Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español
El presidente Donald Trump impuso desde el primer día de su segundo mandato una renovada atención de EE.UU. en América Latina como no se veía en décadas, en un giro estratégico que opta por el garrote antes que la zanahoria, frente a una región que encuentra dificultades para presentar una respuesta sintonizada.
El cambio está marcado por las deportaciones masivas, una confrontación con líderes regionales no alineados con Washington, un fuerte acercamiento a gobernantes con sintonía ideológica, la intervención en procesos electorales, los ataques a supuestas embarcaciones de narcotráfico en el Pacífico y el Caribe y las amenazas directas al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Luego de décadas en las que la atención de Washington estuvo concentrada en Europa, Medio Oriente y Asia, la Casa Blanca revitalizó, a través de la práctica y de su nueva doctrina de seguridad nacional, la Doctrina Monroe, que demarca su zona de influencia y sobre la que Trump busca construir su propio corolario, cuando China ya se convirtió en el principal socio comercial de Sudamérica.
Desde la elección como secretario de Estado de Marco Rubio, considerado un halcón en su visión sobre los gobiernos de izquierda de América Latina, al rápido desmantelamiento de USAID, una agencia clave para la asistencia exterior, la Casa Blanca dejó claro la forma en la que se aproximaría a la región en los meses siguientes. Hasta ahora, solo recibió a un líder latinoamericano en el Despacho Oval, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mientras que otros solo consiguieron breves reuniones, como el presidente de Argentina, Javier Milei, o el de Ecuador, Daniel Noboa.
La segunda presidencia de Trump representa un “asertivo pero desordenado” regreso a la Doctrina Monroe, “dentro de la cual el control hemisférico es visualizado como un imperativo de seguridad nacional”, dijo a CNN el exdiplomático venezolano Alfredo Toro Hardy, miembro del Comité de Expertos del Centro Bellagio de la Fundación Rockefeller.
El investigador explicó que el objetivo es “recuperar a la región como esfera de influencia natural de los Estados Unidos es lo fundamental”.
El desorden que menciona Toro Hardy fue expresado en algunas contradicciones de las decisiones de Trump. Eduardo Gamarra, docente de ciencias políticas en la Universidad de la Florida (FIU), comentó: “Es difícil descifrar si hay una estrategia norteamericana para la región. Está buscando un cambio de régimen en Venezuela, aunque dice que combate al narcotráfico, pero indulta a Juan Orlando Hernández (expresidente de Honduras condenado por narcotráfico). Se pelea con México y al final cambia de opinión, lo mismo con Canadá”, repasó. “Dentro del Departamento de Estado (de EE.UU.) hay mucho interés en la región. ¿Eso es bueno o malo? Lo vamos a determinar a futuro”, dijo el analista.
En sus primeras semanas, Trump designó como organizaciones terroristas extranjeras a una serie de grupos criminales latinoamericanos, entre ellos varios cárteles mexicanos, una declaración que podría preceder al uso de la fuerza militar estadounidense en suelo mexicano.
Por esta escalada de tensiones, junto a las amenazas de aranceles, la relación entre EE.UU. y México estaba en uno de sus peores momentos en varias décadas. “En marzo estaba muy latente la posibilidad de la intervención militar. Eso no ha desaparecido, está presente”, subrayó Abelardo Rodríguez, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana, quien destacó las medidas de la presidenta Claudia Sheinbaum para afinar la cooperación. “Hizo una serie de ajustes que le dieron resultados, como la entrega de personas vinculadas al crimen organizado, la mejora de la coordinación y un cambio de estrategia de inteligencia táctica. Logró contener este punto de inflexión que veíamos en marzo”, agregó, y resaltó que la mandataria “se desmarcó de una confrontación directa” e intentó dar resultados puntuales en materia de narcotráfico e inmigración.
México entregó a EE.UU. a varios capos de alto perfil, como Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, y los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales. La extradición como herramienta de EE.UU. para reforzar su narrativa de seguridad también la llevó a Ecuador, quien envió Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de la banda criminal Los Choneros. Rubio elogió a Noboa, afín a Trump, como un socio regional “para hacer que la región sea más fuerte y segura”.
En agosto, Trump lanzó un despliegue naval en el Caribe y, en septiembre, comenzó a atacar barcos que, según EE.UU., llevaban drogas hacia su territorio, aunque continúa sin presentar evidencias al respecto. Más de 20 embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico fueron bombardeadas, con un saldo de más de 100 muertos ejecutados extrajudicialmente, lo que ha sido criticado por líderes de la región como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que los califica de “asesinatos”, mientras otros países latinoamericanos afines a Washington apoyan el despliegue militar.
