Bob Ortega, Majlie de Puy Kamp, Josh Campbell, Audrey Ash, Allison Gordon, CNN
En Facebook se anunciaban rifas con premios atractivos para los ganadores: consolas PlayStation, entradas para partidos de la NBA e incluso armas de fuego de una tienda local.
Sin embargo, las autoridades descubrieron más tarde que el hombre que organizaba los concursos no tenía licencia para comerciar con armas de fuego. De hecho, tenía antecedentes penales por delitos graves.
Mientras los agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) investigaban los concursos, el hombre les dijo que el dueño de la tienda que suministraba las armas conocía sus antecedentes penales y le ayudaba de todos modos, una afirmación que el propietario negó.
Los agentes de la ATF examinaron los registros de la tienda —The Outdoorsman’s Attic, en Sheridan, Colorado— y descubrieron que el propietario había falsificado los documentos para ocultar la participación del individuo con antecedentes.
Citando esas infracciones y una serie de otros problemas, bajó la administración del expresidente Joe Biden la ATF revocó la licencia de The Outdoorsman’s Attic hace dos años.
Ahora, bajo la presidencia de Donald Trump, el negocio ha vuelto a operar.
Y no es el único caso.
Una investigación de CNN reveló que a casi una docena de tiendas cuyas licencias habían sido revocadas durante el mandato de Biden se les ha permitido volver a vender armas de fuego bajo la administración Trump. Esta administración ha adoptado un enfoque más flexible respecto a la regulación de armas, lo que incluye poner fin a la política de “tolerancia cero” de la era Biden, destinada a sancionar con dureza a las tiendas de armas que cometían infracciones graves. En al menos cinco ocasiones, el Departamento de Justicia de Trump retiró los casos en los que las tiendas impugnaban las revocaciones de la era Biden, permitiéndoles así reanudar la venta de armas.
La ATF confirmó que invitó a los comerciantes a solicitar nuevamente las licencias perdidas durante la administración Biden y otorgó nuevas licencias a al menos 23 tiendas, aunque se negó a identificar a los vendedores de armas específicos.
Algunos de los negocios que obtuvieron nuevas licencias bajo la administración Trump habían sido señalados anteriormente por infracciones graves. Dos de ellos habían recibido múltiples cartas de advertencia indicando que al menos 25 armas vendidas por ellos habían aparecido en escenas de crímenes en el transcurso de un año, según registros de la ATF revisados por CNN. Entre 2021 y 2024, se recuperaron al menos 175 armas vinculadas a delitos provenientes de esas dos tiendas, según dichas cartas de advertencia.
Algunos exfuncionarios de la ATF expresaron su preocupación por el hecho de que dichos negocios hayan recuperado sus licencias, ya que las tiendas que omiten las verificaciones de antecedentes o venden a compradores testaferros alimentan un porcentaje desproporcionado de los delitos violentos en todo el país.
“Nos centrábamos intensamente en inspeccionar las armerías que eran la fuente de armas utilizadas en delitos”, afirmó Marianna Mitchem, quien dirigió la división de inspecciones antes de dejar la ATF en mayo de 2025. Actualmente trabaja como asesora para Everytown, una organización dedicada a la prevención de la violencia armada.
Señaló que los compradores testaferros y los vendedores sin licencia son los principales medios por los que los traficantes adquieren armas ilegalmente, y añadió: “En resumen, la ATF ya no se centra en el tráfico de armas de fuego… y es muy triste, porque nuestros ciudadanos y nuestras comunidades pagarán las consecuencias”.
Robert Leider, asesor jurídico principal de la ATF, refutó la idea de que la agencia haya reducido la supervisión de los vendedores de armas.
“Nos tomamos muy en serio a los vendedores corruptos y presentamos cargos graves cuando los detectamos”, declaró a CNN. “También nos tomamos muy en serio a los compradores testaferros. La diferencia radica en que esta administración no percibe conflicto alguno entre combatir los delitos violentos y reducir las restricciones para los ciudadanos respetuosos de la ley”.
