Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español
“Seguiremos luchando por ti, por todas, como siempre quisiste”. Con esa consigna se despidió el Sindicato de Inquilinas de Madrid de María del Carmen “Maricarmen” Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio puso rostro a la crisis de vivienda que atraviesa España y que, en pocas semanas, pasó de las calles al Congreso y terminó llevando al país a unas elecciones anticipadas.
Maricarmen murió este miércoles, después de pasar 15 días hospitalizada. Apenas dos semanas antes había sido desalojada en camilla de la vivienda en la que vivió durante 70 años, después de que el alquiler pasara de 500 euros (unos US$560) a 2.650 euros (unos US$2.970).
“Lamentamos comunicar que Maricarmen ha fallecido hoy. Como todos sabéis, fue desahuciada el 23 de septiembre y ha permanecido hospitalizada desde entonces”, declaró el sindicato en un comunicado.
Su desahucio desató manifestaciones multitudinarias en Madrid, la ciudad donde vivía, una acampada en la Puerta del Sol y movilizaciones que se extendieron hasta ciudades como Barcelano, Valencia y Sevilla. Miles de personas salieron a las calles para reclamar por la falta de vivienda, el alza de precios y la especulación inmobiliaria.
El caso llegó al Congreso, donde el conservador Partido Popular, la ultraderecha de Vox y los nacionalistas catalanes de Junts rechazaron los decretos propuestos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que incluían medidas que buscaban atender la crisis, como límites al aumento de las rentas o disposiciones para proteger a los inquilinos a quienes sus caseros ya no quisieran renovarles el contrato.
Tras la derrota parlamentaria, Sánchez anunció el adelanto de las elecciones generales mientras el descontento sigue en las calles y la acampada se mantiene, en medio de una crisis de vivienda que España arrastra desde hace años.
Maricarmen vivía en el mismo departamento desde 1956. Allí llegó con sus padres, cerca del parque de El Retiro, y allí pasó prácticamente toda su vida. Con los años heredó el contrato de alquiler, por el que pagaba unos US$ $568 (500 euros) al mes.
La situación cambió en 2018, cuando la empresa inmobiliaria Urbagestión Desarrollo e Inversión compró el edificio. Poco después comenzó a reclamar un alquiler mucho más alto: hasta cuatro veces lo que Maricarmen pagaba, cuando ella recibía una pensión de unos US$ 1.478 (1.300 euros), dijo entonces el Sindicato de Inquilinas de Madrid.
La disputa llegó a los tribunales en 2020. Maricarmen ganó inicialmente, pero la empresa recurrió y finalmente los tribunales fallaron a favor de los dueños de la propiedad. Durante los años siguientes hubo varios intentos de desalojarla.
Su abogada, Beatriz Duro, y otras organizaciones buscaron alternativas. Una de ellas fue que la agencia estatal de vivienda comprara el departamento y se lo alquilara a Maricarmen a un precio que pudiera pagar. También hubo ofertas privadas para ayudar con el alquiler. Pero la innmobiliaria no había mostrado interés en ninguna de las alternativas, según su abogada.
Poco antes del desahucio, Duro describió la situación como “desesperante”. Finalmente, el 23 de septiembre, después de más de siete décadas en la misma casa, Maricarmen salió de ella en una camilla.
La escena provocó indignación. Decenas de personas habían pasado la noche frente al edificio para intentar impedir el desalojo. Esa misma tarde, cerca de 10.000 personas se concentraron en Madrid, según las autoridades locales, para protestar por su caso y por una crisis que afecta cada vez a más personas.
La protesta continuó durante los días siguientes. En la Puerta del Sol, una de las plazas más conocidas de Madrid, comenzaron a acampar personas que reclamaban mayor protección para los inquilinos y medidas contra los desalojos cuando no existe una alternativa de vivienda.
Desde el hospital, Maricarmen envió un mensaje en video a todos los que protestaban, especialmente jóvenes. “No he conseguido defender mi casa, pero he luchado para que otros aprendan a luchar por la suya”, dijo.
“Mi casa ha sido mi vida. Y ahora tengo que dejarla atrás. Pero eso no significa que no vaya a seguir luchando”, dijo la mujer de 87 años. “Por favor, luchad”, añadió.
Mientras las protestas crecían, también continuaban las conversaciones con la empresa propietaria. Finalmente, ambas partes alcanzaron un acuerdo para que Maricarmen pudiera regresar a su casa.
El nuevo contrato sería de ocho años y un alquiler que no superaría el 30% de sus ingresos netos, unos 500 euros al mes, según la consejera delegada de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid, Ana de Miguel.
Maricarmen aceptó las condiciones, según consignó la agencia EFE, mientras permanecía hospitalizada y esperaba recibir el alta para volver a la vivienda en la que había vivido durante 70 años. Pero no llegó a hacerlo.
“Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde”, dijo el Sindicato de Inquilinas este miércoles al anunciar su muerte.
Maricarmen se convirtió rápidamente en el rostro de una crisis que España arrastra desde hace años. Conseguir una vivienda en un país donde los alquileres han aumentado con fuerza en las grandes ciudades y cada vez más personas tienen dificultadas para encontrar una casa que puedan pagar.
El descontento y la presión expresada en las calles llegó rápidamente al Congreso, donde el conservador Partido Popular, la ultraderecha de Vox y los nacionalistas catalanes de Junts rechazaron los decretos propuestos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para paliar la crisis. Ambos incluían medidas como límites al aumento de las rentas o disposiciones para proteger a los inquilinos a quienes sus caseros ya no quisieran renovarles el contrato.
La derrota parlamentaria abrió una crisis política. Días después, Sánchez anunció el adelanto de las elecciones generales para el 29 de noviembre.
Es la tercera vez en los últimos ocho años que España acude a las urnas antes de lo previsto. En esta ocasión, lo hará más de medio año antes de que la legislatura llegara a su fin.
La vivienda, la migración y la economía serán algunos de los principales asuntos de la campaña. Son también tres de las cuestiones que más preocupan a los españoles, según los últimos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Para el Sindicato de Inquilinas, todo lo ocurrido tras el desahucio de Maricarmen supone “un antes y un después en la historia de este país”. Pero el colectivo también consideró que “el coste para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto”.
Mientras tanto, cerca de la sede del Congreso en Madrid, las protestas por la vivienda continúan la tarde de este miércoles. Los manifestantes guardaron un minuto de silencio y después gritaron: “¡Maricarmen vive, la lucha sigue!”.
En las calles aledañas, decenas de personas se manifestaron con altavoces y carteles. Uno de ellos mostraba una fotografía de Maricarmen junto a la frase: “Asesinada por el rentismo y sus políticos a sueldo”.
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Con información de Pau Mosquera, Ivana Kottasová y Carloo Mauricio Pérez
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