Por Gloria Pazmino, CNN
Nueva York y otros 21 estados están demandando a la administración Trump para bloquear una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional que otorgaría a los funcionarios de inmigración mayor discrecionalidad para denegar tarjetas de residencia (green cards), visas o la entrada a Estados Unidos, al determinar si los solicitantes podrían llegar a depender de ayudas gubernamentales.
El cambio en la norma, cuya entrada en vigor está prevista para el viernes, probablemente dificultaría que muchos inmigrantes obtengan la residencia permanente si utilizan —o se considera probable que necesiten— beneficios públicos como cupones de alimentos, Medicaid o vales de vivienda.
Se espera que la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani —quien lidera una coalición de ciudades que presenta una demanda similar— anuncien la acción legal durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento el lunes, según informó la oficina de James.
Los estados, cuya demanda también incluye al Distrito de Columbia, argumentan que perderían miles de millones de dólares en fondos federales si los inmigrantes —particularmente las familias de estatus migratorio mixto— se dan de baja de los programas por temor a consecuencias migratorias.
La demanda se refiere a los cambios pendientes en lo que se conoce como la norma de “carga pública” (public charge), una disposición de la ley de inmigración de EE.UU. que permite al gobierno denegar una visa o tarjeta de residencia a alguien que, según determina, probablemente dependerá de la asistencia gubernamental.
Históricamente, los funcionarios de inmigración solo contabilizaban los beneficios en efectivo —como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o el Ingreso de Seguridad Suplementario de la Seguridad Social— en sus evaluaciones. Sin embargo, el cambio pendiente de la administración Trump no especifica qué programas de red de seguridad deben considerarse, lo que significa que también podrían incluirse beneficios no monetarios como Medicaid y vales de vivienda.
“Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por temor a que solicitar asistencia provoque su deportación”, afirmó James en un comunicado. “Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura de atención médica y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legalmente”.
La norma se centra en personas que ya tienen un estatus legal en EE. UU. Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir beneficios públicos.
La demanda presentada por James en nombre de Nueva York argumenta que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está excediendo su autoridad, ya que el Congreso no aprobó una interpretación más amplia de lo que significa ser una “carga pública”. El estado, junto con otros demandantes, también sostendrá que la nueva norma es “arbitraria y caprichosa”, y que el DHS ignoró las consecuencias perjudiciales del cambio y no lo justificó adecuadamente.
La demanda de los estados, presentada el lunes por la mañana en el Distrito Sur de Nueva York, no busca una indemnización económica por parte del gobierno federal; más bien, solicita al tribunal que bloquee la norma, la invalide y prohíba al DHS aplicarla.
CNN se ha puesto en contacto con el DHS para solicitar comentarios.
La disposición sobre la carga pública se remonta a la Ley de Inmigración de 1882. En aquel entonces, los legisladores federales querían asegurarse de que los inmigrantes pudieran valerse por sí mismos y no se convirtieran en una carga para el erario público. Durante años, los funcionarios de inmigración solo contabilizaban los beneficios en efectivo.
En 2020, la primera administración de Trump amplió las categorías de programas de beneficios que podían tomarse en cuenta, incluyendo Medicaid, los cupones de alimentos y los vales de vivienda. Sin embargo, en 2022, la administración Biden publicó una norma que excluía nuevamente los beneficios no monetarios de dicha evaluación, retomando en gran medida la práctica establecida desde hacía mucho tiempo.
La nueva norma que entra en vigor esta semana revocaría la regla establecida durante la administración Biden. Es más amplia que la de la primera administración Trump, ya que no especifica qué redes de seguridad social deben tenerse en cuenta, limitándose a señalar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “considerará la recepción de cualquier beneficio público sujeto a pruebas de recursos económicos”.
Asimismo, la nueva norma permitiría a los agentes de inmigración tomar en cuenta los beneficios gubernamentales solicitados en nombre de familiares, incluidos los hijos que son ciudadanos estadounidenses, según declaró en julio a CNN Maddie Geschu, directora de políticas y defensa de la Coalición para la Protección de Familias Inmigrantes (Protecting Immigrant Families Coalition).
Se prevé que el cambio afecte de manera desproporcionada a ciudades con grandes poblaciones inmigrantes, como Nueva York, que dependen en gran medida de los fondos federales. Según un comunicado de prensa, se espera que Mamdani anuncie el lunes que varios gobiernos locales —entre ellos Chicago, San Francisco, Seattle, el condado de Santa Clara en California y el condado de King en Washington— también presentarán una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
“La nueva norma sobre la ‘carga pública’ busca alejar a las familias inmigrantes de los programas que han mantenido a la gente alimentada y sana durante décadas. Los neoyorquinos tendrán miedo de acudir al médico o de pedir la ayuda a la que tienen derecho legalmente”, afirmó Mamdani en el comunicado. “Ese miedo no se limitará a las familias a las que apunta el gobierno federal. Las familias que siguen siendo plenamente elegibles para recibir beneficios sentirán un efecto disuasorio, y todos los neoyorquinos pagarán las consecuencias”.
Los estados que presentan la demanda afirman que ellos asumirán el costo de la política; citan específicamente el riesgo de perder fondos federales a medida que la gente abandona los programas, mientras las agencias públicas enfrentan mayores costos al tratar de gestionar la confusión y el temor. Si las familias dejan de utilizar beneficios a los que tienen derecho legal —como atención médica, asistencia alimentaria y almuerzos escolares—, los estados argumentan que dichas repercusiones podrían extenderse a la salud pública, las economías locales, las escuelas y la seguridad pública.
Los documentos judiciales señalan que Nueva York es particularmente vulnerable debido a su gran población inmigrante, sus amplios programas de beneficios públicos, los programas de comidas escolares universales y la dependencia del estado de los fondos federales de Medicaid y SNAP.
“Los demandados estiman que, a nivel nacional, los estados perderán aproximadamente 4.050 millones de dólares en transferencias anuales del gobierno federal destinadas únicamente a los programas estatales de Medicaid y CHIP”, indica la demanda. “De ese total nacional, los estados demandantes podrían perder cerca de 2.200 millones de dólares debido a la reducción de los pagos federales”.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes llevan tiempo advirtiendo que esta política podría resultar perjudicial para cientos de miles de familias inmigrantes, especialmente para aquellas de estatus migratorio mixto con hijos ciudadanos estadounidenses, quienes podrían optar por no participar en programas o no solicitar beneficios a los que tienen derecho por temor a poner en peligro sus trámites migratorios.
Además de Nueva York y el Distrito de Columbia, los demandantes que participan en la demanda de los estados son: California, Illinois, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nevada, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin.
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Con información de Tami Luhby, de CNN.
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