Respecto a las armerías que recuperaron las licencias revocadas bajo las políticas de la era Biden, Leider comentó: “Realizamos una revisión tanto jurídica como fáctica. Algunos de los casos de quienes volvieron a solicitar la licencia implicaban infracciones técnicas, pero no de la magnitud que alegan los defensores del control de armas”.
The Outdoorsman’s Attic declinó hacer comentarios. Otros establecimientos que recuperaron sus licencias durante el mandato de Trump argumentaron haber sido objeto de un trato injusto por parte de la ATF durante la administración Biden.
“No entregábamos armas a personas que… no debían tenerlas, ni omitíamos deliberadamente las verificaciones de antecedentes solo para cerrar una venta”, aseguró Will Boswell, propietario de The Tactical Edge, una tienda de Tennessee que perdió su licencia en 2023 y la recuperó el otoño pasado tras volver a solicitarla bajo la administración Trump. “Nunca hemos hecho nada parecido. Jamás lo haremos. Sin embargo, la forma en que la ATF presentó la situación y nos habló nos hizo sentir como delincuentes”.
Desde que Trump regresó al cargo el año pasado, la Casa Blanca ha reducido significativamente el número de inspectores de la ATF y ha disminuido su autoridad para recomendar la revocación de las licencias de los vendedores por infringir las leyes federales sobre armas de fuego, según informó CNN. La ATF también ha reducido la transparencia en sus labores de fiscalización al retirar de su sitio web los informes de inspección de licencias de armas y las notificaciones de revocación.
Leider afirmó que la ATF tomó esta medida porque “grupos de presión abusaban de los informes para atacar a negocios específicos”.
La ATF declaró que llevó a cabo “aproximadamente 8.630” inspecciones de cumplimiento a vendedores de armas en 2025 y revocó 50 licencias federales de armas de fuego: esto supone 1.066 inspecciones menos y aproximadamente una cuarta parte de las revocaciones de licencias registradas durante el último año fiscal del mandato de Biden. No está claro cuántas de esas inspecciones o revocaciones de 2025 se produjeron antes de que Trump asumiera el cargo el 20 de enero.
En 2021, la administración Biden adoptó una política de “fiscalización reforzada” o de tolerancia cero, que permitía a los inspectores de la ATF recomendar la revocación más rápida de las licencias de los vendedores en casos de infracciones graves como la omisión de verificaciones de antecedentes, la venta de armas a delincuentes condenados, la falsificación de registros y el incumplimiento de las solicitudes de rastreo de armas formuladas por las fuerzas del orden.
Incluso bajo la administración Biden, algunas armerías a las que se les había revocado la licencia lograron seguir operando tras obtener una nueva licencia a nombre de un familiar o un socio comercial, según constató CNN.
En agosto de 2024, la ATF revocó la licencia de Southern Maryland Pawn Brokers, según documentos de la propia agencia. En lugar de impugnar la revocación, el propietario, Brett Smith, consolidó el negocio en una segunda tienda y retiró su nombre de dicha licencia, dejándola a nombre de su hija, según explicó.
“Cometimos algunos errores”, reconoció Smith en una entrevista, aunque también argumentó que “la gente de Biden se volvió loca con los puntos y las comas; todo eran problemas administrativos y de papeleo”.
No obstante, durante el último año de mandato de Biden, la ATF revocó 195 licencias de vendedores de armas, la cifra más alta en más de dos décadas.
Aunque dichas revocaciones representaron menos de una cuarta parte del uno por ciento de las licencias federales en manos de vendedores, casas de empeño, fabricantes e importadores de armas, algunos críticos del sector expresaron duras quejas. La NSSF, una asociación comercial de la industria de armas de fuego, acusó a la administración Biden de “ejecutar una agenda de motivación política para sacar del mercado a los vendedores de armas de fuego”.