“Si el objetivo es parar el narcotráfico, esa estrategia no sirve”, comentó Gamarra. “No es un buen resultado y hay serios cuestionamientos, incluso referidos a crímenes de lesa humanidad”, advirtió. Funcionarios del Gobierno de Trump han cambiado varias veces las versiones sobre los ataques, en especial sobre el primero, que tuvo una segunda intervención que acabó con los sobrevivientes.
Irene Mia, investigadora para América Latina del centro de estudios Instituto Internacional para Estudios Estratégicos, califica la política de Trump para la región como insular, cortoplacista y con una agenda “fundamentalmente negativa, enfocada sobre los riesgos de seguridad que vienen de la región, ya sea el narcotráfico o la migración masiva”. Sin embargo, destaca que la declaración de cárteles como grupos terroristas sí podría tener un aspecto beneficioso, pero que no ha sido utilizado.
“(La designación) le da al Gobierno poderes muy grandes con lo que tiene que ver la parte económica de estos grupos, como aplicar sanciones, captar recursos”, explicó, aunque lamentó que hasta ahora la única medida notoria en ese sentido fue la sanción de tres entidades financieras mexicanas.
“Lo que vemos de crimen organizado es transnacional, son grupos poderosos y diversificados. La militarización no funcionó en el pasado y menos ahora, porque pueden moverse de un mercado a otro. Hay que atacar sus finanzas, eso podría cambiar las dinámicas”, sostuvo. En cuanto a Trump, comentó que es “muy controversial” y ello dificulta las tareas de inteligencia y cooperación.
Con respecto a un posible ataque contra cárteles en México, Mia analizó: “Trump se dio cuenta que es mucho más difícil atacar en un país vecino donde hay relaciones económicas mucho más fuertes, con poder militar. No sería fácil”. Aunque las tensiones de EE.UU. con su vecino del sur habían bajado en los últimos meses, hacia fin de año Trump volvió a hablar de la posibilidad de realizar ataques en territorio de México y también en Colombia, mientras persiste la expectativa por las maniobras en torno a Venezuela.
La retórica antiinmigrante que Trump expresó desde antes de su primer mandato se plasmó sin titubeos este 2025 en una campaña de deportaciones masivas, retiro de protecciones a residentes extranjeros y un endurecimiento general de las políticas del área, para frenar lo que considera una “invasión”.
El Gobierno anunció a finales de octubre que deportó más de medio millón de personas desde que inició el segundo mandato de Trump. La última vez que la agencia registró tantas deportaciones ocurrió durante la presidencia de Barack Obama, cuando alrededor de 316.000 personas fueron expulsadas en el año fiscal 2014. Además, informó que otros 1,6 millones de personas salieron voluntariamente del país.
Trump declaró, al volver a la Casa Blanca, la emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos y con el correr de los meses fue emitiendo una larga lista de medidas que defendió en los tribunales ante impugnaciones de varios grupos.
Puso fin a programas como el parole humanitario, que otorgaba estatus legal a más de 500.000 migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua; el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Venezuela, Haití y Honduras, entre otros; inició una campaña de deportaciones en aviones militares, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar el proceso; y envió a cientos de venezolanos a la megacárcel salvadoreña Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), rechazando acusaciones de que los deportados no tenían ningún vínculo con grupos criminales.
También terminar con la ciudadanía por nacimiento en EE.UU., una práctica de casi 160 años garantizada por la 14ª Enmienda de la Constitución de ese país, que otorga la ciudadanía a cualquier persona nacida en suelo estadounidense. Desplegó militares para aumentar las redadas en varias ciudades del país y dispuso que las autoridades federales de inmigración puedan llevar a cabo acciones de cumplimiento de la ley en lugares como iglesias, escuelas y sus alrededores. Además, puso más dificultades para las vías legales de inmigración, como la detención de decisiones de casos de asilo y la suspensión de solicitudes de 19 países “de preocupación”, entre ellos Venezuela, Cuba y Haití.
“La dirección que está tomando el Gobierno es la de ‘no queremos más inmigrantes latinoamericanos’, eso queda clarísimo. Con la revisión del TPS, dicen ‘no queremos una inmigración masiva, controlada’”, comentó Gamarra, quien advirtió sobre los efectos en el mercado laboral. “Es una gran paradoja, ya se está viendo en estados como Florida, que dependen de esta fuerza en sectores como la construcción o el agrícola, hotelero. Impacta de manera muy directa”, afirmó.
Por su parte, Rodríguez consideró que EE.UU. pasa “por una reestructuración radical” que replantea todos los esquemas migratorios y también advirtió por los efectos en la oferta de trabajadores. “Esto ocurre con una insuficiencia de información. No se ve una estrategia sofisticada, sino una reacción ideológica”, dijo.
