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La costa de California se extiende por más de 800 millas a lo largo del océano Pacífico, entre México y Oregón, con más de 1,500 puntos de acceso público que conducen a acantilados escarpados y playas de arena ideales para pescar, surfear, nadar o simplemente disfrutar del mar.
Pero el acceso a este recurso natural en California, suele depender de factores como la raza, el género, la ubicación geográfica y la situación socioeconómica, según un nuevo estudio.
“Las barreras persistentes impiden que algunas de las comunidades más vulnerables y marginadas de California lleguen a la costa”, afirmó Timothy Frawley, autor principal del estudio y científico de proyectos en el Programa Colaborativo de Pesquerías de la Universidad de California en Santa Cruz.
Aunque la legislación californiana protege el derecho del público a acceder a la costa, un equipo encabezado por investigadores de UC Santa Cruz encontró obstáculos significativos para lograr un acceso y disfrute equitativos del litoral estatal.
Según el estudio, las personas históricamente marginadas y de menores ingresos enfrentan barreras físicas, económicas y de otra índole que no sólo dificultan el acceso al océano, sino que también limitan los beneficios que obtienen de él.
La investigación coincide con el 50.º aniversario de la Ley Costera de California (California Coastal Act), que consagró el derecho público de acceso al océano y buscó maximizar las oportunidades para que todos disfrutaran de los beneficios de la costa. Sin embargo, décadas de exclusión, tanto formal como informal, han impedido alcanzar una verdadera igualdad.
“El derecho legal a entrar en un lugar y la capacidad de beneficiarse de él no son lo mismo”, explicó Frawley. “El hecho de que puedas llegar allí no significa que realmente vayas a hacerlo”.
Expertos señalan que este problema va más allá de California, un estado frecuentemente considerado líder en gobernanza costera.
“Existe una versión de esto en los 35 estados y territorios que tienen costa”, dijo Angelo Villagomez, investigador principal del Center for American Progress especializado en justicia ambiental y que no participó en el estudio. “Nuestras playas siguen segregadas, pero ya no mediante la ley”.
Aunque los esfuerzos estatales, regionales y nacionales para ampliar el acceso han logrado avances en los últimos años, investigadores como Villagomez sostienen que todavía queda mucho por hacer.
“El trabajo no termina cuando se crea la infraestructura de políticas públicas”, afirmó.
Cómo se realizó el estudio
Para comprender mejor cómo interactúan los californianos con la costa, los investigadores encuestaron a casi 1,700 personas tanto en línea como de forma presencial.
Desde San Francisco hasta Ventura, reclutaron participantes en espacios comunitarios como lavanderías automáticas y eventos vecinales para obtener una muestra representativa de la diversidad del estado. Posteriormente realizaron talleres comunitarios para interpretar los datos y desarrollar recomendaciones de políticas públicas.
La encuesta preguntó sobre obstáculos en cuatro categorías:
Sociales. Personales. Físicos y ambientales. De conocimiento e información.Entre los problemas identificados figuraban cuestiones prácticas, como la falta de transporte público o instalaciones de playa mal mantenidas, así como desafíos subjetivos, como sentirse excluido o inseguro.
Los investigadores descubrieron que quienes pasan más tiempo en el océano tienden a ser personas blancas, mientras que quienes menos lo hacen suelen vivir en comunidades vulnerables y deben recorrer mayores distancias para llegar a la costa.
Incluso una vez en la playa, la forma de disfrutar el océano variaba considerablemente. Actividades como la pesca, el surf, el buceo y la natación eran más frecuentes entre participantes blancos y de mayores ingresos.
Los encuestados afroamericanos y asiático-estadounidenses reportaron obstáculos importantes, especialmente barreras personales y relacionadas con el conocimiento, como los costos asociados y la falta de información sobre normas y regulaciones en distintas playas.
Las mujeres también reportaron una menor participación en actividades como la pesca y el surf.
Frawley señaló que estas diferencias son evidentes al recorrer la costa.
La Playa Estatal Asilomar, cercana a la próspera comunidad de Pacific Grove, cuenta con senderos bien mantenidos, pasarelas y personal constante de parques, según un comunicado de UC Santa Cruz.
En contraste, Salinas River State Beach, ubicada a apenas media hora y más cercana a zonas agrícolas y comunidades migrantes, suele presentar mala calidad del agua y botes de basura desbordados.
