Por Isabelle Khurshudyan, Zachary Cohen y Kylie Atwood, CNN
La administración Trump se está preparando para utilizar contratistas militares privados para proteger los activos de petróleo y energía en Venezuela en lugar de desplegar tropas estadounidenses, según dos fuentes familiarizadas con los planes.
La iniciativa representa un beneficio potencial para las empresas de seguridad con experiencia en la región y vínculos con la administración.
Si bien el presidente Donald Trump no ha descartado una posible presencia militar estadounidense en Venezuela, fuentes cercanas al mandatario afirman que se muestra receloso de mantener tropas del Pentágono sobre el terreno durante un período prolongado.
Esto plantea un posible problema para la Casa Blanca tras la captura del presidente derrocado Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
Mientras presiona a las grandes compañías petroleras para que reinviertan en la debilitada industria petrolera de Venezuela, la administración debe convencerlas de que puede brindarles el tipo de garantías que necesitarán para operar allí con seguridad, no solo durante meses, sino durante años.
Reanudar la producción petrolera del país será clave para la visión de Trump de una Venezuela pos-Maduro. Pero hacerlo requerirá un plan claro sobre cómo proteger los valiosos activos petroleros de los cárteles de otros actores hostiles en medio del vacío de poder creado por Trump al tomar el poder en la nación sudamericana.
Las conversaciones sobre cómo asegurar esos activos se encuentran en sus primeras etapas, según fuentes.
Aun así, varias empresas de seguridad privada ya compiten para involucrarse en la presencia estadounidense en Venezuela, informó otra ersona familiarizada con el asunto.
El interés es alto dado el potencial de ganancias. Durante la guerra de Iraq, Estados Unidos gastó unos US$ 138.000 millones en contratistas privados de seguridad, logística y reconstrucción.
La semana pasada, el Departamento de Defensa emitió una solicitud de información a los contratistas sobre su capacidad para apoyar posibles operaciones militares estadounidenses en Venezuela, de acuerdo con la fuente.
Los contratistas también están en contacto con la oficina de operaciones de construcción en el extranjero del Departamento de Estado para manifestar su interés en brindar seguridad en caso de que la embajada estadounidense en Venezuela reabra sus puertas.
El Pentágono se negó a hacer comentarios para esta historia.
Queda por ver qué empresas serán finalmente seleccionadas para esos puestos de seguridad, pero una fuente familiarizada con la situación señaló que varias ya están bien posicionadas.
Entre ellas, según la fuente, se encuentra Grey Bull Rescue Foundation, un grupo de veteranos de las fuerzas especiales estadounidenses que ayudó a la líder opositora y premio Nobel María Corina Machado a escapar en secreto de Venezuela el año pasado.
“Creo que es un poco prematuro, pero se está hablando de ello”, declaró Bryan Stern, fundador de Grey Bull, sobre el posible trabajo de contratistas militares privados en Venezuela.
Stern, quien dirigió la operación para extraer a Machado de forma encubierta, afirmó que Grey Bull lleva meses operando en la región.
“La inversión extranjera regresa, y cuando lo hace, trae consigo a un montón de SEALs de la Marina, Boinas Verdes y ninjas para mantenerlos con vida y a salvo”, señaló Stern. “Será muy parecido a eso en Venezuela”.
Recurrir a contratistas privados sin duda generará escrutinio. Durante las últimas dos décadas, Estados Unidos ha dependido en gran medida de estas empresas, especialmente durante el apogeo de la guerra de Iraq.
Sin embargo, estos se vieron empañados por la controversia, desde la muerte de civiles iraquíes hasta las acusaciones de especulación con la guerra.
Una fuente sugirió que Erik Prince, exfundador de Blackwater y controvertido aliado de Trump, también podría recibir ayuda.
Blackwater, la empresa de Prince, desempeñó un papel crucial en Iraq tras la invasión estadounidense de 2003, proporcionando seguridad, logística y apoyo a la infraestructura petrolera.
Sin embargo, la empresa fue objeto de un intenso escrutinio tras el tiroteo mortal de civiles iraquíes en 2007.
En respuesta a la solicitud de CNN de comentarios sobre su posible participación en los planes de la administración para Venezuela, Prince respondió: “Ningún comentario a CNN. Nunca”.
Desde la captura de Maduro, la administración Trump se ha encontrado con cierta resistencia por parte de las grandes petroleras a la hora de volver a invertir en Venezuela.
El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, declaró a Trump en una reunión en la Casa Blanca la semana pasada que el mercado venezolano es “no invertible” en su estado actual.
Desde entonces, Trump ha declarado que ahora se siente “inclinado” a mantener a Exxon fuera de Venezuela debido al comentario de Woods.
Los analistas dijeron que esperaban que las principales compañías petroleras procedieran con cautela hasta que la administración pueda abordar los desafíos de seguridad que se espera que enfrenten mientras operan en el país con los restos del régimen de Maduro aún a cargo.
Bob McNally, presidente de Rapidan Energy, una consultora con sede en Washington, afirmó que las compañías petroleras estadounidenses se preguntarán si su personal puede trabajar allí de forma segura. E incluso si pueden hacerlo ahora, ¿seguirá siendo así después de que Trump deje el cargo dentro de tres años?
