Por Anabella González, CNN en Español
Venezuela atraviesa un escenario “incierto y convulso” desde el pasado 3 de enero, dice la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, que este jueves presentó su primer informe tras la captura del presidente Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos.
“Las estructuras y alianzas represivas están mutando en un intento de adaptarse a la nueva realidad y mantener el poder”, señala la Misión Independiente de la Organización de las Naciones Unidas.
CNN envió una solicitud de comentarios al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Venezuela sobre estos señalamientos y espera respuesta.
María Eloísa Quintero y Alex Neve, nuevos miembros de la Misión, dieron un informe oral ante el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. El reporte comprende los meses desde septiembre de 2025 hasta la fecha. “Un período de mucha incertidumbre en el que hemos visto tanto cambios como continuidad”, dijo Quintero.
A ese periodo, la misión de la ONU lo dividió en dos fases: la primera, entre septiembre y diciembre de 2025, en la que hubo “continuidad de los patrones de graves violaciones de derechos humanos” ya señalados en investigaciones anteriores; y la segunda, tras la detención de Maduro y durante el actual Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Los expertos independientes dijeron que investigan “varios casos de tortura y violencia sexual y de género en centros de detención y casas de seguridad”, y agregaron que un tercio de las personas detenidas “eran familiares de los objetivos principales de los arrestos”, algo que CNN también ha reportado en varias oportunidades.
La Misión reiteró que la operación militar estadounidense en la que se produjo la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la primera dama Cilia Flores, “violó el derecho internacional”, y que, si bien tienen “motivos razonables” para creer que Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad, esto “no justifica una intervención militar ilegal” en el país.
Tanto Maduro como Flores se declararon inocentes de los cargos de narcotráfico y armas que enfrentan en Estados Unidos. En su primera audiencia en un tribunal de Nueva York, ambos acusaron al Gobierno estadounidense de haberlos secuestrado de su hogar en Caracas el sábado 3 de enero.
La posterior designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela y el inicio de la “segunda fase” que marca la ONU en su investigación, tuvo hasta el día de hoy “algunas acciones que se perfilaron como alentadoras”.
Para los expertos es “un acto positivo” que las autoridades pusieran en marcha un proceso de excarcelación masiva de personas detenidas por motivos políticos, pero advirtieron que la información resulta “inverificable”.
“No hay datos ciertos y únicos sobre la identidad y el número de los denominados presos políticos; las cifras oficiales sobre las personas encarceladas y excarceladas son problemáticas y no pueden ser corroboradas”, afirmó Quintero, un cuestionamiento que también han planteado varios organismos de derechos humanos, Foro Penal entre ellos.
La Ley de Amnistía, aprobada el 19 de febrero por la Asamblea Nacional de Venezuela, “es un instrumento positivo”, dicen los observadores independientes de la ONU, pero plantean algunas reservas.
Entre los reparos, señalan que la legislación no establece una amnistía general; que fue adoptada “en un plazo acelerado” sin un proceso consultivo que incluya a todos los sectores; y también que no reconoce la responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos, ni contempla “investigaciones independientes”, entre otros mecanismos.
La ley también ha generado cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos porque el Gobierno venezolano la considera una forma de perdón y asume a los presos políticos como culpables de delitos.
Entre el 20 de febrero y el 6 de marzo, se recibieron 12.233 solicitudes bajo la legislación, dijo el viernes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Las autoridades excarcelaron a 247 personas desde la vigencia de la Ley, mientras que a 7.407 se les otorgó libertad plena tras decaer los procesos en su contra.
Frente a los datos del Gobierno venezolano, los expertos señalan que no hay registros públicos oficiales de las causas y afirma que “cientos de personas” detenidas por motivos políticos continúan privadas de su libertad.
Hasta el 9 de marzo, Foro Penal informó que había registrado que más de 500 personas detenidas por motivos políticos seguían privadas de su libertad. El Gobierno de Venezuela, por su parte, ha negado que haya personas detenidas por razones políticas.
Pese al cambio de régimen en Venezuela, las perspectivas de garantías plenas para que se produzcan elecciones “libres y democráticas” siguen siendo remotas, considera el informe de la Misión.
“No existen indicadores sobre cambios o reformas estructurales” en las instituciones estatales, dice el reporte. “Se requiere un cambio mucho más profundo y duradero para que la ciudadanía pueda confiar en que los largos años de represión y violencia han llegado a su fin”.
Cerca de 8 millones de venezolanos dejaron su país en los últimos años por la crisis económica y la inestabilidad política, y muchos aún ven lejana la posibilidad de regresar a su tierra natal.
La delegación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU habló luego del informe que leyó Quintero y se refirió a una “campaña internacional de desprestigio” en contra del país.
“Fue precisamente la campaña internacional de desprestigio y el uso de mecanismos de hostigamiento, como esta Misión, lo que abrió las puertas aquel pasado 3 de enero sufriera una agresión militar”, señaló la delegación.
“Esta Misión no defiende los derechos humanos. (…) No reconocemos esta Misión, ni su mandato ni sus métodos, no esperamos nada de ella”, agregó la delegación venezolana.
El pueblo de Venezuela “se encuentra en paz bajo liderazgo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, habiendo resistido con dignidad cada agresión, cada medida coercitiva impuesta, incluida la acción ilegal militar del 3 de enero”, sostuvieron los representantes de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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