Una enorme caja de basura de 40 yardas cúbicas se encontraba frente al 1461 de Hilger Street, en Encanto. Los desperdicios y escombros sobresalían por encima de la baranda. A menos de 40 pies de distancia había un cobertizo de madera deteriorado que, según los vecinos, funcionaba como un taller improvisado donde vehículos robados eran almacenados y desmantelados durante la noche. La vivienda de dos pisos ubicada junto al contenedor estaba rodeada de electrodomésticos y basura.
Al menos así era la escena hasta la mañana del miércoles, cuando el propietario, junto con la Policía de San Diego y agentes de cumplimiento de códigos municipales, realizó una limpieza masiva del inmueble, dos días después de que Times of San Diego solicitara comentarios sobre el estado de la propiedad. Según vecinos, ocupantes ilegales habían vivido allí y participado en actividades ilícitas durante casi ocho meses.
La vivienda y otra propiedad vecina también ocupada por invasores pertenecen a una empresa creada por Christian Spicer, cuyas compañías han estado entre las principales beneficiarias de las regulaciones de San Diego sobre las unidades de vivienda accesorias (ADU), consideradas entre las más permisivas de California.
Sus empresas se especializaron en transformar viviendas unifamiliares en complejos residenciales de gran tamaño aprovechando las reglas de ADU de la ciudad. Entre esos proyectos figura Chalcifica, en Pacific Beach, que habría convertido dos terrenos en un desarrollo de 136 unidades.
En un folleto para inversionistas de SDRE —empresa que posteriormente pasó a llamarse Infill Innovation— Spicer promocionaba un plan para convertir 53 viviendas unifamiliares distribuidas por San Diego en un total de 1,178 unidades habitacionales.
Según el documento, la adquisición de las 53 propiedades costó poco menos de 62.8 millones de dólares. Si todos los proyectos se hubieran desarrollado según lo previsto, Spicer estimaba ingresos superiores a 538.8 millones de dólares gracias a la construcción de más de 1,100 ADU, un aumento del 750%.
Sin embargo, el plan encontró obstáculos. Residentes de Encanto, Pacific Beach y College Area se opusieron a varios proyectos, retrasando su desarrollo. Algunos terminaron en los tribunales, incluido el proyecto Chalcifica, que fue suspendido temporalmente por un juez mientras se celebra un juicio.
A medida que más de una docena de proyectos de Spicer y empresas afiliadas permanecían detenidos, algunos inversionistas comenzaron a preocuparse. Al menos 10 han presentado demandas. La más reciente fue interpuesta por un jubilado que teme haber perdido una inversión de 812,000 dólares destinada a un proyecto de ADU en Encanto, dinero que esperaba dejar en un fideicomiso para su hijo con discapacidad.
Mientras algunos inversionistas recurren a los tribunales, vecinos que viven cerca de propiedades de Infill Innovation aseguran que su calidad de vida se ha deteriorado significativamente.
Muchos afirman haber visto cómo personas ocupaban ilegalmente casas vacías y traían consigo consumo de drogas, prostitución y redes de vehículos robados. Aunque han llamado a la policía en numerosas ocasiones, sostienen que poco se ha hecho para resolver permanentemente el problema.
Entrada de una casa en Encanto. (Foto de Dorian Hargrove/ Times of San Diego)Ocupantes ilegales en Encanto
En diciembre de 2025, la residente de Encanto Krista Fishman observó cómo un grupo de personas se instaló en dos viviendas contiguas cercanas a su hogar.
Durante las semanas siguientes, dijo, los ocupantes comenzaron a comportarse como propietarios: colocaron luces navideñas, estacionaron vehículos en las entradas y llenaron la alberca vacía de una de las propiedades.
Cobertizo donde presuntamente se almacenaban vehículos robados. (Foto: Dorian Hargrove / Times of San Diego)Fishman y otros vecinos dijeron a Times of San Diego que pronto observaron cómo las casas eran utilizadas como prostíbulos improvisados, talleres clandestinos para desmantelar autos robados y espacios para actividades relacionadas con drogas a plena vista.
