gas pimienta en el rostro. En la grabación se escucha a uno de los agentes gritar: “¡Arma! ¡Arma! ¡Arma!”, mientras Pretti está arrodillado e inclinado hacia adelante. Un agente retiró el arma de la cintura de Pretti y se lo ve alejándose del altercado. Casi al mismo tiempo, otro agente desenfundó su arma reglamentaria.
Aproximadamente un segundo después de que el agente que sostenía el arma de Pretti se alejara, el agente que había desenfundado su propia arma pareció disparar varias veces contra Pretti, justo antes de que otro agente sacara su arma y se escuchara una detonación. Luego, el otro agente levantó su arma y efectuó más disparos. En el video se pueden escuchar al menos 10 disparos.
El informe del Departamento de Seguridad Nacional sobre la investigación inicial de la muerte de Pretti indica que un agente gritó “tiene un arma” en repetidas ocasiones antes de que los agentes abrieran fuego.
La muerte de Pretti se produjo tras el tiroteo mortal de Renee Good el 7 de enero y el tiroteo —en el que sobrevivió la víctima— de Julio Sosa-Celis el 14 de enero, ambos a manos de agentes de inmigración durante la Operación Metro Surge. Estos incidentes provocaron importantes protestas en Minneapolis y en todo el país durante semanas.
Los fiscales del condado de Hennepin han luchado durante meses contra el Departamento de Justicia para obtener pruebas clave sobre la muerte de Pretti, después de que las autoridades federales obstaculizaran repetidamente su acceso a dicha información.
El día en que Pretti fue abatido, la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota (BCA, por sus siglas en inglés) intentó acceder al lugar de los hechos para iniciar una investigación, pero las autoridades federales se lo impidieron. CNN estuvo presente al día siguiente, cuando la BCA logró acceder por primera vez a la escena gracias a una orden judicial emitida por un juez estatal.
Investigadores estatales y locales demandaron al Gobierno de Trump ante un tribunal federal para obtener pruebas sobre la muerte de Pretti. Tras concretarse en junio un acuerdo de intercambio de pruebas entre el DOJ y los investigadores de Minnesota, los fiscales del condado de Hennepin recibieron abundante material probatorio relacionado con el tiroteo.
Semanas más tarde, el DOJ cambió repentinamente de postura y dejó de compartir información, impidiendo a los fiscales del condado de Hennepin acceder a pruebas cruciales, como las armas utilizadas para disparar a Pretti y el arma de fuego que este llevaba en la cintura en el momento del altercado, según consta en los documentos judiciales presentados el 13 de octubre.
La carta de los padres de Pretti solicita al DOJ que identifique a los empleados federales que dispararon y mataron a Pretti, que se comprometa a compartir información con los investigadores estatales y locales, que confirme si el FBI sigue investigando el homicidio de Pretti y que devuelva cualquier objeto de propiedad personal de Pretti que ya no sea necesario a efectos probatorios.
“Ninguna familia debería tener que suplicar al Gobierno de Estados Unidos que haga su trabajo”, dice la carta. “Y ningún Gobierno debería actuar con tal arbitrariedad”.
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