Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español
El Gobierno de Claudia Sheinbaum presentó este lunes nuevos avances en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, incluido un nuevo análisis de registros telefónicos que, según las autoridades, reforzó una línea sobre posibles vínculos entre integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y personas relacionadas con funerarias y hornos crematorios en Guerrero, en el suroeste de México.
Durante la presentación, el titular de la Unidad Especial de Investigación y litigación del caso, Mauricio Pazarán, dijo que se revisaron llamadas de 2014 y 2015, especialmente las realizadas durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los estudiantes.
“Esto permitió identificar patrones que no habían sido explorados en investigaciones anteriores”, dijo Pazarán.
El análisis llevó a identificar a 17 personas que no habían sido investigadas previamente y reconstruir sus comunicaciones durante las horas clave de la desaparición.
“No estamos hablando solamente de identificar a un número telefónico. Hoy sabemos quién se comunicó con quién, cuántas veces, en qué momento y, por ende, investigar la relación entre esas personas”, dijo.
Pazarán dijo que los registros mostraron llamadas entre funcionarios, policías, integrantes de grupos delictivos y personas relacionadas con dos funerarias de Iguala, propiedad de la misma familia.
“Se fortaleció particularmente la línea de investigación que años atrás se había abierto en relación con las funerarias y hornos crematorios”, señaló.
Según el fiscal, integrantes de Guerreros Unidos se comunicaron esa noche con un empresario relacionado con una de las funerarias investigadas. El empresario también tuvo varias llamadas con uno de los estudiantes desaparecidos, quien a su vez mantuvo contacto con integrantes del grupo criminal.
“Esta interacción llamó nuestra atención, por lo que se dio seguimiento a este indicio”, dijo Pazarán.
Las pesquisas posteriores llevaron a un cateo en una funeraria, donde fueron encontrados restos humanos y otros indicios, incluido un horno crematorio clandestino. La investigación también se extendió al Servicio Médico Forense de Iguala, donde fueron localizados restos y otros materiales que están siendo analizados.
Pazarán dijo que una búsqueda posterior permitió encontrar restos humanos que, de acuerdo con estudios genéticos, coinciden con un fragmento localizado anteriormente en otro punto de Guerrero.
Otra línea de investigación presentada durante el nuevo informe busca esclarecer si 17 de los estudiantes pasaron por las celdas de la Policía Municipal de Iguala, conocidas como barandilla, la noche de la desaparición.
La Fiscalía basa esta línea de investigación en siete declaraciones —cuatro de policías municipales, dos de integrantes de Guerreros Unidos y una de un sobreviviente—, además del seguimiento a un teléfono que, después de la desaparición de los estudiantes, fue utilizado por la esposa de un exfuncionario.
En paralelo, la Fiscalía General de la República avanza en la digitalización del expediente, que suma unos cinco millones de páginas en alrededor de 3.000 volúmenes. El proceso lleva un avance cercano al 90 %, dijo Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
“La instrucción fue no empezar desde cero, revisar todo lo que se ha investigado con una mirada fresca y renovada”, dijo Medina.
El objetivo, agregó, es “aprovechar las nuevas tecnologías, profundizar en la información disponible y no dejar de atender líneas de investigación preexistentes o que no fueron agotadas” para determinar qué ocurrió aquella noche y dónde están los estudiantes.
“La tecnología no sustituye las investigaciones ni a los investigadores, proporciona elementos para analizar con mayor amplitud el volumen de información recopilada”, dijo.
Medina calificó el caso como un “terrible suceso que marcó la historia de nuestro país” y dijo que exige mantener el diálogo con las familias y no dejar de buscar nuevas pistas.
“No vamos a bajar la guardia”, dijo. “Intensificaremos las búsquedas, las investigaciones y profundizaremos en aquellas que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos y dar con el paradero de los jóvenes”.
El presidente de la comisión dijo además que las familias ya habían recibido información sobre los avances y reiteró el compromiso del Gobierno de continuar con la búsqueda.
Doce años después de la noche de Iguala, los familiares de los 43 estudiantes volvieron el sábado a las calles de Ciudad de México para exigir verdad y justicia. En estos años, dos madres y seis padres murieron sin conocer el paradero de sus hijos ni saber qué ocurrió con ellos, aunque los buscaron hasta el último día.
La marcha partió del Ángel de la Independencia y llegó al Zócalo. En el camino, los familiares hicieron una parada frente al Antimonumento a los 43 para recordar a los estudiantes y reclamar avances en el esclarecimiento del caso.
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