En un plazo de dos meses tras la toma de posesión de Trump se eliminó la política de tolerancia cero y se invitó a los establecimientos que habían perdido sus licencias bajo dicha política a solicitar nuevamente el permiso. Paralelamente, el Departamento de Justicia comenzó a retirar los casos judiciales iniciados por vendedores que impugnaban las revocaciones.
La ATF anunció el inicio de “una nueva era de reformas”, centrada en “reducir las cargas innecesarias para las empresas y los ciudadanos respetuosos de la ley” y en “proteger a las comunidades estadounidenses de los delitos violentos”.
La industria celebró el cambio, pero los defensores de la seguridad en el uso de las armas advirtieron que esto podría facilitar que más armas lleguen a manos de personas que no deberían poseerlas.
“La gran mayoría de las armas utilizadas en delitos provienen inicialmente del mercado legal antes de ser desviadas al mercado ilegal”, afirmó Josh Scharff, asesor jurídico principal de la organización Brady: United Against Gun Violence. “Necesitamos vendedores que cumplan la ley, y aquellos a quienes se les han revocado las licencias no cumplen con ese requisito”.
La ATF no ha divulgado información sobre qué vendedores específicos han recuperado su licencia gracias a su programa de amnistía.
Para identificar qué vendedores han reanudado sus operaciones, CNN utilizó una herramienta de inteligencia artificial para analizar y comparar las licencias federales de armas de fuego revocadas durante la administración Biden con las que cuentan actualmente con licencia bajo la administración Trump. Posteriormente, CNN verificó de forma independiente dichos hallazgos y determinó cuáles de esos establecimientos compartían la misma titularidad o estaban vinculados entre sí.
CNN también analizó las notificaciones de advertencia conocidas como “Demand Letter 2”, que bajo una política de la era Biden se enviaban a tiendas en las que se habían recuperado 25 o más armas en escenas del crimen durante el año anterior, siempre que dichas armas hubieran sido vendidas por el establecimiento en los tres años previos.
La administración Trump puso fin a ese programa.
Leider, asesor jurídico principal de la ATF, cuestionó la relevancia de las cartas DL2 y declaró a CNN: “Si vendes suficientes armas, terminarás en esa lista”. Afirmó que la ATF suspendió el programa “tras una campaña de defensores del control de armas destinada a señalar a los vendedores implicados”.
La tienda The Outdoorsman’s Attic tuvo problemas con la ATF cuando un inspector descubrió que su propietario, William Paddock, ayudaba reiteradamente a Leonel Castillo —un individuo con antecedentes penales— a organizar rifas ilegales de armas por internet. En documentos judiciales, la ATF alegó que Castillo compraba armas en la tienda y que esta las enviaba directamente a los ganadores de las rifas de Castillo, facilitando así que este comerciara con armas de fuego sin licencia. Un investigador de la ATF también afirmó que Paddock falsificó registros para aparentar que 15 armas que Castillo había entregado a la tienda para que las enviara a los ganadores de las rifas habían sido llevadas originalmente por otros dos hombres.
Un agente de la ATF testificó ante el tribunal que Castillo, quien actualmente cumple una condena federal de 30 meses por tráfico ilegal de armas, le había dicho que personalmente mostró a Paddock videos de las rifas ilegales que organizaba y que le había informado de su condición de delincuente convicto.
La ATF revocó la licencia federal de armas de fuego de la tienda en noviembre de 2024, tras detectar 16 infracciones de la ley federal.
Paddock impugnó la orden de revocación ante un tribunal federal; el pasado agosto, tras la toma de posesión de Trump, el Departamento de Justicia desestimó el caso y la ATF concedió una nueva licencia al establecimiento.
