Por Marshall Cohen, Holmes Lybrand, Donie O’Sullivan, CNN
Los partidarios del presidente Donald Trump que intentaron anular las elecciones de 2020 se encuentran entre los que están ansiosos por beneficiarse potencialmente del fondo de compensación de US$ 1.800 millones destinado a las personas que, según la administración Trump, fueron víctimas de la “instrumentalización y la guerra jurídica” del Gobierno.
En entrevistas con CNN, los alborotadores condenados por los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021, los supuestos electores y los destacados negacionistas electorales dijeron que esperan acceder al enorme fondo, que consideran que debería haberse creado hace mucho tiempo.
“Ni siquiera puedo encontrar trabajo contestando el teléfono en un concesionario de motocicletas”, declaró Dominic Box, condenado por los disturbios del 6 de enero, quien pasó un año y medio en la cárcel esperando juicio y posteriormente fue indultado por Trump. “No encuentro la manera de mantenerme ahora mismo. Perdí mi carrera. Espero una compensación económica. La necesito. Esto será un gran alivio”.
El director ejecutivo de MyPillow, Mike Lindell, declaró a CNN que cree que su empresa perdió US$ 400 millones debido a lo que él considera una instrumentalización gubernamental tras las elecciones de 2020.
Fue quizás el principal promotor de acusaciones infundadas de fraude electoral, lo que provocó boicots de empresas, demandas por difamación e incluso la investigación del FBI.
“Yo diría que fuimos la empresa número uno del mundo perjudicada por nuestro propio Dobierno”, manifestó Lindell.
Un abogado de One America News, el canal pro-Trump que difundió falsas acusaciones de fraude electoral en 2020, también confirmó a CNN que la compañía está “considerando seriamente ejercer sus derechos en virtud de este fondo”.
Posteriormente, la mayoría de los grandes proveedores de cable cancelaron la suscripción a OAN, que además llegó a un acuerdo en varias demandas por difamación relacionadas con las elecciones de 2020.
Altos funcionarios de la administración Trump, incluidos el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Justicia interino Todd Blanche, han eludido las preguntas sobre si las personas condenadas por delitos relacionados con el 6 de enero, incluidas las personas que agredieron a la policía, deberían recibir parte de los fondos.
“Cualquiera puede presentar una solicitud”, respondió Blanche a los legisladores durante una audiencia presupuestaria el martes, señalando que incluso las personas que irrumpieron en el Capitolio pueden presentar solicitudes que serán revisadas por una comisión de cinco miembros que él mismo designará.
El fondo está abierto a un sector mucho más amplio de aliados de Trump, mucho más allá de las elecciones de 2020.
Entre los posibles beneficiarios podrían figurar personas que fueron objeto de escrutinio durante la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016, funcionarios de la administración Trump implicados en el juicio político contra Trump por el caso de Ucrania en 2019, y otros.
El primer demandante potencial conocido, el asesor de Trump, Michael Caputo, fue investigado por Mueller en parte debido a sus conexiones con funcionarios rusos.
Nunca fue acusado y exige US$ 2,7 millones en concepto de indemnización porque, según afirma, las investigaciones le causaron pérdidas económicas y de otro tipo a él y a su familia.
El exdirector del FBI, James Comey, bromeó en CNN diciendo que él también podría presentar una demanda, dado a que la administración Trump intentó, sin éxito, procesarlo por supuestamente mentir al Congreso y ahora ha presentado nuevos cargos alegando que una fotografía de conchas marinas en la playa que forman la frase “86 47” constituye una amenaza contra Trump.
“Se trata de compensar a las personas que han sido blanco del Departamento de Justicia por, según dicen, motivos personales, políticos o ideológicos”, declaró Comey a Jake Tapper de CNN. “Así que supongo que estaré en la fila. Espero estar por delante de quienes golpearon brutalmente a los policías y saquearon el Capitolio”.
El grupo más numeroso de posibles “víctimas” son las casi 1.600 personas acusadas en relación con la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos.
Todos ellos ya recibieron clemencia de Trump, en forma de indultos y conmutaciones masivas, que liberaron a cientos de convictos y pusieron fin a los procesos judiciales pendientes.
Pero el nuevo fondo de Trump cumple con un objetivo clave que muchos en la comunidad del 6 de enero han reclamado: la restitución.