En tanto, algunos gobiernos como los de Ecuador y Paraguay, que firmaron acuerdos de terceros países seguros, así como El Salvador, que llegó a un acuerdo para recibir a deportados, sacaron provecho de la situación para congraciarse con Washington.
“Hay un elemento de teatro” en la campaña de deportaciones, afirmó Mia, quien alertó sobre el impacto cíclico de las medidas, que a la larga pueden generar mayores llegadas a Estados Unidos, pese al impacto disuasivo. “Los flujos migratorios han bajado, ¿pero hasta cuándo? Son determinados por cuestiones económicos, no sé qué tanto puedan sostenerse a largo plazo”, señaló. “Algunas medidas van a causar más miseria en los otros países. Si cortas las remesas, es un problema más grave, va a exacerbar la situación y sacar otro mercado para los grupos criminales”, explicó.
Trump ya calificaba a Maduro como un “dictador” desde antes de volver a la Casa Blanca, pero pasó de la retórica a las acciones concretas. Ahora asegura que Nicolás Maduro “tiene los días contados”, mientras elabora planes en caso de que se concrete su salida del poder.
Desde el aumento de la recompensa por la captura de Maduro, sanciones económicas, la autorización a la CIA a operar dentro de Venezuela, el envío de un portaaviones al Caribe, los ejercicios militares a pocos kilómetros de la costa venezolana, la presión de Washington es inédita para las últimas décadas. Además, declaró al denominado Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, un grupo del que Caracas niega su existencia.
“Es un despliegue militar que no vemos desde la invasión a Panamá”, afirmó Juan Negri, director de las carreras de Ciencia Política y Gobierno y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), quien advirtió que las consecuencias serían de alto impacto en gran parte de la región.
“Es evidente que (Estados Unidos) está pensando la manera de generar un cambio de régimen. No va a hacer una intervención terrestre, espero que sean lo suficiente sagaces para que no pase. Podría ser desestabilizador como lo que ocurrió en el norte de África (cuando cayeron varios gobiernos durante la Primavera Árabe), aunque a otro nivel. Hay muchas fuerzas de seguridad frente a una eventual intervención, aumentaría los niveles de violencia con un efecto cascada a países vecinos”, señaló. Además, dijo que medidas como un bloqueo naval o el cierre del espacio aéreo ya podrían poner más presión migratoria sobre los países vecinos.
“¿Si se da un bombardeo, a dónde va a ir la gente?”, se preguntó Gamarra. “A Brasil, a Colombia y otros países. Pero eso no le importa a Washington, con tal de que no vengan acá (EE.UU.), tampoco va a ayudar a resolver las crisis migratorias”, afirmó el profesor de la FIU. “Un cambio de régimen no es una estrategia, ¿qué hacemos con una Venezuela post Maduro?”, se preguntó.
Hasta ahora, Washington no habló plazos específicos y Trump, que tuvo una llamada con Maduro, ha evitado trazar líneas rojas.
Para Rodríguez, de la Universidad Iberoamericana, EE.UU. está optando por “una intervención militar que podría terminar de romper la ecuación de dinámicas en el continente americano: el futuro de la cooperación, el intercambio de información, el desarrollo de buenas prácticas”.
La campaña militar para presionar a Maduro, que había perdido aliados tras las elecciones presidenciales de 2024 con resultados no divulgados en detalle ni reconocidos por la oposición, volvió a tener algunos puentes de diálogo con países clave para su diplomacia, como Colombia y Brasil. También el papa León XIV, quien pasó varios años como misionero y obispo en Perú, instó a Washington a no incursionar en Venezuela. En tanto, los Gobiernos de Argentina, Ecuador y Paraguay también declararon grupo terrorista al Cartel de los Soles, en apoyo a la presión de Washington.
Para Mia, la clave de esta tensión es la seguridad energética de Estados Unidos ante los inmensos recursos petroleros de Venezuela. “En todos los teatros de conflicto donde se ha involucrado, está la idea de minerales críticos o fuentes de energía. En Venezuela, al final la idea de cómo negociar con Maduro o Machado sobre el control del petróleo y minerales es una de sus consideraciones”, afirmó.
En diciembre, Trump ordenó un “bloqueo total” a petroleros sancionados que lleguen y salgan del país sudamericano y sugirió que Venezuela entregue tierras, petróleo y activos a Estados Unidos, lo que fue calificado por Caracas como “una amenaza temeraria y grave”.
