Por Michael Williams, CNN
A menos de dos meses de las elecciones de mitad de mandato de este año, crece entre los demócratas la preocupación por la posibilidad de que el presidente Donald Trump despliegue agentes federales de inmigración o militares en los centros de votación.
Los mensajes del Gobierno de Trump sobre esa posibilidad han sido contradictorios. Mientras algunos, como el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, han descartado en gran medida la posibilidad de un despliegue en los centros de votación, otros han dejado abierta la posibilidad de que haya militares o agentes en esos lugares bajo circunstancias específicas o de emergencia, pese a las leyes federales que prohíben ese tipo de actividad.
El propio Trump no se ha comprometido en un sentido u otro. Aunque no ha dicho explícitamente que tomaría esta medida, varias de sus acciones y comentarios anteriores han preocupado a quienes creen que podría excederse en el ejercicio de su autoridad, o que la amenaza implícita podría ser suficiente para mantener a algunas personas alejadas de los centros de votación.
“Si hay alguien en el Gobierno lo suficientemente insensato como para ordenar que estén allí, eso será detenido de inmediato”, dijo David Becker, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Center for Election Innovation & Research.
“Los estados están preparados; acudirán a los tribunales”, dijo. “Pero puede que haya miembros del Gobierno, y quizá incluso el propio presidente, que quieran infundir en algunos votantes el temor de que eso pueda ocurrir y lograr que ellos mismos decidan no presentarse, en lugar de tener que tomarse la molestia de intentar impedir físicamente que voten”.
Esto es lo que han dicho altos funcionarios del Gobierno o de las fuerzas armadas sobre la posibilidad de enviar militares o agentes federales a los centros de votación:
La preocupación por la posibilidad de que las autoridades de inmigración sean enviadas a centros de votación se debe en parte a la decisión que tomó a principios de este año el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, de desplegar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en aeropuertos durante un cierre del Gobierno. Aunque desde hace tiempo las autoridades de inmigración tienen presencia y hacen cumplir las leyes migratorias en los aeropuertos, el despliegue a gran escala de agentes de ICE para ayudar con la seguridad y las filas fue algo nuevo.
También generó preocupación sobre si los centros de votación podrían ser los siguientes, especialmente ante la campaña más amplia del Gobierno contra lo que afirma —sin pruebas— que es un fraude electoral generalizado cometido por inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país.
“Todas estas son herramientas de cómo el presidente está tratando de pensar en un plan mucho más amplio, que consiste en que, si no puedes mantenerte en el poder mediante elecciones democráticas, entonces modificas las elecciones democráticas”, dijo a CNN en marzo el gobernador de Maryland, Wes Moore, demócrata.
Cuando periodistas le preguntaron la semana pasada si agentes de ICE podrían ser enviados a centros de votación en noviembre, Mullin dejó abierta la posibilidad de que así fuera bajo circunstancias específicas.
“La única razón por la que estaríamos en centros de votación sería si existe una amenaza contra ese centro de votación o si estamos ejecutando una orden judicial contra alguien a quien hemos estado buscando activamente”, dijo Mullin. Más tarde agregó: “Si estamos ejecutando una orden judicial, estaremos donde tengamos que estar”.
Pero la ley federal prohíbe enviar “militares u hombres armados” a “cualquier lugar donde se celebre una elección general o especial”. Se contempla una excepción cuando están ejerciendo su derecho al voto.
“Espero que alguien en su oficina le haya informado sobre el artículo 592 del Título 18 del Código de EE.UU.”, dijo Becker. “Eso es ilegal, y cualquiera que ordene a alguien hacer eso está cometiendo un delito federal”.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado este viernes que ICE “no está planeando operativos dirigidos a centros de votación”. Pero el portavoz agregó que ciertos agentes, “si son requeridos” por las fuerzas del orden locales, podrían estar preparados para “responder rápidamente a un incidente si fuera necesario”.
Los comentarios de Mullin esta semana coinciden con una respuesta que dio a una pregunta similar durante su audiencia de confirmación. “La única razón por la que mis agentes estarían allí sería si hubiera una amenaza específica que requiriera su presencia, no para intimidar”, dijo en marzo.
Caine ha negado que existan planes para desplegar militares en servicio activo de EE.UU. en centros de votación en noviembre.
En una carta en respuesta a la senadora Elissa Slotkin, demócrata de Michigan que pidió a los líderes militares que se comprometieran a no enviar militares a los centros de votación, Caine escribió que las fuerzas armadas “no tienen planes” de enviar personal militar federal ni miembros de la Guardia Nacional bajo control federal a los lugares de votación.
“Del mismo modo, la Fuerza Conjunta no tiene planes de utilizar a ese personal para incautar papeletas, máquinas de votación u otro material relacionado con las elecciones”, escribió Caine, el oficial militar de más alto rango del país.
Trump no ha detallado específicamente ningún plan para desplegar militares o agentes federales en los centros de votación este año. Pero el presidente ha cuestionado constantemente los resultados de elecciones que perdió o en las que a su partido le fue mal, y ha hecho varias propuestas o intentos para ejercer control federal sobre las elecciones o socavar la confianza de los votantes en su seguridad y fiabilidad.
En enero, el FBI allanó la oficina electoral del condado de Fulton, Georgia, un estado que había sido el centro de las falsas afirmaciones de Trump sobre fraude en las elecciones de 2020 y donde el presidente y sus aliados intentaron anteriormente revertir los resultados. El allanamiento se derivó de una investigación sobre denuncias de fraude electoral en las elecciones de 2020.
Tulsi Gabbard, entonces directora de Inteligencia Nacional, estuvo presente durante el allanamiento, y su presencia generó controversia dado que sus funciones habituales consistían en coordinar operaciones de inteligencia en el extranjero y no labores policiales dentro del país.
Días después de ese allanamiento, Trump pidió a los republicanos “nacionalizar” las futuras elecciones federales. Eso iría en contra de disposiciones de la Constitución que otorgan a los estados, y no al Gobierno federal, el control principal sobre sus propias elecciones.
Después de perder las elecciones de 2020, algunos asesores de Trump lo instaron a recurrir a las fuerzas armadas para incautar máquinas de votación. Trump dijo a The New York Times en una entrevista a principios de este año que lamentaba no haberlo hecho.
El presidente también firmó dos decretos destinados a reforzar los requisitos de prueba de ciudadanía para votar y a limitar el voto por correo. El primero fue bloqueado de forma permanente, mientras que el Gobierno está pidiendo a la Corte Suprema que revise el segundo.
El Departamento de Justicia también ha intentado llevar a cabo una campaña a escala nacional para obtener los datos de los registros de votantes de los estados. Esos esfuerzos han sido bloqueados sistemáticamente por jueces.
Trump se negó a descartar el envío de miembros de la Guardia Nacional o agentes federales a los centros de votación cuando se le preguntó al respecto a principios de este año. Dijo que haría “todo lo necesario para asegurarnos de que tengamos elecciones honestas”.
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¿Enviará el Gobierno de Trump agentes federales o militares a los centros de votación? Estas son las claves News Channel 3-12.
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