Por Jeremy Herb y Tierney Sneed, CNN
El Tribunal Supremo de California desestimó los intentos de un sheriff de derecha de confiscar e investigar boletas electorales basándose en acusaciones desacreditadas de “discrepancias” en los votos. Esta batalla legal ha ayudado a los funcionarios electorales a prepararse para cualquier intento similar durante las elecciones de noviembre.
La incautación por parte del sheriff Chad Bianco en marzo de 650.000 papeletas de votación de las elecciones de 2025 del condado de Riverside, destinadas a un referéndum estatal de redistribución de distritos de gran repercusión, se produjo poco después de que el FBI ejecutara una orden de registro para obtener papeletas de votación de 2020 del condado de Fulton, Georgia, uno de los principales objetivos de las acusaciones de subversión electoral del presidente Donald Trump.
Aunque ambas investigaciones se refieren a elecciones que ya se habían celebrado, suscitaron temores de que agentes federales y locales intentaran confiscar papeletas electorales mientras aún se contaban y certificaban los votos de 2026, sobre todo porque Trump y sus aliados han planteado repetidamente acusaciones infundadas de fraude electoral generalizado.
Bianco, por ejemplo, se presentaba como candidato en California en unas primarias republicanas donde el respaldo de Trump aún estaba en juego.
“Los funcionarios electorales son planificadores. Por lo tanto, deben considerar posibilidades, incluso si no van a ocurrir, para estar preparados en caso de que sucedan”, dijo David Becker, exabogado de la sección electoral del Departamento de Justicia que ahora asesora a los administradores electorales de ambos partidos. “Están considerando posibilidades extremas que antes no se habrían planteado”.
La principal preocupación es cómo la entrega de esos materiales a los investigadores rompería la cadena de custodia, ya que las regulaciones estatales y locales imponen procedimientos estrictos para el manejo de las papeletas con el fin de mantener la confianza pública en los resultados electorales.
El Tribunal Supremo estatal escribió que “permitir que las fuerzas del orden tengan acceso sin restricciones a las papeletas de votación, o la capacidad de manipularlas y contarlas en secreto basándose en protocolos no regulados, crea en sí mismo un riesgo sustancial para la integridad de las elecciones”.
En los meses transcurridos desde esos dos incidentes, las autoridades estatales han instruido a los administradores electorales locales para que les avisen si las fuerzas del orden solicitan material electoral. Algunos estados incluso han promulgado leyes que exigen dicha notificación e imponen severas sanciones a quienes participen en la incautación ilegal de papeletas. Expertos en derecho electoral han intentado informar a los jueces sobre las particularidades de las papeletas al considerar órdenes judiciales y citaciones para la entrega de material electoral.
Justin Levitt, profesor de derecho en la Universidad de Loyola que ha trabajado en temas electorales para administraciones demócratas, predijo que la disputa en el condado de Riverside, y la “claridad” del nuevo fallo del tribunal estatal, tendrán repercusiones a nivel nacional.
“No creo que haya un magistrado [juez] en el país que no se lo piense dos veces antes de emitir una orden de registro relacionada con las elecciones”, dijo Levitt.
En un video en respuesta al fallo del Tribunal Supremo estatal que le ordenaba devolver las papeletas, Bianco argumentó que el tribunal había “fallado en contra de las investigaciones legales” y dijo que estaba explorando opciones para apelar ante los tribunales federales.
Bianco argumentó que su investigación de las boletas estaba justificada porque se le presentaron pruebas de un posible delito, y afirmó que la decisión del tribunal había socavado la confianza pública en las elecciones.
“Cuando se presentan pruebas razonables ante las fuerzas del orden y los tribunales archivan investigaciones legales, ¿cómo se puede esperar que la gente confíe en nuestros sistemas?”, preguntó Bianco.
La incautación realizada por el FBI en el condado de Fulton en enero ya había alertado a los funcionarios electorales de que el Gobierno federal, al que Trump había dado instrucciones tras sus falsas acusaciones de fraude electoral en 2020 para que priorizara las investigaciones electorales, estaba dispuesto a tomar medidas sin precedentes para investigar las elecciones.
