La decisión del gobierno federal de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador el próximo 9 de septiembre de 2026 ha provocado preocupación entre decenas de miles de salvadoreños que han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos durante más de dos décadas. La medida podría afectar de manera significativa a comunidades del sur de California, donde reside una de las mayores concentraciones de beneficiarios del programa.
Datos recopilados por FWD.us y la National TPS Alliance estiman que alrededor de 170,000 salvadoreños cuentan actualmente con TPS en Estados Unidos. De ellos, unos 36,000 viven en California, incluyendo una importante presencia en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino y San Diego.
El TPS para El Salvador fue otorgado inicialmente en 2001 luego de los devastadores terremotos que sacudieron al país centroamericano en enero y febrero de ese año. El gobierno estadounidense determinó entonces que las condiciones existentes dificultaban el regreso seguro de los salvadoreños, por lo que les otorgó una protección temporal contra la deportación y autorización para trabajar legalmente. Desde entonces, el programa fue renovado repetidamente por administraciones republicanas y demócratas.
El TPS fue creado por el Congreso en 1990 para ofrecer protección a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias que impidan un retorno seguro. Los beneficiarios pueden vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, aunque el programa no constituye una vía automática hacia la residencia permanente o la ciudadanía.
Actualmente, el TPS sigue vigente para algunos países, aunque varias designaciones han sido canceladas o reducidas durante los últimos años. Entre las naciones que han contado con TPS se encuentran Haití, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Ucrania, Sudán, Sudán del Sur, Afganistán, Camerún, Nepal, Siria y Yemen, entre otras. La administración Trump ha impulsado la terminación o el recorte de protecciones para más de una decena de países, incluyendo ahora a El Salvador.
La decisión ha sorprendido a algunos líderes comunitarios debido a la estrecha relación política mostrada en los últimos años entre el presidente salvadoreño Nayib Bukele y el presidente Donald Trump. Diversos defensores de los inmigrantes habían expresado la esperanza de que esa alianza favoreciera una extensión de la protección migratoria para los salvadoreños. Sin embargo, la administración federal optó por mantener la terminación del programa, prevista para septiembre.
El impacto económico también podría ser considerable. Según FWD.us, los beneficiarios salvadoreños del TPS aportan aproximadamente 5,400 millones de dólares anuales a la economía estadounidense y pagan cerca de 1,500 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales. Más de 152,000 participan actualmente en la fuerza laboral, principalmente en construcción, transporte, manufactura, mantenimiento, alimentación y otros sectores esenciales.
Los datos muestran además que más de 150,000 niños ciudadanos estadounidenses tienen al menos un padre o madre salvadoreño con TPS. Organizaciones defensoras de inmigrantes advierten que la pérdida de protección podría afectar no solo a los trabajadores, sino también a miles de familias mixtas que llevan más de 25 años construyendo sus vidas en Estados Unidos.
La National TPS Alliance afirmó que los salvadoreños protegidos por el programa han echado raíces profundas en el país y advirtió sobre las consecuencias de su cancelación. “Durante 25 años, los beneficiarios salvadoreños del TPS han ayudado a construir este país mientras construían sus propias vidas”, señaló la organización en una declaración difundida tras conocerse la decisión federal.
Por su parte, Todd Schulte, presidente de FWD.us, sostuvo que el impacto iría mucho más allá de los propios beneficiarios. “Revocar el TPS para El Salvador sería una medida cruel que no solo sumiría en el caos la vida de cientos de miles de personas, sino que también le restaría miles de millones de dólares a la economía estadounidense y desestabilizaría comunidades en todo el país”, afirmó.
¿Qué sucederá ahora?
Expertos en inmigración señalan que la terminación del TPS no significa que las personas serán arrestadas inmediatamente después del 9 de septiembre. Sin embargo, quienes no cuenten con otro estatus migratorio podrían perder su autorización de empleo y quedar expuestos a procedimientos de deportación en el futuro.
La abogada de migracion Meredith Brown recomendó a los beneficiarios evaluar posibles alternativas legales, entre ellas peticiones familiares, solicitudes basadas en matrimonio con ciudadanos estadounidenses, ajuste de estatus bajo la sección 245(i), asilo, visas U para víctimas de delitos, visas T para víctimas de trata, programas especiales como NACARA y otras formas de alivio migratorio disponibles según cada caso.
Por ahora, la incertidumbre domina las conversaciones en miles de hogares salvadoreños de California y del resto del país. Muchos de los afectados llegaron tras los terremotos de 2001, han formado familias, comprado viviendas y criado hijos ciudadanos estadounidenses. Para ellos, el fin del TPS representa mucho más que un cambio administrativo: significa enfrentar preguntas difíciles sobre empleo, estabilidad familiar y permanencia en el único hogar que muchos han conocido durante gran parte de su vida adulta
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