Este artículo apareció originalmente en KFF Health News.
Durante décadas, los californianos han sostenido en general que los inmigrantes, quienes representan más de una cuarta parte de la población estatal y un tercio de su fuerza laboral, benefician tanto al estado como a su economía. Sin embargo, la inestabilidad presupuestaria y las preocupaciones por el aumento de los costos han llevado al centro del debate una política controvertida y costosa: permitir que inmigrantes de bajos ingresos sin estatus migratorio legal reciban cobertura médica financiada por el estado.
Ahora, el demócrata Xavier Becerra y el republicano Steve Hilton presentan a los votantes una elección marcada en la contienda para convertirse en el próximo gobernador de California, en un momento en que el respaldo público a la amplia red de protección social del estado parece debilitarse.
Ambos enmarcan el tema como una cuestión económica.
Becerra, exsecretario de Salud y Servicios Humanos durante la administración del presidente Joe Biden, ha afirmado que sería “insensato” excluir a los inmigrantes más pobres de la atención preventiva y obligarlos a recurrir a las costosas salas de emergencia financiadas por los contribuyentes.
Por su parte, Hilton, comentarista conservador respaldado por Donald Trump, ha prometido eliminar esa cobertura y se ha sumado a las críticas de los republicanos a nivel nacional, quienes señalan las expansiones de cobertura en California como ejemplo de fraude y abuso dentro del programa Medicaid.
Con los votantes de todo el país preocupados por la inflación y el incremento en el costo de vida, algunos californianos podrían mostrarse menos dispuestos a financiar cobertura médica completa para personas sin estatus migratorio legal. Lo que decida hacer California tendrá profundas implicaciones para su sistema de salud y su enorme economía.
El costo de Medi-Cal en el centro de la discusión
Durante la última década, los legisladores de California utilizaron fondos estatales para ampliar Medi-Cal, ofreciendo cobertura integral a todos los residentes de bajos ingresos sin importar su estatus migratorio.
Sin embargo, la inscripción superó las proyecciones iniciales, al igual que los costos. De acuerdo con la Oficina del Analista Legislativo de California, la cobertura de Medi-Cal para inmigrantes sin estatus legal cuesta aproximadamente 10 mil millones de dólares al año, más del doble de las estimaciones originales.
Los legisladores estatales y el gobernador demócrata Gavin Newsom, quien impulsó el programa, aprobaron importantes reducciones de beneficios para estos residentes.
Argumentaron que California no puede absorber el aumento de los costos médicos mientras enfrenta fuertes recortes federales derivados de la legislación republicana de impuestos y gasto conocida como One Big Beautiful Bill Act.
La Agencia de Salud y Servicios Humanos de California proyectó que hasta 3.4 millones de beneficiarios de Medi-Cal podrían perder cobertura y que el estado podría dejar de recibir más de 30 mil millones de dólares anuales en fondos federales, provocando importantes alteraciones en la red de seguridad sanitaria.
El presupuesto de Medi-Cal para el año fiscal 2026-2027 asciende a 217 mil millones de dólares y el programa atiende a más de 14 millones de californianos.
Mientras tanto, muchos ciudadanos estadounidenses y residentes legales han visto aumentar drásticamente sus primas de seguro médico después de que el Congreso permitiera que expiraran los subsidios reforzados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) al finalizar diciembre.
Cambio de opinión entre los votantes
Mientras California enfrentaba un déficit presupuestario el año pasado, una mayoría de probables votantes expresó por primera vez en casi una década su oposición a ofrecer seguro médico a inmigrantes sin estatus legal, según una encuesta del Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC).
“El estado enfrenta grandes desafíos y la atención médica es uno de los mayores gastos”, dijo Mark Baldassare, director de encuestas del PPIC. “La gente se ha vuelto más selectiva respecto a cómo quiere que se gasten esos limitados recursos de salud”.
Hilton, cuya campaña se centra en la reducción del costo de vida y de los impuestos, ha aprovechado ese sentimiento. Presenta la cobertura médica para inmigrantes sin estatus legal como algo profundamente injusto y una amenaza directa a la capacidad del estado para ayudar a sus propios ciudadanos.