Pero la orden judicial del condado de Riverside puso de manifiesto un nuevo riesgo: que las fuerzas del orden locales intentaran confiscar las papeletas de votación para sus propias investigaciones con tintes políticos sobre las elecciones.
La oficina del sheriff preparó un plan para que los investigadores contaran las papeletas. El abogado de Bianco declaró a CNN en marzo que su oficina había consultado con “expertos” y revisado “protocolos” al diseñar los procedimientos, pero se negó a dar más detalles.
Cuando el fiscal general de California, Rob Bonta, demócrata, se enteró de la orden judicial, le ordenó a Bianco que detuviera la operación mientras la fiscalía estatal examinaba el asunto con detenimiento. Cuando el sheriff confiscó las papeletas de todos modos, Bonta lo llevó a los tribunales. Las sentencias emitidas por la Corte Suprema de California (además del caso de Bonta, los votantes del condado presentaron su propia impugnación a la incautación) dictaminaron que Bianco infringió la ley al ignorar las directivas del fiscal general y concluyeron que la incautación fue ilegal.
Esta opinión sienta un precedente claro sobre cómo deben actuar los tribunales inferiores de California si surgen problemas similares en el futuro. Sin embargo, no será vinculante para los tribunales de otros estados, y las leyes que estos consideren al revisar las incautaciones de votos serán diferentes de las leyes californianas que dieron lugar al fallo del jueves.
Sin embargo, funcionarios de otros estados y los expertos legales que los asesoran declararon a CNN que un aspecto positivo del episodio fue que la táctica se puso a prueba en California, un estado dispuesto a actuar con firmeza en los tribunales para impedirla. La oficina de Bonta también ha desempeñado un papel protagónico en el litigio sobre los intentos de Trump de interferir en la administración electoral y afirmó que está en conversaciones con otros estados de cara a las elecciones de mitad de mandato.
“Este es el momento de compartir las mejores prácticas para identificar las amenazas y los riesgos para nuestro sistema electoral democrático compartido, y de estar preparados, más allá de las fronteras estatales, para lo que pueda suceder a continuación”, dijo Bonta en una conferencia de prensa esta semana.
Tras las incautaciones en Riverside, la legislatura de California aprobó leyes para restringir explícitamente las circunstancias en las que las fuerzas del orden pueden obtener papeletas de votación e imponer sanciones penales a cualquier persona involucrada en un intento ilegal de sustraer papeletas de votación de la custodia de los funcionarios electorales.
Las nuevas leyes en California, así como en Connecticut, también exigen que las jurisdicciones locales notifiquen rápidamente a los funcionarios estatales si tienen conocimiento de órdenes de registro u otras acciones policiales dirigidas a material electoral. Los funcionarios estatales han emitido directrices sobre cómo gestionar las solicitudes de los investigadores para obtener las papeletas de votación y han mantenido conversaciones con las fuerzas del orden sobre la información confidencial relacionada con la investigación electoral.
Los funcionarios electorales están “trabajando con el fiscal general de su estado, con los fiscales de los condados y con los fiscales de las ciudades para asegurarse de que todos entiendan quién tiene realmente autoridad y acceso a cualquier parte de los procedimientos y procesos electorales”, dijo Tammy Patrick, exfuncionaria electoral del condado de Maricopa, Arizona, quien ahora es la directora de programas de la Asociación Nacional de Funcionarios Electorales.
Concientizar a los jueces sobre la delicadeza del asunto también ha sido parte del esfuerzo. Con la colaboración de otros expertos en derecho electoral y exjueces, Richard Hasen, profesor de derecho electoral en la Universidad de California en Los Ángeles, publicó un informe que busca orientar a los jueces sobre cómo evaluar las solicitudes de las fuerzas del orden para obtener papeletas de votación. Entre sus recomendaciones, se incluye que los jueces consideren otorgar a los investigadores acceso a copias de las papeletas, en lugar de a las papeletas mismas, para mantener la cadena de custodia.
Becker afirmó que la reacción ante los episodios de Georgia y Riverside podría hacer reflexionar a otros que quisieran replicar incautaciones de papeletas similares en otros lugares.
“Creo que es casi imposible que volvamos a ver algo así, sobre todo en el contexto postelectoral, a pesar de que los funcionarios electorales se están asegurando de estar preparados”, dijo Becker.
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