“Esto ya debería haberse hecho hace mucho tiempo”, manifestó Box. “No está bien que los estadounidenses promedio y trabajadores sean tratados como un monstruo colectivo y destruidos”.
Box fue declarado culpable en 2024 de todos los cargos, incluidos los delitos graves, pero no fue acusado de violencia en el Capitolio. Después de que Trump concediera indultos masivos en 2025, el Departamento de Justicia desestimó el caso de Box antes de la sentencia.
Box, un graduado universitario que vive en Georgia, indicó que trabajaba como vendedor de coches antes del 6 de enero, pero que tuvo dificultades para encontrar trabajo después de la insurrección.
“El mercado automovilístico se disparó durante la pandemia”, comentó Box. “Debido a mi incapacidad para trabajar de cara al público, no pude acceder a esos ingresos. Conocía a personas que normalmente ganaban US$ 40.000 al año y que luego pasaron a ganar entre US$ 150.000 y US$ 200.000”.
Los abogados del exlíder de los Proud Boys, Enrique Tarrio, quien recibió la sentencia más larga para un acusado el 6 de enero, confirmaron a CNN que tiene la intención de solicitar el fondo.
Una de las caras más reconocibles del 6 de enero dijo que no piensa recurrir al fondo.
Jacob Chansley, más conocido como el “Chamán de QAnon”, declaró esta semana a CNN que espera recibir una indemnización a través de la demanda de US$ 40 billones que interpuso contra Trump, alegando todo tipo de conspiraciones gubernamentales.
Un juez desestimó el caso el año pasado. Sin embargo, Chansley, quien se representa a sí mismo, volvió a presentar la demanda, que tiene pocas probabilidades de éxito.
Chansley declaró a CNN el año pasado que había roto con Trump debido a la forma en que el presidente manejó el escándalo en torno al delincuente sexual Jeffrey Epstein.
Dos abogados que representaron a miembros de los Proud Boys y los Oath Keepers, acusados y condenados por conspirar para alterar los resultados de las elecciones de 2020, declararon a CNN que estudiarían la posibilidad de que sus clientes solicitaran los fondos.
Un abogado señaló a CNN que su cliente, miembro de los Oath Keepers, quien se hizo tristemente famoso por entrar al Capitolio en formación compacta vestido con ropa de camuflaje y atuendos paramilitares, “nunca volvió a ser el mismo” después de las investigaciones y los casos del 6 de enero, y que lucha por encontrar trabajo y reconstruir su vida.
Los “electores falsos” pro-Trump de 2020 también se beneficiarán del fondo, especialmente porque la mayoría de ellos se vieron envueltos en procesos judiciales.
Se trataba de 84 republicanos que firmaron certificados en siete estados clave, como Georgia y Michigan, proclamando falsamente que Trump había ganado en sus respectivos estados.
Esto formaba parte de una conspiración mayor, orquestada por la campaña de Trump, para anular la victoria de Joe Biden mientras el Congreso certificaba los resultados el 6 de enero de 2021.
Los fiscales demócratas de Michigan, Georgia, Wisconsin, Arizona y Nevada terminaron acusando a algunos o a todos los electores falsos de sus estados. La mayoría de esos casos fueron finalmente desestimados o quedaron estancados por apelaciones.
“Leer el anuncio fue un alivio emocional”, declaró a CNN Meshawn Maddock, uno de los electores republicanos de Michigan. “Me quedé sin dinero en el banco. Me enfrentaba a la posibilidad real de ir a prisión. El trauma para mis tres hijos y la idea de separarme de mis nietos nos afectó muchísimo”.
El año pasado, un juez desestimó los cargos contra Maddock y los demás electores falsos de Michigan por falta de pruebas suficientes de intención de infringir la ley.
Pero el caso civil contra la lista republicana sigue en curso y los gastos legales se acumulan. Kevin Kijewski, abogado del supuesto elector Clifford Frost, afirmó que algunos de los 16 acusados han gastado hasta US$ 300.000 y merecen una indemnización.
“Esta comisión es una buena idea”, declaró Kijewski. “Cliff pagó un precio a nivel personal, profesional y financiero. Su negocio inmobiliario aún no se ha recuperado desde que todo esto sucedió. Sus relaciones personales quedaron destruidas. El sobreseimiento de los cargos penales no compensa los honorarios legales ni repara el daño”.