Una historia de exclusión
Los autores sostienen que estas disparidades no reflejan una falta de interés por parte de las comunidades afectadas, sino barreras estructurales derivadas de “historias racializadas” que han convertido la costa en un espacio hostil para muchos grupos marginados.
Los investigadores rastrean estas desigualdades desde el desplazamiento de pueblos indígenas que habitaban la costa durante el siglo XIX, pasando por las políticas de segregación residencial, convenios restrictivos y playas segregadas del siglo XX que limitaban legalmente el acceso y la propiedad costera para personas de color.
Esta historia está ampliamente documentada.
Un análisis de 2005 elaborado por la organización The City Project detalló cómo las personas de color fueron excluidas de las playas públicas de California durante gran parte del siglo XX, frecuentemente mediante intimidación y violencia.
Algunas comunidades costeras históricamente afroamericanas fueron destruidas, con terrenos confiscados y viviendas incendiadas por comunidades vecinas predominantemente blancas.
El informe también describió múltiples estrategias utilizadas por residentes adinerados para preservar la exclusividad de las playas, incluyendo restricciones al transporte público y el cierre de accesos.
Los intentos de limitar el acceso público han continuado en este siglo.
Algunos propietarios han recurrido a los tribunales para impugnar requisitos de acceso público, contratado seguridad privada o incluso, en el caso de un vecindario de Malibú, sido acusados de retirar arena de una playa pública.
“Las políticas públicas sin personas son sólo papel”, afirmó Marce Gutiérrez-Graudiņš, directora ejecutiva de Azul, una organización latina dedicada a la conservación oceánica.
“Existe una desconexión entre el mundo de las políticas públicas y la gente común, y lamentablemente eso agrava los problemas de quienes más se ven afectados”.
Gutiérrez-Graudiņš explicó que su organización llegó a distribuir tarjetas informativas en español sobre los derechos garantizados por la Ley Costera para que quienes visitan las playas se sintieran más seguros al ejercerlos.
Sin embargo, añadió que las comunidades históricamente excluidas siguen teniendo dificultades para impulsar mejoras o participar en conversaciones sobre gestión costera.
“Si no identificamos quién falta, por qué falta y cuáles son sus necesidades, corremos el riesgo de no sólo posponer el problema, sino de enterrarlo por completo”, dijo.
Acceso desigual a los beneficios de la “mente azul”
Como parte de la encuesta, los investigadores también preguntaron qué beneficios obtenían los californianos al pasar tiempo en la costa.
Analizaron beneficios materiales, como alimentación, ingresos y salud física, así como otros más difíciles de medir, como identidad cultural, sentido de comunidad y bienestar mental.
Un creciente cuerpo de investigaciones ha demostrado que pasar tiempo en ambientes marinos está asociado con mejor salud mental, reducción del estrés, relaciones sociales más sólidas e incluso mejoras en síntomas depresivos.
Este conjunto de beneficios ha sido denominado el fenómeno de la “Blue Mind” o “mente azul”.
A ello se suman los beneficios del ejercicio físico y de actividades como la pesca o la recolección de alimentos.
No obstante, el estudio concluyó que las barreras de acceso limitan significativamente esos beneficios para muchas personas.
Para abordar estos desafíos, los investigadores recomendaron medidas como:
Reducir las tarifas de estacionamiento. Instalar señalización multilingüe. Ofrecer clases gratuitas o de bajo costo de natación. Facilitar el alquiler asequible de equipos recreativos. Construir viviendas costeras más accesibles y de mayor densidad. Reducir la contaminación y las escorrentías cercanas a las playas.También recomiendan que la gestión costera incorpore una mayor diversidad de perspectivas, incluida la cogestión tribal.
Según los autores, durante décadas las políticas costeras se enfocaron principalmente en el océano como recurso económico y ambiental, socavando con frecuencia los derechos, relaciones y conocimientos de las comunidades locales y reforzando legados históricos de colonialismo.
En palabras de Frawley:
“¿De qué sirve tener un océano saludable si las personas no pueden beneficiarse de él?”
Los expertos sostienen que una relación más cercana con el océano también puede fomentar una mayor protección ambiental.
“La gestión de la costa no consiste únicamente en administrar el medio ambiente, sino también en administrar la manera en que los seres humanos se relacionan con él”, señaló Nathan J. Bennett, científico principal de océanos de World Wildlife Fund y presidente del Grupo Especialista sobre Personas y Océanos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
“Cuanto más acerquemos a las personas al océano, más podremos crear esa relación con el océano y más podremos motivarlas a cuidarlo”.
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