Mes tras mes, Patricia Hunter y otros miembros de la Coalición para la Reforma de los Hogares de Adultos Mayores (Nursing Home Reform Coalition) se conectaron por videollamada con representantes del Congreso en busca de apoyo para la propuesta de una norma federal que establecería una cantidad mínima de personal en estos establecimientos.
Finalmente, después de décadas de lucha y presión, en 2023 la administración Biden abordó el problema crónico de la falta de personal en los centros de cuidado a largo plazo.
Las autoridades respaldaron una norma de Medicare que exigía que cada residente recibiera al menos 3,48 horas diarias de atención, brindada por enfermeras y asistentes. Además, establecía que debía haber una enfermera calificada en el lugar durante las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Sin embargo, las horas obligatorias de cuidado resultaron ser menos de lo que esperaban quienes apoyaron la medida, dijo Hunter, directora del programa de defensoría de cuidados a largo plazo del estado de Washington. Pero explicó: “Soy una persona pragmática, así que pensé que era un buen comienzo. Y que tener una ley federal ayudaría a hacer cumplir la norma”.
En 2024, cuando los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) adoptaron estos estándares, los defensores celebraron. Sin embargo, luego, demandas de la industria bloquearon la mayor parte de la ley: dos cortes federales dictaminaron que Medicare se había excedido en sus atribuciones regulatorias.
Tras las elecciones de 2024, “me preocupaba el cambio de mando”, dijo Hunter. Sus preocupaciones estaban justificadas.
En julio, como parte de la ley republicana conocida como One Big Beautiful Bill Act, el Congreso prohibió que Medicare implementara los estándares de personal antes de 2034. En diciembre, los CMS revocaron los estándares por completo. Nunca llegaron a entrar en vigencia.
“Fue devastador”, lamentó Hunter.
Como ocurrió con la legislación medioambiental y la protección de los consumidores, el entusiasmo de la administración Trump por la desregulación ha deshecho normas para mejorar la atención a las personas mayores que se estaban esperando hacía tiempo.
Además, introdujo un programa experimental de Medicare con autorizaciones previas, que ya se está llevando a cabo en seis estados y ha generado alarma entre defensores, legisladores demócratas del Congreso y muchas personas mayores.
En conjunto, estas decisiones afectarán a muchos centros de cuidado y a trabajadores que prestan servicios de salud, y complicarán la cobertura médica en varios estados.
En lo que respecta a los hogares de adultos mayores, “está claro que los CMS no tienen interés en garantizar una dotación adecuada de personal”, dijo Sam Brooks, director de políticas públicas de National Consumer Voice for Quality Long-Term Care.
“Están derogando una regulación que podría haber salvado 13.000 vidas al año”, agregó Brooks, citando un análisis de investigadores de la Universidad de Pennsylvania.
Los grupos de la industria argumentaron que los hogares de adultos mayores, que tienen altas tasas de rotación de personal, ya se veían en dificultades para cubrir las vacantes.
El mandato exigía “que los hogares de adultos mayores contrataran a 100.000 cuidadores adicionales que simplemente no existen”, sostuvo Holly Harmon, vicepresidenta sénior de la American Health Care Association.
Esa organización fue una de las que presentaron las demandas que, en gran medida, terminaron anulando la norma. “Para cumplir con los requisitos, los centros se habrían visto obligados a limitar las admisiones, reducir su tamaño o incluso cerrar por completo”, agregó Harmon.
Para quienes apoyan la regulación, ahora la atención se centrará en actualizar los requisitos sobre el personal de estos hogares en los 35 estados, más el Distrito de Columbia, que ya tienen ciertos estándares. Y, también, en desarrollarlos en aquellos estados que aún no los tienen.
Reglas para ayuda en el hogar
En julio, la inesperada anulación de una segunda norma provocó una fuerte conmoción. El Departamento de Trabajo anunció el regreso a una política que excluye a los trabajadores que brindan cuidados en el hogar de la Ley federal de Normas Justas de Trabajo (Fair Labor Standards Act, FLSA).
Un poco de contexto: en la época del New Deal, la FLSA estableció que los trabajadores debían recibir el salario mínimo federal (actualmente 7,25 dólares por hora) y cobrar por las horas extra. Pero la ley excluyó a la mayoría de los llamados “trabajadores de servicios domésticos”. Recién en 1975 una norma del Departamento de Trabajo los incorporó, aunque dejó afuera a quienes se dedicaban al cuidado a domicilio.
“Hubo una mala interpretación del trabajo de cuidado en el hogar, como si fuera algo informal, no profesional, y sin calificación”, dijo Kezia Scales, vicepresidenta de PHI, una organización nacional de investigación y defensa. “Algo equivalente a una adolescente que cuida ocasionalmente niños. Alguien que pasa por la casa de tu mamá de vez en cuando y le hace compañía”.
Durante casi 40 años, los trabajadores y sus defensores lucharon por cambiar esa norma, ya que contribuía a los bajos salarios y escasos beneficios de una fuerza laboral en rápido crecimiento, compuesta en su mayoría por mujeres y personas de grupos minoritarios, con una gran presencia de inmigrantes.
En 2013, el Departamento de Trabajo respondió con una norma que incorporó a las trabajadoras de cuidado en el hogar a la ley laboral, dándoles derecho al salario mínimo, al pago de hora y media por las horas extra, y a que se les pagara el tiempo de traslado entre un cliente y otro.
