Por Meg Tirrell, CNN
El intento fallido de ejecución de Christa Pike el miércoles por la noche en Tennessee no fue la primera vez que una inyección letal no salió según lo planeado.
Ni siquiera fue la primera vez que ocurrió este año en el estado de Tennessee.
“La incidencia de personas que sobreviven a las ejecuciones ciertamente ha aumentado a medida que los estados se enfrentan a más dificultades con la inyección letal”, afirmó Austin Sarat, profesor de jurisprudencia y ciencias políticas en Amherst College y autor de varios libros sobre la pena capital.
Durante la última década y media, las compañías farmacéuticas han restringido el uso de sus productos en ejecuciones y, desde hace aún más tiempo, importantes asociaciones médicas —incluidas la Asociación Médica Estadounidense y la Asociación de Enfermeras Estadounidenses— se han opuesto a la participación de sus miembros o la han prohibido.
El resultado es una “versión Frankenstein del modelo médico”, señaló Corinna Barrett Lain, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Richmond y autora del libro de 2025 “Secrets of the Killing State: the Untold Story of Lethal Injection”.
Se trata de “un procedimiento sumamente delicado y propenso a errores, realizado por personas sin la debida capacitación”, dijo Lain a CNN, en el que se utilizan “fármacos adquiridos en el mercado negro, de forma clandestina. Es una receta para el desastre desde el principio”.
Entre 1890 y 2010, aproximadamente el 7% de las ejecuciones por inyección letal resultaron fallidas, según datos de Sarat publicados por el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (Death Penalty Information Center). Una ejecución fallida es aquella que no se desarrolla según lo previsto, lo que provoca retrasos, dolor innecesario y, en ocasiones, desenlaces macabros. Esta cifra contrasta con una tasa del 3,2% para el conjunto de todos los métodos de ejecución.
Desde 2010, la tasa de fallos en las inyecciones letales ha ido en aumento, acercándose al 8% según Sarat, e incluye “una serie de casos de personas que”, al igual que Pike, “sobrevivieron a inyecciones letales”.
Sarat atribuye ese aumento a las “dificultades con los proveedores de fármacos”.
La inyección letal se desarrolló en 1977 en Oklahoma, cuando las autoridades buscaban alternativas que parecieran menos brutales que la horca, el fusilamiento, la cámara de gas y la silla eléctrica. Se utilizó por primera vez cinco años después en Texas. El protocolo consistía en la administración de un anestésico (tiopental sódico), seguido de bromuro de pancuronio (un agente paralizante) y, finalmente, cloruro de potasio para detener el corazón, todo ello en dosis mucho más elevadas de las que se utilizan habitualmente.
Las empresas farmacéuticas, que comercializan estos fármacos con fines médicos, se vieron presionadas en 2010 por Reprieve, un grupo de derechos humanos del Reino Unido que lideró una campaña para impedir que las compañías europeas exportaran medicamentos a Estados Unidos destinados a la pena capital.
Aunque al principio algunas se mostraron reticentes, argumentando que no podían controlar la distribución de sus productos una vez vendidos a proveedores estadounidenses y que los fármacos tenían usos médicos importantes, finalmente establecieron restricciones. El Reino Unido y Europa también implementaron controles a la exportación, y las compañías farmacéuticas estadounidenses acabaron siguiendo el mismo camino.
“Las empresas farmacéuticas empezaron a decir: ‘No queremos esta publicidad negativa’”, señaló Sarat.
Esto provocó una escasez de los productos utilizados para la inyección letal, lo que llevó a los estados a buscar suministros en otros lugares, incluidas las farmacias de formulación magistral, explicó Lain. Estas farmacias suelen elaborar medicamentos personalizados para pacientes, por ejemplo cuando estos presentan alergia a algún ingrediente de la versión fabricada por el laboratorio. No están reguladas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) de la misma manera que las empresas farmacéuticas tradicionales.
En 2015, a medida que los estados recurrían cada vez más a estas farmacias de formulación magistral, la Alliance for Pharmacy Compounding declaró que desaconsejaba la preparación de fármacos para inyecciones letales, aunque reconoció “el derecho de cada profesional a decidir si dispensa un medicamento basándose en sus propias convicciones personales, éticas y religiosas”.