“Vi a una niña de dos o tres años sola en medio de la calle un día”, relató Fishman. Ella y otro vecino permanecieron con la menor durante horas hasta que llegaron trabajadores de Servicios de Bienestar Infantil.
La niña fue reunida posteriormente con su familia, pero los problemas continuaron.
“Veo camionetas llenas de mujeres que son dejadas ahí y luego llegan hombres y se estacionan”, dijo Fishman. “Es obvio lo que está pasando”.
El vecino Eric Becerra describió haber observado vehículos dejar a mujeres vestidas con minifaldas, botas altas y blusas reveladoras. Minutos después, varios automóviles llegaban a la propiedad, lo que lo llevó a llamar a la policía al sospechar que se realizaban actividades de explotación sexual.
Los residentes aseguran que durante casi ocho meses ni Infill Innovation, ni su concejal, ni la policía, ni la ciudad hicieron lo suficiente para protegerlos.
Los registros muestran que el Departamento de Policía de San Diego recibió 37 llamadas relacionadas con estas propiedades desde enero. Los reportes incluyen invasión de propiedad privada, robo, allanamiento, agresión con arma mortal, alteración del orden público, narcóticos y la desaparición de un menor, entre otros incidentes.
“Me han acosado. Me han amenazado. Me han agredido. ¿Qué más pueden hacer?”, dijo Fishman. “¿Debo vender todo e irme? No. Esta es mi casa. Voy a seguir aquí y luchar para resolver esto”.
Lisa Becerra vive en una calle adyacente. Cerca de su vivienda se encuentra una de las entradas utilizadas para acceder a las dos propiedades de Infill.
Ella y su esposo fueron víctimas de robos en su vehículo y de equipo de trabajo. Además, llamaron a la policía para reportar tres vehículos presuntamente robados: un Mini Cooper negro y dos Acura Integra que los ocupantes intentaban ocultar cerca de un cobertizo deteriorado.
Vehículos supuestamente robados. (Foto: Dorian Hargrove / Times of San Diego)Residentes de distintas zonas de San Diego afirman estar enfrentando situaciones parecidas en otras propiedades vacías de Infill Innovations.
Vecinos consultados por Times of San Diego señalaron que varias propiedades permanecieron abandonadas durante largos periodos, se deterioraron y, en algunos casos, fueron ocupadas por invasores. Algunos reportaron incendios, robos a vehículos y otros delitos.
Relatos similares se han registrado en Chollas View, Skyline y Southcrest.
En un correo electrónico enviado a Times of San Diego, Doyle afirmó que la empresa está trabajando para resolver los problemas.
“Estamos al tanto de estas preocupaciones y seguimos manteniendo activamente todas nuestras propiedades”, escribió. “Cada vez que detectamos ocupantes no autorizados o somos notificados por vecinos, contactamos al Departamento de Policía de San Diego para retirarlos”.
Añadió que la empresa continuará vigilando agresivamente sus propiedades y atendiendo cualquier problema que surja.
Por su parte, el concejal Henry Foster III, cuyo distrito incluye Encanto, prometió colaborar con los vecinos para garantizar que los propietarios rindan cuentas.
Propiedad de Hilger Street asegurada con tablas tras el operativo. (Foto cortesía de Krista Fishman)“Los residentes merecen sentirse seguros en sus vecindarios y no es aceptable que las propiedades se conviertan en problemas permanentes de seguridad pública”, declaró Foster.
El portavoz municipal Richard Berg informó que la ciudad ya preparó notificaciones por violaciones al código para las dos propiedades de Encanto y que los inspectores habían estado monitoreando la situación desde mayo.
Aunque los residentes expresaron alivio tras el cierre de las viviendas, algunos temen que el problema vuelva a repetirse.
“Esto es precisamente lo que nos preocupa que ocurra ahora”, escribió Lisa Becerra, adjuntando una fotografía de un terreno baldío donde anteriormente existía una vivienda relacionada con propiedades de Spicer que terminó destruida por un incendio.
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