Paddock declinó hacer comentarios. En los documentos judiciales, argumentó que Castillo había mentido a los investigadores de la ATF. Durante la audiencia de revocación, Paddock declaró que desconocía que fuera ilegal ayudar a Castillo a rifar armas con fines de lucro a título particular.
Otros establecimientos que han reanudado sus operaciones incluyen: Wessel Gun Shop, en Warren (Michigan), que recibió cartas de notificación DL2 durante cuatro años consecutivos (lo que significa que al menos 100 armas vinculadas a delitos fueron rastreadas hasta esa tienda en ese periodo); y Tampa Tactical Supply, en Riverview (Florida), a donde se rastrearon al menos 75 armas relacionadas con delitos en un lapso de tres años.
A Posey Guns & Pawn, en Cleveland (Tennessee), se le revocó la licencia en marzo de 2023 después de que la ATF determinara que había vendido deliberadamente un arma a un menor de edad. Asimismo, no esperó los resultados de la verificación de antecedentes antes de vender un arma a un cliente que había sido internado involuntariamente en una institución de salud mental o declarado mentalmente incapacitado. Según la ATF, sus propietarios también incurrieron en 383 infracciones al completar los formularios de transferencia de armas y falsificaron registros en cuatro ocasiones —incluyendo dos intentos de encubrir la desaparición de dos pistolas Glock—, entre otras faltas. Cuando el investigador de la ATF Kevin Levesque contactó al supuesto comprador de las Glock, este afirmó no haber adquirido dichas armas.
El propietario de la armería, Terry Posey, llevó el caso a los tribunales; sin embargo, en agosto de 2023, un tribunal federal de distrito dictaminó que permitir que la tienda reanudara sus actividades “podría causar un daño considerable a terceros”, dado que sus infracciones representaban un riesgo para la seguridad pública.
En abril de 2024, otro juez de un tribunal federal de distrito falló a favor de la ATF, señalando que las pruebas sobre la intencionalidad de las infracciones eran tan contundentes que ningún jurado razonable podría llegar a una conclusión distinta.
Posey Guns & Pawn opera nuevamente bajo una nueva licencia federal de armas de fuego expedida a nombre de Blake Posey, hijo de Terry Posey. Blake Posey declinó hacer comentarios sobre la revocación de la licencia de su padre, argumentando que dichos asuntos no correspondían a su gestión.
La tienda The Tactical Edge, en Tennessee, acumuló numerosas infracciones tras ser inspeccionada por la ATF en tres ocasiones durante un periodo de cuatro años.
Cuando el establecimiento apeló la revocación de su licencia en 2022, un funcionario de audiencias de la ATF desestimó el recurso, señalando como motivo de especial preocupación la omisión de las verificaciones de antecedentes. Asimismo indicó que los propietarios habían atribuido dicha falta a un “descuido” o “error humano”. Los propietarios presentaron una demanda ante un tribunal federal, pero el caso fue desestimado en diciembre de 2023.
Sin embargo, para octubre de 2025 anunciaron en Facebook que habían vuelto al negocio de la venta de armas con un fragmento de la película “The Hangover” en el que el personaje de Bradley Cooper exclama triunfalmente: “¡Hemos vuelto, nena!”.
Boswell, copropietario del establecimiento, declaró a CNN que no estaba de acuerdo con las conclusiones de la ATF ni con el fallo judicial. “No hubo nadie que se llevara un arma sin que le hubiéramos realizado una verificación de antecedentes”, afirmó. “Me da la impresión de que la ATF utiliza las palabras para perjudicar a la gente”.
Señaló que la armería perdió más de 3 millones de dólares en ingresos al no poder fabricar ni vender armas hasta obtener su nueva licencia. Comentó que el negocio busca señales de alerta para detectar a testaferros, pero que no siempre es fácil identificarlos.
“Parece como si simplemente le hubiéramos entregado un arma a una persona y hubiera saludo por la puerta (sin controles), pero eso no fue en absoluto lo que ocurrió”, dijo. “Llevo 15 años en esto. Jamás arriesgaríamos todo nuestro medio de vida por una sola arma”.