Después de que las demandas de la industria no lograran revertir la medida en los tribunales, “todo se estabilizó y estuvo en vigor sin problemas durante una década”, explicó Scales.
Sin embargo, cada año trabajadoras de cuidado en el hogar presentaban cientos de denuncias por incumplimiento. En el 87% de los casos, el Departamento de Trabajo encontró violaciones a la ley laboral, según un informe de 2020 de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno.
Desde 2013, las agencias que emplean personal de atención en el hogar debieron pagar unos $158 millones en salarios atrasados, según cálculos de PHI.
Repentinamente, en julio de 2025, el Departamento de Trabajo anunció que volvería a las regulaciones de 1975 y anularía la norma de 2013, argumentando que había tenido “efectos negativos en la práctica” y dificultado el acceso al cuidado para las personas.
Las agencias que emplean a la mayoría de las trabajadoras, financiadas principalmente a través de Medicaid, coincidieron en esa postura. “Muchas nunca obtuvieron ningún beneficio con esto”, señaló Damon Terzaghi, vicepresidente de la National Alliance for Care at Home.
“Los estados hicieron muchos cambios para, básicamente, desligarse de toda responsabilidad”, comentó. Un informe federal de 2020, por ejemplo, comprobó que 16 estados habían puesto un tope de 40 horas semanales a la atención en el hogar cubierta por Medicaid, para evitar así tener que pagar horas extra.
La alianza, que calcula que el número de agencias y empresas afectadas se redujo en un 30% desde 2013, respaldó la anulación de la norma.
Por el contrario, Scales, que espera que el Congreso actúe, calificó la medida como “un retroceso impactante”.
En lo que sí hay consenso es en que Estados Unidos nunca se ha comprometido realmente a financiar de manera adecuada el cuidado a largo plazo en el hogar. Con la legislación aprobada en julio —que abre la puerta a un recorte de $914.000 millones a Medicaid durante la próxima década—, resulta poco probable que esa situación cambie en el corto plazo.
El “arbitraje” de IA en Medicare
Además de eliminar políticas relacionadas con el cuidado de las personas mayores, la administración Trump ha establecido un programa piloto que introduce un elemento nuevo en Medicare tradicional: la autorización previa, utilizando inteligencia artificial.
Presentado como una medida a favor del contribuyente, Medicare lo llama WISeR, por sus siglas en inglés: Wasteful and Inappropriate Service Reduction (Reducción de Servicios Innecesarios e Inapropiados).
La autorización previa, mediante la cual las aseguradoras privadas revisan los tratamientos propuestos antes de aprobar su pago, es común en los planes de Medicare Advantage, a pesar de las objeciones de pacientes, médicos y organizaciones de salud. En cambio, casi no se ha aplicado en el Medicare tradicional.
Así y todo WISeR está comenzando a implementarse en seis estados (Arizona, New Jersey, Ohio, Oklahoma, Texas y Washington) como parte de un programa piloto de seis años, para evaluar si la revisión a cargo de empresas tecnológicas puede reducir costos y mejorar la eficiencia, sin afectar —y hasta tal vez mejorar— la calidad de la atención.
Inicialmente, WISeR se enfocará en 17 productos y servicios que, según los CMS, “históricamente han tenido mayor riesgo de desperdicio, fraude y abuso”. La lista incluye artroscopía de rodilla para artritis, dispositivos de estimulación nerviosa para varias afecciones y tratamientos para la disfunción eréctil.
El programa piloto excluye los servicios de emergencia, la atención hospitalaria o tratamientos cuyo retraso represente “un riesgo considerable”. Los rechazos basados en algoritmos deberán ser revisados por “un profesional clínico humano con la licencia correspondiente”.
Las empresas tecnológicas recibirán “una parte de los gastos que se eviten”. “Esto introduce lo peor de Medicare Advantage en Medicare tradicional”, dijo David Lipschutz, codirector del Center for Medicare Advocacy.
Las seis empresas que aprueban o rechazan tratamientos “tienen un interés financiero en los resultados”, dijo, y por lo tanto “un incentivo para negar los cuidados”.
Además, el Centro de Innovación de CMS, que supervisa el programa piloto, podría, en teoría, eludir el Congreso y extender la autorización previa a más servicios médicos en más estados.
La agencia no respondió preguntas sobre qué tipo de profesionales humanos revisarían las respuestas negativas, salvo que tendrían “experiencia relevante” y que las empresas tecnológicas serían “sancionadas financieramente por rechazos inapropiados, altas tasas de apelación o bajo desempeño”.
El programa prevé una “evaluación independiente, financiada con fondos federales” y la publicación de informes públicos anuales.
Legisladores demócratas presentaron proyectos de ley en ambas cámaras del Congreso para revocar WISeR. “Deberíamos reducir la burocracia en Medicare, no crear nuevos obstáculos que pongan en duda el criterio de los profesionales de la salud”, dijo la representante Suzan DelBene, del estado de Washington, una de las impulsoras de la iniciativa.
Por ahora, sin embargo, WISeR ya está en marcha y recibe solicitudes de autorización previa a través de sus portales electrónicos.
“The New Old Age” es una producción realizada en colaboración con The New York Times.
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