Las reservas petroleras de Venezuela son las más grandes del mundo, pero operan muy por debajo de su capacidad, afectadas por falta de mantenimiento y sanciones internacionales. Una porción de las exportaciones va a Estados Unidos, gracias a una licencia, pero buena parte es enviada a China.
En la nueva estrategia de seguridad que publicó EE.UU., en su sección para América Latina, el documento habla de trabajar con aliados para expandir la presencia estadounidense, pero es quizás más importante lo que no menciona directamente en ese capítulo: la presencia de China en la esfera de influencia de Washington. “Algunas influencias extranjeras serán difíciles de revertir, dada la alineación política entre ciertos gobiernos latinoamericanos y ciertos actores extranjeros”, reconoció el Gobierno estadounidense. “Queremos que otras naciones nos vean como su socio de primera elección, y desalentaremos (por diversos medios) su colaboración con otros”, agregó el texto.
Panamá fue uno de los primeros países envueltos en la disputa entre EE.UU. y China este año. Trump afirmó sin pruebas que China controla en secreto el canal de Panamá y amenazó con “recuperar” la vía, incluso empleando la fuerza militar. El desenlace fue que una empresa estadounidense acordó comprar puertos en ambos extremos a una compañía con sede en Hong Kong.
Sin embargo, no es fácil imponer el freno de relaciones con una potencia que ofrece financiamiento, apertura comercial y proyectos de infraestructura mientras Washington desbarata programas de asistencia y cooperación en la región.
“No veo una estrategia que sería lograr el objetivo: parar la presencia de poderes no americanos. No va a funcionar sin inversiones en manufactura e infraestructura”, consideró Gamarra. “El grave problema que tiene EE.UU. es que no sabe cómo posicionarse en la región: no lo va a hacer solo con hard power (fuerza militar, sanciones económicas o amenazas), necesitan soft power, inversiones, la presencia de la empresa privada. Es decir, lo que hacen los chinos”, señaló.
Colombia, que por décadas fue uno de los aliados más estrechos en seguridad, ha sido uno de los países más afectados por el giro estratégico de Washington. El presidente Gustavo Petro se ha enfrentado con la administración Trump por cuestiones de migración y tráfico de drogas, y Washington le retiró el visado, pero las medidas van mucho más allá de lo personal.
Trump descertificó a Colombia en la lucha contra el narcotráfico en septiembre y un mes después anunció la cancelación de toda ayuda financiera al país sudamericano, que ya se había visto afectado por el desmantelamiento de USAID, con sus programas de justicia, reforma carcelaria, policial, entre otros.
Para Rodríguez, EE.UU. muestra una visión de corto plazo para su rol hegemónico. “Esta diplomacia coercitiva va erosionando gradualmente dentro de EE.UU. y alrededor del mundo el talante de una superpotencia confiable. Podrá obtener resultados en lo inmediato, pero ninguno de los actores que se han visto afectados por esa política puede volver a confiar. El liderazgo está vulnerado”, afirmó.
La renovada atención de Trump en América Latina también se plasmó en amenazas comerciales y aranceles (desplegados a casi todos los países del mundo, pero con una cuota de discrecionalidad marcada por afinidades ideológicas), a la par de intervenciones en política doméstica.
Un caso especial es el de Brasil, la potencia sudamericana que le plantó cara a la Casa Blanca cuando Trump cumplió su amenaza de imponer aranceles del 50 % si no ponía fin al juicio por golpismo contra el expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro.
Tras meses de tensiones, el mandatario tuvo un encuentro amistoso con el presidente de Brasil, Lula da Silva, y posteriormente anunció una reducción de tasas para varios productos que Brasil vende a EE.UU., así como el retiro de sanciones al juez brasileño que presidió el juicio contra Bolsonaro.
“Brasil no tiene la interdependencia de otros países (de Norteamérica y Centroamérica), se da el lujo geográfico. Además, la perspectiva y la posición de Lula ha sido tomar distancia del liderazgo estadounidense y atraer a China, India, Europa. Brasil tiene la autonomía geográfica, económica, pero también ideológica y política”, dijo Rodríguez. El analista destacó que Brasil “no puso todos los huevos en la misma canasta”, una decisión más difícil para países a menor distancia de EE.UU. Sin embargo, para de las naciones de Sudamérica, “no habría que perder de vista que se encuentran, desde el punto de vista de una gran superpotencia, en una zona de influencia”, remarcó.
Al respecto, Trump acudió en ayuda de un amigo al extremo sur del continente, cuando anunció un acuerdo por US$ 20.000 millones que llevó calma a los mercados antes de las elecciones legislativas de medio mandato, aunque advirtió que el rescate económico dependía del éxito electoral del partido del presidente Javier Milei. El oficialismo terminó triunfando pese a los pronósticos.
