Por CNN
Una jueza federal frenó este sábado por la noche el plan del presidente Donald Trump para renovar un campo de golf municipal en Washington mediante una orden temporal que exige al Gobierno mantenerlo abierto, después de que Trump anunciara que cerraría el domingo para iniciar las obras.
La jueza de distrito de Estados Unidos Ana C. Reyes señaló que el intento del Gobierno de transformar East Potomac Golf Links en el campo de campeonato que Trump desea probablemente violaba la legislación ambiental e incumplía los requisitos de procedimiento para las actuaciones del poder ejecutivo. La remodelación es uno de varios proyectos de construcción que el presidente ha impulsado para transformar Washington a su gusto y dejar un legado.
Reyes consideró que los argumentos presentados por el Departamento de Justicia en el litigio, según los cuales el cierre del 15 de noviembre obedecía a razones de seguridad, eran “un pretexto”.
“El Gobierno propone cerrar indefinidamente un parque histórico que habitantes de Washington de toda condición disfrutan a diario”, escribió Reyes. La jueza concluyó que el cierre causaría un “daño irreparable” a los demandantes: golfistas particulares y defensores de la preservación del parque.
En un comunicado posterior al fallo, el Departamento de Justicia afirmó que “siempre defenderá enérgicamente la agenda del Gobierno de Trump ante los tribunales”.
“El tribunal ha reconocido que el Servicio de Parques Nacionales puede limitar el acceso a sus instalaciones cuando el público corre riesgo de sufrir daños”, declaró un portavoz del Departamento de Justicia a CNN. “Nada en la orden del tribunal impide que continúe la planificación de un campo de golf de primer nivel mundial”.
Se trata del último episodio de una disputa de meses entre Reyes y el Gobierno de Trump, que ha llevado al presidente a desacreditar a la jueza en redes sociales y a Reyes a sugerir que los abogados del Gobierno podrían haberla engañado.
El Departamento de Justicia ha intentado sin éxito apartarla del caso. La demanda fue presentada por defensores de la preservación del parque y golfistas que buscan detener la remodelación porque, argumentan, modificar el campo infringiría las normas ambientales federales y reduciría el acceso público.
Trump, un apasionado del golf, propuso públicamente por primera vez hacerse cargo del campo municipal y ampliarlo en mayo. Poco después, se lo vio recorrer las instalaciones junto al secretario del Interior, Doug Burgum, y Tom Fazio, un reconocido diseñador de campos de golf que trabajó en varios de los campos privados de Trump.
El presidente había dicho inicialmente que las obras en East Potomac Links comenzarían el 1 de septiembre, lo que aceleró la impugnación judicial.
Este sábado, el presidente siguió promoviendo el proyecto y publicó fotografías de lo que ha llamado “Trash Island” (“isla de la Basura”).
“Lamentablemente, la jueza Ana Reyes no quiere que arreglemos el campo rápidamente y a bajo costo. Además, es muy peligroso: las calles del campo están demasiado cerca unas de otras”, escribió Trump en redes sociales. “Cuando caminas por los senderos de la isla de la Basura, no escuchas el sonido del Potomac fluyendo; lo único que oyes es a la gente gritando ‘¡Fore!’”.
“¡Fore!” es el grito que se utiliza en el golf para advertir del peligro de que una pelota golpee a alguien.
En los últimos meses, Reyes ha expresado una creciente frustración con el Gobierno.
En octubre, emitió una orden contundente que prohibía la tala de árboles e imponía nuevos requisitos de notificación, después de que se retiraran más de 400 árboles del campo con muy poca antelación en el aviso.
“Más que molesta y furiosa en este momento, siento una decepción con el Gobierno que va más allá de lo que puedo expresar”, dijo Reyes durante aquella audiencia.
El Gobierno sostuvo que era necesario retirar los árboles y que la medida no estaba relacionada con la renovación que Trump deseaba. Reyes dijo en la audiencia del mes pasado que veía esa afirmación con “escepticismo”.
“La cuestión es si me han mentido, si me han mentido en las declaraciones sobre los planes, si me han mentido sobre los plazos”, dijo entonces Reyes a los abogados del Departamento de Justicia.
El fundamento jurídico de su fallo de este sábado por la noche se centró en que el Servicio de Parques Nacionales no había cumplido ciertos pasos que, según determinó, la ley exigía antes de la remodelación, como informar al público sobre el plan y solicitar sus comentarios.
“El procedimiento de notificación y consulta pública para la elaboración de normas no es impracticable simplemente porque el Servicio de Parques Nacionales desee complacer al presidente Trump y cerrar el parque para el 15 de noviembre”, escribió.
Aunque lo que está en juego en el caso del campo de golf es relativamente menor que en otras batallas judiciales que afectan al Gobierno de Trump, este es uno de varios casos en los que el Gobierno se ha mostrado reticente a cumplir órdenes judiciales.
Otros proyectos del presidente, como cambiar el nombre del Kennedy Center, erigir un arco de triunfo a orillas del Potomac y construir un salón de baile, también enfrentan impugnaciones judiciales.
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