Otros vendedores que perdieron sus licencias bajo la política de “tolerancia cero” de Biden argumentan que no se les dio el margen necesario para subsanar las infracciones. Un vendedor de Ohio, que pidió mantener el anonimato, dijo que le revocaron la licencia debido a lo que calificó como “errores administrativos”, como registrar incorrectamente los números de serie de las armas de fuego. “Sinceramente, cometimos algunos errores”, admitió, añadiendo que “durante la administración Biden… no daban muchas facilidades”.
Desde que reabrimos “Hemos cambiado nuestra forma de trabajar aquí… Todo lo que entra o sale de este lugar lo verificamos dos o tres veces”, agregó.
Sin embargo, algunos defensores de medidas más estrictas rechazaron la idea de que las infracciones federales sean errores menores.
“Supongamos que olvidamos algo en nuestra declaración de impuestos, ¿verdad?”, planteó JaShawn Hill, director de Chicago Survivors, una organización dedicada a combatir la violencia armada. “No podemos alegar que nos vimos desbordados por el papeleo o los plazos de entrega”.
Si eres propietario de una armería, “sabes cuáles son tus responsabilidades, y creo que el nivel de responsabilidad es aún mayor debido a las vidas que pueden verse afectadas por una mala praxis”.
Los nuevos dirigentes de la ATF sostienen que los cambios implementados bajo la administración Trump —y mantenidos posteriormente— constituyen una medida correctiva necesaria para tratar a los vendedores de armas de manera más justa sin perjudicar a la ciudadanía. “Hemos tenido y siempre tendremos en cuenta la seguridad pública”, declaró Robert Cekada, el recién confirmado director de la ATF, en una conferencia de prensa celebrada el 29 de abril. “Creemos que estas normas no afectarán negativamente a la seguridad pública”.
Leider, asesor jurídico principal de la ATF, afirmó: “Nos tomamos muy en serio la necesidad de supervisar adecuadamente a los vendedores… Intentamos asegurarnos de destinar nuestros recursos centrándonos en aquellos que realmente ejercen la actividad comercial”.
Sin embargo, algunos exfuncionarios de la ATF y defensores de medidas de control sostienen que readmitir a vendedores con historiales de numerosas infracciones envía un mensaje claro: se tolera el incumplimiento de las normas federales.
“Resulta muy alarmante que estos establecimientos con antecedentes de infracciones legales puedan reabrir tan fácilmente y continuar con ventas irresponsables que ponen en peligro a la población”, señaló Lindsay Nichols, directora de políticas de Giffords, una organización dedicada a la prevención de la violencia armada.
Durante el primer mandato de Trump, las revocaciones de licencias fueron menos frecuentes que bajo las administraciones de Obama o Biden, “pero sí se produjeron algunas”, comentó Pam Hicks, exasesora jurídica principal de la ATF. “Todas las administraciones llevan a cabo algunas, ya que siempre hay un grupo reducido de personas que, a juicio de todos, no deberían dedicarse a este negocio”.
Hicks expresó su preocupación por el hecho de que la ATF haya dejado de hacer públicos los avisos de revocación.
Trevon Bosley, activista por la prevención de la violencia en el suroeste de Chicago y quien perdió a su hermano a causa de la violencia armada, manifestó su consternación ante la posibilidad de que alguien considere que las infracciones federales relacionadas con armas de fuego no son graves.
“Su error ‘menor’… marca la diferencia entre tener a mi hermano conmigo” o no, afirmó. “Me reúno con tantas familias, tantos hermanos y tantos jóvenes que han perdido a sus seres queridos debido a estos errores que ellos califican de ‘menores’”.
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Cómo los vendedores de armas con infracciones graves previas recuperaron sus licencias bajo el mandato de Trump News Channel 3-12.
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