También apoyó al candidato opositor Nasry Asfura en Honduras, 48 horas antes de la votación, con la amenaza de que si no ganaba no podría trabajar con los otros aspirantes a la presidencia. Tras un conteo que se extendió por semanas, las autoridades electorales declararon ganador a Asfura, quien dijo a CNN que el respaldo de Trump fue “espontáneo” y que lo sorprendió.
Negri, de la UTDT, dijo que EE.UU. “está dispuesto a invertir” en la región para contrarrestar la influencia de China, pero las decisiones se unen a los intereses particulares de Trump. “Se combina con una diplomacia personal. Hace campaña por candidatos particulares que considera aliados ideológicos. Todo el arsenal de Estados Unidos se pone en función de los intereses de Trump, con una política no solo de intervención. En la época de la diplomacia profesional, trataban de no inmiscuirse (en asuntos domésticos)”, apuntó.
El politólogo también sostuvo que la influencia de Washington ha generado que “en casi todas las elecciones hay un candidato abiertamente identificado con el trumpismo”, cuando hasta hace unos años “un involucramiento de EE.UU. era algo contrario a los intereses de la campaña”.
Toro Hardy coincidió en que Trump confluye sus intereses con la estrategia de EE.UU. “Él no establece distinción entre objetivos geoestratégicos y preferencias personales”, comentó. Si bien destacó que está consiguiendo el urgimiento de “gobiernos pro-MAGA en la región”, advirtió también que sus aranceles y amenazas “estarían empujando a diversos países latinoamericanos hacia los brazos de China de manera aún más decidida”. Además, consideró que la ayuda ofrecida a Argentina es un trato excepcional, con una política que apunta más al garrote. “La zanahoria va dirigida únicamente a los amigos como Milei o Bukele”, dijo, y aseguró que “Trump está polarizando profundamente a la región”.
Otro gesto de premio a aliados llegó en noviembre, cuando la Casa Blanca anunció una reducción de aranceles a algunos productos Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala.
El mapa político se tornó más favorable a Trump con las derrotas del oficialismo en Bolivia, Honduras y Chile, aunque todavía la mayoría de habitantes de América Latina viven bajo gobiernos de izquierda, principalmente en Brasil, México y Colombia.
“El alineamiento con EE.UU. en algunos casos es obvio, pero no porque pensemos igual, es por miedo a las consecuencias. No es una intervención benigna”, afirmó Gamarra. “Los países están siendo pragmáticos. Argentina aceptó los US$ 20.000 millones, está totalmente alineado, pero no ha botado a China”, dijo Gamarra.
Para Mia, del IISS, la mayoría de países seguirá intentando un balance entre Washington y Beijing si es que EE.UU. no ofrece incentivos para el alineamiento, aunque la interdependencia incide en el margen de acción. Según su perspectiva, el apoyo político es una manera de ver a la región no solo como su esfera de influencia, sino también “como una extensión de Estados Unidos”, y bajo esa óptica “China no puede estar en la región”.
Hasta el momento, la región no ha presentado una respuesta articulada a la estrategia estadounidense. “La región carece de una voz unificada”, dijo Negri, en comparación con el impulso a inicios de siglo liderado por Hugo Chávez y Lula da Silva frente a iniciativas comerciales de Washington.
“En 2026 vamos a ver la misma línea que estamos viendo, con un Trump interviniendo a título personal, una forma medio de chantaje”, adelantó.
Los analistas consultados coinciden en señalar la impredecibilidad del líder estadounidense, pero no esperan un nuevo giro estratégico. “Es muy difícil anticipar la dirección de Trump. Va a haber mucha más intervención, por supuesto, pero no necesariamente algo que sigue una estrategia lógica, sino más por rebote, carambola”, dijo Gamarra.
A su vez, Rodríguez estima que habrá un recrudecimiento en la búsqueda de alineamiento a Washington, con “un disciplinamiento más firme e intervenciones directas”. La asertividad de la Casa Blanca, que pasa cada vez de la hegemonía a la dominación, plantea “una zona de alta hostilidad para visiones que representan intereses legítimos de la diversidad latinoamericana”, agregó.
En tanto, Mia cree que 2026 “va a ser la continuación” de la política desplegada en 2025, con la incógnita de cuántos recursos podrá colocar en la región, pero añadió un asterisco a su análisis: “Es difícil porque intentamos poner racionalidad donde no la hay”.
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Con un Trump hiperactivo, EE.UU. le prestó más atención a América Latina que en otros años. Pero no todos están contentos News Channel 3-12.
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