Funcionarios federales afirman que la compra de 700 millones de dólares buscaba contrarrestar la oposición política local. Sin embargo, es poco probable que eso termine con la controversia.
La compra federal de dos centros de detención migratoria, incluido el más grande del área metropolitana de San Diego, representa el movimiento más reciente en una disputa sobre quién tiene jurisdicción sobre estos centros en California, una batalla que podría tener costos aún no medidos tanto para los contribuyentes como para los migrantes, según expertos.
Las adquisiciones de los centros de detención de Otay Mesa y California City este mes le costaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) cientos de millones de dólares más de lo que, según documentos corporativos, valen realmente estas instalaciones.
Un portavoz del DHS indicó que la operación se realizó específicamente para impedir los esfuerzos de políticos de California por “prohibir o hacer financieramente inviables las prisiones privadas”.
Ahora, expertos y defensores de los derechos de los migrantes temen que la propiedad federal también limite la capacidad de funcionarios estatales y locales para supervisar las condiciones humanitarias dentro de los centros de detención, además de acelerar un proceso de deportación que, afirman, ya viola con frecuencia los derechos al debido proceso.
El Centro de Detención de Otay Mesa, con capacidad para 1,994 personas, ha sido durante más de una década el epicentro del debate local sobre la aplicación de las leyes migratorias. Reiteradas denuncias han señalado problemas de nutrición deficiente, hacinamiento y acceso insuficiente a servicios médicos.
Una investigación de Times of San Diego publicada el mes pasado revisó cientos de expedientes médicos de un hombre diabético detenido en Otay Mesa y halló que no recibió sus medicamentos recetados durante varios meses.
CoreCivic, la empresa privada que ha sido propietaria y operadora del centro durante más de una década, reportó ante autoridades bursátiles federales que el terreno y los edificios tenían un valor aproximado de 160 millones de dólares al cierre de 2025. Sin embargo, a principios de este mes, el Departamento de Seguridad Nacional los compró por 739 millones de dólares, casi cinco veces más.
Aunque CoreCivic continuará operando el centro mediante contrato al menos hasta 2029, ahora el gobierno federal será dueño del terreno, ubicado en la zona sur del condado de San Diego, cerca del cruce fronterizo de Otay Mesa y rodeado por una prisión y un almacén de Amazon.
No obstante, es poco probable que esta adquisición ponga fin a las controversias sobre las condiciones y la supervisión del centro.
Las revisiones anuales realizadas por el Departamento de Justicia de California han sido críticas de las condiciones dentro de estas instalaciones, y una ley estatal firmada en 2024 otorga a funcionarios de salud pública la autoridad para realizar inspecciones sorpresa.
Sala de exámenes médicos en el Centro de Detención de Otay Mesa. (Foto de archivo cortesía del Departamento de Justicia de California).Otay Mesa se convirtió en un punto de conflicto relacionado con esa ley en marzo, cuando el condado de San Diego demandó a la administración Trump después de que supervisores del condado afirmaran que no se les permitió ingresar al centro junto con un inspector de salud. Posteriormente, un juez ordenó a CoreCivic permitir la inspección. El informe de esa visita aún no se ha publicado.
Sobre la compra
El DHS también adquirió el centro de detención California City, en el condado de Kern.
Según informes corporativos de 2025, esa instalación tenía un valor estimado de 71 millones de dólares. Sin embargo, el DHS pagó 733 millones, más de diez veces su valor estimado.
Los recursos para ambas compras provinieron de la llamada One Big Beautiful Bill Act, aprobada en julio de 2025, que otorgó al Departamento de Seguridad Nacional 191 mil millones de dólares para tareas de control migratorio, incluido un fondo de aproximadamente 45 mil millones destinado a ampliar la capacidad de detención migratoria.
Las preguntas sobre el costo de las adquisiciones surgieron de inmediato.
“Conozco bastante bien los valores inmobiliarios en Otay Mesa. He representado esa zona durante más de 30 años”, declaró el congresista demócrata Juan Vargas, de Chula Vista, a Times of San Diego. “Me parece una cifra ridículamente alta. Pensé que si las compraban serían por 200 o 300 millones de dólares, no más de 700 millones”.
Por su parte, Patrick Swindle, director ejecutivo de CoreCivic, afirmó que los 1,500 millones de dólares pagados por ambos centros constituyen “una valuación justa”.
