Análisis por Alfredo Meza, CNN en Español
Los testimonios contenidos en la nueva acusación presentada este jueves contra el derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores describen patrones de tortura, desaparición forzada y represión a la disidencia similares a los recogidos en los informes de la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, de acuerdo con una comparación de CNN.
La acusación amplía las conclusiones a las que había llegado la misión de la ONU en su informe de 2020. En uno de los señalamientos más resaltantes del escrito de 35 páginas, la Fiscalía estadounidense acusa a Maduro de haber tenido una participación personal y directa en decisiones relacionadas con detenciones, interrogatorios y tortura.
La misión de la ONU había dicho en su informe de 2020 que tenía “motivos razonables” para creer que el entonces presidente venezolano y otros altos funcionarios “no solo tenían conocimiento de los crímenes, sino que contribuyeron con ellos mediante la coordinación de actividades y el suministro de recursos para la ejecución de los planes y políticas bajo los cuales se cometieron”.
La Misión comenzó a trabajar en 2019, pero su trabajo abarca la documentación de casos desde el primer semestre de 2014, cuando ocurrieron las primeras grandes manifestaciones contra Maduro, que un año antes había sustituido al fallecido Hugo Chávez en la presidencia del país sudamericano. Los primeros hallazgos detallados del equipo de la ONU fueron publicados en 2020.
Barry Pollack, abogado de Maduro, dijo que su cliente niega el nuevo cargo -conspiración para cometer tortura- y dijo que espera con interés su próxima comparencia. Maduro también se declaró inocente de los cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas.
El gobierno de Venezuela siempre ha rechazado las conclusiones de los informes de la ONU, pero los señalamientos recogidos por el equipo de la Fiscalía se suman a las historias de víctimas y defensores de derechos humanos, quienes han descrito, tanto en informes como en entrevistas con la prensa, una aceitada maquinaria represiva a gran escala en contra de la disidencia que, en última instancia, procuraba mantener a la pareja presidencial en el poder.
Según la acusación de la Fiscalía, la pareja gobernó sobre un sistema que se asentó en la violencia contra la oposición política, las detenciones arbitrarias y la tortura de detenidos, entre ellos ciudadanos de Estados Unidos.
La acusación describe que los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela sufrieron descargas eléctricas, asfixia, golpizas, secuestro, aislamiento prolongado en caldas de castigo y tortura psicológica, así como amenazas de hacerle daño o matar a sus familiares incluidos niños.
Según la investigación de la ONU, estos métodos de tortura también han sido utilizados para obtener confesiones forzadas que incriminaran a otras personas.
Los testimonios de tres presuntas víctimas no identificadas en el escrito ofrecen una mirada perturbadora al interior del aparato represivo del gobierno venezolano.
Uno de ellos aparece identificado como “víctima 7”, quien denuncia haber sido detenido en enero de 2022 cuando ingresaba a Venezuela. Pasó ocho meses y medio en prisión y, según la acusación, le negaron la alimentación y le inyectaron una sustancia que le causó convulsiones.
Un segundo estadounidense, a quien llamaron “víctima 8”, dijo que, tras ser detenido en agosto de 2023, cuando viajaba a Venezuela para visitar a familiares, funcionarios de la inteligencia militar del país sudamericano lo atacaron hasta provocarle una lesión grave en la espalda que requirió hospitalización. Posteriormente fue trasladado en una ambulancia hasta la sede de esa organización con un arma en la boca y le aplicaron descargas eléctricas, según dice la acusación.
Uno de sus captores le habría dicho, según los fiscales, que continuaba con vida porque, al descubrir que era ciudadano estadounidense, un alto funcionario consideró que podía servir para un intercambio de prisioneros con Estados Unidos.
Entre 2022 y 2025 Venezuela y Estados Unidos llevaron a cabo negociaciones que culminaron en la liberación de varios prisioneros. En octubre de 2022 Caracas liberó a seis ciudadanos estadounidenses ejecutivos de Citgo a cambio de que el gobierno de Joe Biden otorgara el perdón presidencial a dos sobrinos de Cilia Flores condenados por narcotráfico, una situación que se repitió en diciembre de 2023 cuando Alex Saab también obtuvo la clemencia del Ejecutivo de Washington, mientras el régimen chavista dejaba en libertad a diez estadounidenses detenidos. En enero de 2025 el enviado especial de EE.UU., Richard Grenell negoció la libertad de otras seis personas a cambio de la reanudación de vuelos de deportación hacia Venezuela desde el país norteamericano.
Un tercer estadounidense, mencionado como “víctima 9”, narra que fue detenido alrededor del 29 de enero de 2025, cuando agentes llegaron a su vivienda buscando a otra persona, y permaneció detenido durante un año. Luego de ser detenido lo llevaron encapuchado al sótano de lo que describió como un cuerpo policial y golpeado durante 48 horas. Por ello, de acuerdo con la Fiscalía, sufrió una lesión permanente en un ojo.
Los cargos contra Maduro y Flores, que deberán ser probados en un juicio que comenzaría en junio de 2027, detalla también el supuesto papel de los funcionarios venezolanos no identificados que habrían participado en las torturas. El gobierno de Venezuela aún no había reaccionado a estas nuevas acusaciones, como sí lo hizo tras su comparecencia del pasado 5 de enero, cuando se declaró inocente de cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no se refirió inmediatamente a eso, mientras anunciaba el inicio de la Navidad para el 1 de noviembre.
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Los relatos de tortura en la acusación contra Maduro coinciden con patrones documentados durante años por la ONU News Channel 3-12.
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