Por Ana María Cañizares, CNN en Español
Una nueva ley en Ecuador, respaldada por el presidente Daniel Noboa, despierta preocupación entre expertos, por posibles violaciones a la privacidad de las personas y abusos de las fuerzas de seguridad, mientras el Gobierno descarta riesgos a las libertades y la defiende para apuntalar su lucha contra el crimen organizado.
A inicios de mes, la mayoría legislativa en la Asamblea de Ecuador dio luz verde a la aprobación de dos leyes con el fin de contener el avance del crimen organizado que golpea al país sudamericano. Se trata de la Ley de Inteligencia y la Ley de Solidaridad Nacional, ya publicadas en el Registro Oficial, con lo que entraron en vigencia.
Entre los puntos clave de la Ley de Inteligencia está la posibilidad de acceder a las comunicaciones privadas sin necesidad de una orden judicial. Otro cambio está relacionado con la identidad de los agentes que operarán de forma encubierta para fines de inteligencia y contrainteligencia, quienes no tendrán responsabilidad judicial al obtener una identidad ficticia proporcionada por el Estado.
“Si con motivo del cumplimiento de la operación se iniciare una acción penal, los especialistas de inteligencia empleados para la obtención de información estarán exentos de responsabilidad por el ocultamiento de su identidad”, precisa la ley.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por la aprobación de esta ley, pues considera que podría convertirse en un “instrumento de control de la actividad periodística y de las libertades de expresión y de prensa en el país”.
Por otra parte, las operadoras de servicios de telecomunicaciones ―según la nueva ley― estarán obligadas a proporcionar al sistema nacional de inteligencia información histórica y en tiempo real de comunicaciones y conexiones de usuarios de telefonía, datos técnicos y cualquier otro detalle que permita su identificación y localización.
Aunque la ley indica que el uso de esto deberá ser proporcional y no arbitrario, la organización no gubernamental Human Rights Watch advirtió este miércoles que la normativa está abriendo la puerta al “uso injustificado de la fuerza letal”, debilita la rendición de cuentas por abusos de las fuerzas de seguridad y socava las salvaguardias para la recopilación de información de inteligencia.
“Contiene disposiciones peligrosas que parecen contravenir las protecciones constitucionales relativas al derecho a la protección de datos personales, las cuales requieren la autorización del titular o un mandato legal para su recopilación”, enfatizó Human Rights Watch.
Esta ley también da vía libre a que el servicio nacional de inteligencia solicite directamente la apertura, interceptación, retención y examinación de documentos o comunicaciones sin pasar primero por una autorización de la Corte Nacional de Justicia. Exige además a las instituciones públicas y otros organismos la obligación de suministrar cualquier tipo de información requerida por los agentes de inteligencia.
“La ley también podría crear un efecto inhibitorio para la libertad de expresión y poner en peligro profesiones protegidas por la confidencialidad, como médicos, abogados y periodistas, al exigirles potencialmente que revelen información sensible”, señaló HRW.
Fundamedios, fundación de defensa de la libertad de expresión en Ecuador, rechazó la aprobación de esta normativa, por considerar que se promoverá el uso político del aparato estatal de inteligencia para debilitar principios democráticos y colocar a los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad.
El ministro de Gobierno, José de la Gasca, negó que la ley pretenda atentar contra la libertad de expresión.
“Es mentira lo que dicen de que van a meterse con los periodistas, todo lo contrario (…) Va a haber las restricciones que se tienen al momento de operar en materia de la inteligencia y cómo no se puede perseguir, investigar y mucho menos respecto de medios de comunicación, periodistas, temas de clero y demás (…) Hay personas que les gusta buscar la letra chica para buscarle la quinta pata al gato para tratar de vender una idea que no existe”, dijo este lunes De la Gasca a la cadena local Diblu.
La segunda ley aprobada por la Asamblea y respaldada por Noboa, la Ley de Solidaridad Nacional, busca combatir la economía criminal de los grupos de delincuencia organizada en el marco del estado de conflicto interno armado decretado por Noboa en enero de 2024.
Uno de los puntos controversiales es la aprobación del indulto con “efecto diferido” para policías y militares que permitirá al presidente de la República suspender “por razones humanitarias o de intereses público” la prisión preventiva si miembros de las fuerzas de seguridad se enfrentan a procesos penales que se generen en el cumplimiento de su función durante el conflicto armado.
“Este indulto podrá ser otorgado dentro de la fase de investigación previa o en cualquier etapa procesal posterior (o) previo a la sentencia”, precisa la ley. Exceptúa a potenciales procesados por delitos contra la administración pública, genocidio, tortura, desaparición forzada, secuestro y homicidio “por razones políticas o de conciencia”.
Human Rights Watch considera que la Ley de Solidaridad Nacional otorga “amplios poderes” al mandatario para responder a un conflicto interno armado.
“La seguridad no se construirá sobre una legislación apresurada, mal redactada y demasiado amplia. En cambio, hace falta un debate cuidadoso, salvaguardias sólidas y respeto a los derechos humanos”, indicó la organización.
Entre otras cosas, la Ley de Solidaridad establece medidas legales y fiscales para combatir el financiamiento de las mafias, proteger a la población civil, fortalecer las fuerzas del orden y reactivar económicamente las zonas afectadas por la violencia, según la mayoría legislativa.
Varios abogados en libre ejercicio, expertos en seguridad y sectores de la sociedad civil se han pronunciado contra algunos de los aspectos de estas leyes, mientras el Gobierno defiende y respalda la aprobación de estos cuerpos legales por considerar que apuntala su lucha contra el crimen organizado.
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