Otro elector de Michigan, John Haggard, de 84 años, se encontraba hospitalizado para someterse a una cirugía cardíaca el día en que se retiraron los cargos en septiembre. Asistió a la audiencia judicial por Zoom, desde su cama de hospital, conectado a máquinas, según declaró Kijewski. Haggard falleció horas después.
“Esto le costó su tranquilidad, su dinero y, en cierta medida, su vida”, afirmó Kijewski.
Otros destacados negacionistas de las elecciones de 2020 podrían optar a recibir pagos.
Lindell, el asediado director ejecutivo de MyPillow, manifestó que el fondo era la forma que tenía Trump de “proteger a estas personas que fueron atacadas”.
Tras la derrota de Trump en las elecciones de 2020, Lindell fue una de las voces más críticas que difundieron afirmaciones falsas sobre el supuesto fraude en las máquinas de votación.
Esto derivó en varias demandas por difamación, incluida una en la que se le ordenó pagar US$ 2,3 millones en concepto de daños y perjuicios a un exejecutivo de Dominion Voting Systems.
Las demandas presentadas por Dominion y otra empresa, Smartmatic, siguen en curso.
La insistencia de Lindell en difundir teorías conspirativas sobre las elecciones después de 2020 provocó que importantes minoristas retiraran sus almohadas de sus estantes, y también generó un mayor escrutinio por parte de las fuerzas del orden: en 2022, el FBI confiscó el teléfono de Lindell.
La exsecretaria del Departamento de Justicia de Colorado, Tina Peters, también podría beneficiarse del nuevo fondo del Departamento de Justicia, e incluso la Casa Blanca mencionó su difícil situación.
Peters, de 70 años, se encuentra en prisión estatal por su participación en una conspiración criminal con algunos asociados de Lindell para manipular los sistemas de votación de su condado en 2021, con la esperanza de demostrar que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas.
Sin embargo, será puesta en libertad a principios del próximo mes, tras recibir la semana pasada una controvertida conmutación de pena por parte del gobernador de Colorado, Jared Polis, demócrata, que rápidamente provocó la condena de ambos partidos.
El vicepresidente J.D. Vance declaró el martes en una conferencia de prensa que considera que Peters es una “abuela inocente” que recibió una sentencia “completamente desproporcionada” y, por lo tanto, es “razonable que reciba alguna compensación”.
Uno de los abogados de Peters, John Case, declaró a CNN que el fondo del Departamento de Justicia era una “excelente noticia”, pero que aún no está claro cómo se tramitarán las reclamaciones.
Su equipo ha argumentado durante años que fue víctima de fiscales demasiado celosos y jueces parciales. Case señaló que una de sus condenas penales, en un caso aparte de desacato, ya fue anulada por un tribunal de apelaciones en 2024.
Un tribunal de apelaciones estatal confirmó recientemente las condenas por delitos graves de Peters en el caso de manipulación electoral.
Sin embargo, el tribunal anuló su sentencia y ordenó una nueva audiencia, al considerar que el juez de primera instancia basó indebidamente parte de la condena de Peters en su discurso protegido que promovía conspiraciones para las elecciones de 2020.
A quienes se oponen a la clemencia y a una posible indemnización para Peters, Case les preguntó: “Si un juez les dijera que irían a prisión durante nueve años por las palabras que usaron para criticar al Gobierno, ¿les parecería justo?”.
Es posible que los medios de comunicación afines a Trump que pagaron millones de dólares en acuerdos legales relacionados con las elecciones de 2020 ahora puedan solicitar un reembolso al Departamento de Justicia.
Chris Babcock, abogado de OAN, declaró a CNN que la compañía “está considerando seriamente ejercer sus derechos en virtud de este fondo y tomará una decisión en breve sobre si presentar o no una reclamación”.
OAN llegó a un acuerdo extrajudicial con Dominion y Smartmatic por montos no revelados. Los casos se originaron a raíz de que OAN promoviera mentiras flagrantes sobre máquinas de votación que supuestamente cambiaron millones de votos de Trump a Biden en 2020.
Los portavoces de Fox News y Newsmax no respondieron a las preguntas de CNN sobre si utilizarían los fondos del Departamento de Justicia.
Fox News pagó US$ 787 millones para resolver una demanda por difamación relacionada con 2020 interpuesta por Dominion. Newsmax pagó alrededor de US$ 107 millones para resolver demandas interpuestas por Dominion y Smartmatic.
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