Un juez federal indicó el miércoles que concederá una solicitud del Condado de San Diego para realizar una inspección de salud pública en el Centro de Detención de Otay Mesa, aunque señaló que algunas de las peticiones del condado —como incluir a legisladores locales en el equipo de inspección— requerirán argumentos adicionales.
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A principios de este año, el Condado de San Diego demandó al gobierno federal y a la empresa privada de prisiones CoreCivic, luego de que una coalición de legisladores —entre ellos las supervisoras del condado Terra Lawson-Remer y Paloma Aguirre— fuera bloqueada al intentar inspeccionar la instalación. Aunque el oficial de salud pública del condado sí tuvo acceso, funcionarios señalaron que esa revisión no incluyó el acceso a expedientes médicos, entrevistas confidenciales con los detenidos ni la evaluación de las políticas de salud del centro.
El juez federal James Simmons coincidió con el condado en que tiene autoridad para evaluar las condiciones de la instalación, pero calificó algunas de las solicitudes sobre el alcance de la inspección como “amplias y vagas”.
Entre ellas se encuentra la petición de permitir que “personas que no son expertas en la materia” participen en la inspección.
Abogados que representan al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos argumentaron en documentos judiciales que ICE determinó que los legisladores que previamente intentaron ingresar a la instalación “no eran profesionales de la salud pública con la experiencia adecuada para realizar inspecciones de salud y seguridad”.
Por su parte, los abogados del condado sostienen que el oficial de salud pública tiene la facultad de seleccionar a los integrantes del equipo de inspección.
Simmons otorgó a ambas partes un plazo de tres semanas para presentar escritos complementarios antes de emitir una decisión final. También solicitó más información sobre qué políticas y procedimientos del centro buscaría revisar el condado y cómo planea examinar a los detenidos.
Funcionarios federales argumentaron además que las solicitudes del condado para entrevistar a los detenidos y revisar sus expedientes médicos plantean preocupaciones de privacidad. Señalaron que, durante inspecciones previas del Departamento de Justicia, los detenidos firmaron exenciones de privacidad, un punto que, según ellos, el condado no abordó en su solicitud.
El condado negó que la entrega de exenciones de privacidad sea una práctica estándar. En sus documentos argumentó que, antes de otras inspecciones, se colocaron avisos en las áreas de alojamiento para informar a los detenidos que podían hablar con los inspectores si lo deseaban, una opción que —según el condado— no se les ofreció en intentos anteriores de inspección.
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