“Dejen de tomar dinero de contribuyentes californianos que apenas pueden costear su propia atención médica para darle atención gratuita a ciudadanos de otros países que ni siquiera deberían estar aquí”, dijo Hilton en un video publicado en Facebook la mañana de las elecciones primarias del 2 de junio.
En sus eventos de campaña, Hilton ha prometido utilizar los ahorros generados para reducir los costos médicos de otros californianos, aunque sin explicar específicamente cómo lo haría.
El argumento económico de Becerra
Roger Salazar, consultor político demócrata que representa a una coalición de defensores de la salud, afirma que la cobertura médica para personas de bajos ingresos fortalece la fuerza laboral y, en consecuencia, la economía.
“Su mensaje es muy, muy simple: nosotros contra ellos”, dijo Salazar sobre los republicanos. “La cuestión es convencer al votante promedio de que esto es económicamente mejor”.
Hijo de inmigrantes, Becerra ha defendido durante décadas la ampliación de beneficios sociales y mantiene la misma postura en su campaña a la gubernatura.
“Los inmigrantes, documentados o no, trabajan duro. Pagan impuestos y, a veces, se lesionan en el trabajo o sus hijos se enferman”, dijo durante un debate realizado en mayo. “Sería insensato decirle a una familia que no tiene acceso a un pediatra o a un médico de cabecera”.
Becerra, quien podría convertirse en el primer gobernador latino elegido en California, criticó el año pasado la decisión de Newsom y los líderes legislativos de congelar nuevas inscripciones de adultos sin estatus legal en Medi-Cal, reducir beneficios e imponer primas mensuales.
“Dejen de tratar la cobertura médica como una variable presupuestaria que se expande en los años buenos y se contrae cuando bajan los ingresos”, escribió Becerra en mayo en respuesta a un cuestionario del Orange County Register.
Asimismo, ha prometido buscar nuevas fuentes permanentes de financiamiento para servicios esenciales mediante aumentos de impuestos a corporaciones y a los residentes más ricos del estado.
El impacto económico de los inmigrantes
En 2023, California albergaba aproximadamente 2.3 millones de personas sin estatus migratorio legal, equivalentes a cerca del 8% de la fuerza laboral estatal, según el Pew Research Center.
Además, uno de cada cinco niños en California vive en una familia donde al menos un integrante carece de estatus legal, de acuerdo con el Departamento de Educación de California.
Economistas del sector salud sostienen que ofrecer acceso a atención preventiva ahorra dinero a largo plazo al mantener saludable a la fuerza laboral y reducir la presión sobre un sistema hospitalario ya saturado.
David Hayes-Bautista, director del Centro para el Estudio de la Salud y Cultura Latina de UCLA, indicó que las personas sin estatus legal presentan altas tasas de participación laboral y suelen desempeñarse en sectores que no ofrecen seguro médico patrocinado por empleadores.
“California tiene la cuarta economía más grande del mundo, y eso es cierto gracias a los latinos”, afirmó Hayes-Bautista. Sin la contribución económica latina —incluidos muchos trabajadores sin estatus legal—, el estado caería al octavo lugar mundial, aproximadamente al nivel de la economía de Italia.
Una decisión para el próximo gobernador
Los defensores de los inmigrantes esperan que Becerra sea un aliado más firme de la cobertura médica para esta población.
La senadora estatal María Elena Durazo, exdirigente sindical y defensora de la ampliación de Medi-Cal para inmigrantes, expresó confianza en el candidato demócrata.
“Él luchará, responderá y hará todo lo posible”, dijo Durazo. “Eso es lo máximo que podemos esperar”.
Tras aprobarse los recortes al programa, el apoyo público a la cobertura médica para inmigrantes disminuyó, según Baldassare. Sin embargo, Newsom y los legisladores demócratas acordaron posponer varios de esos recortes hasta julio de 2027, dejando las decisiones más difíciles en manos del próximo gobernador.
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