El grupo no basó su postura en consideraciones morales, sino en la convicción de que debía haber un “debate nacional… sobre si un fabricante farmacéutico puede restringir el uso de productos aprobados por la FDA exclusivamente a fines que se ajusten a sus valores corporativos”. Lain señaló que se ha descubierto que algunas farmacias de formulación magistral que aceptaron suministrar fármacos para ejecuciones tienen historiales “horribles, simplemente horribles”. Asimismo indicó que, como consecuencia, los medicamentos suministrados para la inyección letal podrían tener una potencia inadecuada o haber sido almacenados de forma incorrecta, lo que también afectaría a su eficacia.
Incluso antes de que se llevara a cabo la primera ejecución por inyección letal, la Asociación Médica Estadounidense declaró que los médicos no debían participar en ella, y dicha prohibición se mantiene vigente en el Código de Ética Médica de la organización.
“La opinión de una persona sobre la pena capital es una decisión moral de carácter individual”, señala el código. “Sin embargo, como miembro de una profesión dedicada a preservar la vida cuando existe esperanza de lograrlo, un médico no debe participar en una ejecución legalmente autorizada”.
La Asociación de Enfermeros de Estados Unidos también ha sostenido, desde principios de la década de 1980, que “los enfermeros no deben asumir ningún papel en la ejecución de un recluso”, y en 2016 amplió su postura para oponerse a la pena capital en términos generales. Por su parte, la Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas manifestó en 2010 su “firme oposición a la participación de técnicos en emergencias médicas, paramédicos u otros profesionales de la atención médica de urgencia”.
La identidad de quién administra realmente los fármacos de la inyección letal suele mantenerse en secreto, al igual que muchos otros aspectos del proceso, señaló Lain. Puede existir lo que ella denominó un “equipo médico” encargado de colocar las vías intravenosas, pero “luego está el otro equipo, el que presiona las jeringas”.
En muchos lugares, esa tarea puede recaer en guardias penitenciarios sin formación médica, explicó Lain, quienes empujan el émbolo de las jeringas para administrar los fármacos desde “una antecámara a través de unos dos metros de tubo”.
Según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una de las causas más frecuentes de las inyecciones letales fallidas es la imposibilidad de canalizar la vía intravenosa.
Eso fue lo que ocurrió en mayo durante un intento fallido de ejecución anterior en Tennessee. La ejecución de Tony Carruthers se suspendió después de que los funcionarios tuvieran dificultades durante más de una hora para localizar una vena. El gobernador concedió a Carruthers un aplazamiento de un año.
El protocolo original de inyección letal de 1977 ha cambiado debido a problemas con el suministro de fármacos y a ejecuciones fallidas. A Pike, de 50 años y condenada a muerte por un asesinato cometido en 1995, se le administraron dos dosis de un único fármaco: pentobarbital, un sedante. Se encontraba en estado crítico y recibiendo atención médica vital, según informó su equipo legal el jueves por la tarde.
Aún no está claro por qué fracasó la ejecución. Lain señaló que pudo deberse a un error en la administración del fármaco —de modo que este pasó al tejido en lugar de a la vena—, a una falta de potencia del medicamento o simplemente a que “las personas reaccionan de manera diferente a los fármacos”, sumado al hecho de que se utilizó un solo medicamento en lugar de tres.
Ante los problemas que presenta la inyección letal, los estados han recurrido a métodos alternativos. Por su parte, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció en abril que ampliaría las modalidades de ejecución para incluir el fusilamiento. Alabama comenzó a utilizar la hipoxia por nitrógeno —un método de asfixia— en 2024.
“Estados Unidos lleva buscando desde finales del siglo XIX un método de ejecución que sea seguro, fiable y humano —afirmó Sarat—. No existe tal método”.
“Cuando decimos que no vamos a castigar a las personas de forma cruel, no nos referimos solo a ellas y a su sufrimiento —añadió Sarat—; se trata de nosotros y de quiénes queremos ser”.
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