Un portavoz del DHS aseguró que la compra se realizó para contrarrestar esfuerzos locales dirigidos a bloquear o restringir este tipo de instalaciones.
“Con la propiedad federal de estos centros de detención, que son cruciales para la red de ICE en la Costa Oeste, ICE conserva la capacidad necesaria para arrestar, detener y expulsar a extranjeros en situación migratoria irregular”, señaló la agencia.
El esfuerzo por ampliar la capacidad de detención
Con el objetivo declarado de realizar 3,000 arrestos migratorios diarios, la población bajo custodia de ICE alcanzó un récord histórico de 73,000 personas en enero de 2026.
Un memorando filtrado, redactado en febrero de 2026, reconocía que el aumento de arrestos requeriría necesariamente una expansión de la capacidad de detención.
El plan contemplaba comprar grandes almacenes en todo el país y convertirlos en centros de detención temporales capaces de albergar a inmigrantes durante meses.
El documento también mencionaba la compra de centros ya existentes, incluyendo la adquisición de 10 instalaciones “listas para operar” donde ICE ya mantenía operaciones.
El costo total proyectado del plan era de 38 mil millones de dólares.
Sin embargo, para junio de 2026, ICE abandonó la idea de reconvertir almacenes después de enfrentar varias demandas judiciales relacionadas con el impacto ambiental de esos proyectos.
Propiedad corporativa
Jason Houser, exjefe de gabinete de ICE durante la administración Biden, declaró a Times of San Diego que el acuerdo por 1,500 millones de dólares representa un reconocimiento implícito de que el plan original no funcionó.
Houser señaló además que existe una “puerta giratoria” entre ICE y la industria de prisiones privadas.
David Venturella, director interino de ICE, trabajó anteriormente como ejecutivo del Grupo GEO, otra empresa privada que opera centros de detención migratoria.
Houser considera que el control total sobre los centros de Otay Mesa y California City también facilitaría el objetivo de ICE de agilizar el proceso que va del arresto a la deportación.
Durante una conferencia en abril de 2026, Todd Lyons, entonces director de ICE, afirmó: “Necesitamos mejorar en tratar esto como un negocio, como Amazon Prime, pero con seres humanos”.
Nancy Hiemstra, profesora de la Universidad de Stony Brook especializada en centros de detención migratoria, afirmó que la compra no resulta sorprendente.
“ICE está dispuesta a pagar por encima del valor de mercado para acelerar las cosas”, explicó.
La venta podría dificultar la supervisión estatal y local
Hiemstra, coautora del libro Immigration Detention Inc.: The Big Business of Locking up Migrants, sostiene que la motivación principal del DHS no es la eficiencia, sino reducir la transparencia.
“Esto agrega capas de burocracia y hace más difícil que las personas puedan acceder a las instalaciones o saber qué está ocurriendo dentro”, señaló.
Debido a que los centros de Otay Mesa y California City ahora serán propiedad federal, es posible que autoridades estatales y locales pierdan la capacidad de realizar inspecciones de salud y seguridad, de manera similar a lo que ocurre con las prisiones federales.
“Podrían inventar cualquier excusa para impedir que entremos a supervisar”, advirtió Vargas.
Durante el último año, la preocupación por las condiciones dentro de Otay Mesa ha derivado en protestas semanales afuera del centro. Activistas utilizan altavoces y música a alto volumen con la esperanza de que los detenidos puedan escucharlos desde el otro lado de las rejas.
Un informe de 2026 del Departamento de Justicia de California detectó acceso insuficiente a atención médica para personas con enfermedades crónicas, problemas de higiene y hacinamiento tanto en Otay Mesa como en California City.
Consultado por Times of San Diego, el Departamento de Justicia de California afirmó que continuará monitoreando las condiciones de detención migratoria y exigiendo responsabilidades tanto a los operadores de los centros como a la administración Trump.
Hiemstra advirtió que sin supervisión externa las condiciones podrían deteriorarse rápidamente.
“Problemas que podrían resolverse con cuidados básicos pueden volverse mortales”, dijo.
Por su parte, Juan Vargas fue contundente:
“No me gusta la idea de tener ninguna de estas instalaciones, y mucho menos que el gobierno sea propietario de ellas”.
El congresista también destacó que la mayoría de las personas detenidas no tienen antecedentes penales.
“La mayoría son pintores, meseros y trabajadores comunes. No son criminales. No deberíamos tener estas malditas instalaciones para empezar”, afirmó.
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