“Si enviamos equipos allí, ¿podemos ir al campo o nos matarán?”, continuó McNally. “¿Es siquiera un país lo suficientemente estable como para que podamos ir allí y simplemente empezar a explorar y hablar con la gente?”
Desde hace mucho tiempo se ha esperado que los contratistas militares privados desempeñen un papel importante en la protección de los intereses estadounidenses en Venezuela una vez que Maduro fuera derrocado del poder.
Una de las fuentes familiarizadas con los planes de la administración comentó a CNN en agosto, antes de que comenzaran las operaciones militares en el Caribe alrededor de Venezuela, que probablemente se recurriría a contratistas para brindar seguridad si Maduro era finalmente derrocado, particularmente durante el período de transición a un nuevo Gobierno, que se espera que tome algún tiempo.
“Si hubiera un cambio, Estados Unidos se involucraría para garantizar la protección de nuestros activos y, de alguna manera, también la democracia allí”, indicó la fuente, señalando que contratistas privados probablemente ayudarían en ese aspecto. “Tenemos muchos activos allí, especialmente Chevron, que valen miles de millones de dólares”.
“La presencia estadounidense no significa necesariamente presencia militar estadounidense, sino algún tipo de presencia con seguridad”, añadió la fuente.
La administración Trump ha recurrido recientemente a contratistas militares privados para brindar seguridad sobre el terreno como parte de sus iniciativas de política exterior, con resultados dispares.
El año pasado, en Gaza, la Fundación Humanitaria de Gaza, que recibió apoyo de EE.UU., fue ampliamente criticada por grupos humanitarios por utilizar personal armado de una empresa de seguridad estadounidense en su centro de distribución de alimentos.
En Venezuela, el objetivo a corto plazo parece ser un poco diferente. Si bien Trump ha declarado públicamente que Estados Unidos se “incautará” del petróleo allí, múltiples fuentes han declarado a CNN que la verdadera intención es suprimir el flujo de crudo ilícito a adversarios estadounidenses como Rusia, China, Irán y Cuba.
Parte del plan requiere garantizar que el petróleo que actualmente está almacenado en Venezuela permanezca allí, comentaron las fuentes, lo que sería parte de la misión de seguridad de los contratistas privados si las empresas estadounidenses alguna vez vuelven a ingresar al país en medio de la transición política en curso.
A diferencia de otros casos en los que se han utilizado contratistas militares privados en conjunto con fuerzas estadounidenses, las empresas en Venezuela se centrarían en gran medida en proteger la infraestructura petrolera y no en asegurar el país o proteger al Gobierno actual.
Las principales compañías petroleras ya hacen un uso extensivo de fuerzas de seguridad privadas en todo el mundo para proteger cosas como pozos y oleoductos en lugares remotos, pero los analistas advirtieron que la situación en Venezuela podría ser particularmente volátil y los activos energéticos podrían convertirse en objetivos de represalias si hay una ofensiva contra los grupos criminales que trafican drogas en la región.
Venezuela ha tenido durante mucho tiempo una alerta de viaje de Nivel 4 del Departamento de Estado, lo que significa “No viajar” allí, debido a “graves riesgos para los estadounidenses, incluyendo detención injusta, tortura en detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y mala infraestructura de salud”, según una publicación reciente del Departamento de Estado en X.
El aviso más reciente, publicado después de que una delegación del Departamento de Estado visitara el país el fin de semana pasado, también instó a los estadounidenses allí a irse “inmediatamente” y tener cuidado con las milicias armadas en las calles.
Las milicias, conocidas como colectivos, son solo una de las posibles amenazas para el personal de las compañías petroleras estadounidenses y los activos energéticos en el país, afirmó Theodore Kahn, analista principal sobre Venezuela de la consultora Control Risks.
Las facciones de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) también están presentes en Venezuela, y su principal interés sería mantener sus rutas de narcotráfico, añadió Kahn.
Si hay una mayor presión sobre esos grupos y sus actividades por parte de las fuerzas militares estadounidenses o del nuevo Gobierno venezolano, podrían atacar la infraestructura petrolera estadounidense en represalia, sañaló Kahn.
“Creo que estaríamos viendo una situación bastante volátil, y los activos energéticos de Estados Unidos serían un objetivo”, indicó, y agregó que Chevron, la única gran compañía petrolera estadounidense que extrae petróleo activamente en Venezuela, tiene un campo en el oeste del país, donde el ELN tiene una presencia significativa.
Parte de esta indecisión [de las compañías petroleras] en torno a la seguridad se debe precisamente a si podemos confiar en las fuerzas de seguridad venezolanas, cuestionó Kahn. “Bueno, no creo que muchas compañías petroleras se sientan muy seguras con la idea de que el ejército venezolano siga protegiendo y salvaguardando sus operaciones, dada la dinámica actual”.
Evan Ellis, profesor de investigación de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, apuntó que ha hablado con empresas chinas que han estado haciendo negocios en Venezuela y lo describió como “una pesadilla” para ellas debido a preocupaciones de seguridad.
“Si se empieza a imponer cierto orden, si se empieza a incorporar a petroleras estadounidenses y similares, se podría alterar el orden establecido de algunos corruptos”, indicó Ellis. “Así que sí, podría necesitarse empresas de seguridad privada”.
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