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Anamarie Ávila Bugarin acumuló decenas de miles de dólares en facturas por evaluaciones psicológicas, gastos legales y honorarios fiduciarios para demostrar algo que parecía evidente para la mayoría de las personas a su alrededor: no padecía demencia.
Sin embargo, una de sus hijas sostenía que no podía cuidar de sí misma. Ávila Bugarin quería demostrar que no necesitaba un tutor designado por un tribunal.
Por ello, la mujer de 76 años se presentó impecablemente vestida a su examen final con un neuropsicólogo en septiembre de 2018, según registros judiciales. Entre lágrimas y visiblemente afectada, explicó cómo una disputa inmobiliaria había destruido a su familia y la había llevado a pelear por uno de los derechos humanos más básicos.
Según declaró, primero su hija la golpeó cuando el conflicto por las propiedades escaló. Después, esa misma hija presentó una petición judicial para que fuera declarada incapaz.
Este tipo de disputas familiares no son inusuales en California. Lo que hace singular el caso de Ávila Bugarin es que la persona que intentó privarla de su autonomía es ahora la asambleísta Anamarie Ávila Farías, integrante del Comité de Envejecimiento y Cuidados a Largo Plazo de la Asamblea estatal, organismo encargado precisamente de proteger a los adultos mayores.
CalMatters revisó este expediente como parte de su investigación continua sobre el sistema de tutelas legales de California, diseñado para proteger a personas vulnerables asumiendo el control de sus decisiones personales y financieras. Investigaciones previas mostraron que la supervisión deficiente por parte de los tribunales y de la Oficina de Fiduciarios Profesionales del estado ha permitido que el sistema sea utilizado contra las personas que debería proteger.
Los registros del Tribunal Superior del Condado de Contra Costa muestran que, antes de convertirse en asambleísta, Ávila Farías enfrentó una orden de restricción temporal por presunto abuso contra una persona mayor tras supuestamente golpear a su madre, y que abandonó su intento de establecer una tutela legal únicamente después de que su madre aceptara transferir propiedades inmobiliarias mediante un acuerdo judicial.
Los documentos también revelan que Ávila Farías y su esposo se han declarado en bancarrota en tres ocasiones desde 2011, tanto a nivel personal como empresarial.
Melissa Brown, profesora emérita especializada en derecho de adultos mayores de la Facultad de Derecho McGeorge de la Universidad del Pacífico, afirmó que el intento de Ávila Farías de colocar a su madre bajo tutela parece una “instrumentalización del proceso”.
Ávila Farías se negó a comentar los detalles del caso alegando la existencia de un acuerdo de confidencialidad derivado del arreglo judicial. No obstante, señaló que planea presentar legislación relacionada con este tema, “con suerte el próximo año”, aunque no ofreció detalles sobre el contenido de dicha propuesta.
Su portavoz, Roger Salazar, declaró por escrito que “nunca ha existido una determinación judicial de que Anamarie Farías haya cometido alguna irregularidad”.
“Los procedimientos de tutela legal en California suelen involucrar dinámicas familiares complejas”, dijo.
También destacó que posteriormente fue nombrada tutora legal de otro familiar, lo que, según afirmó, “refleja la determinación independiente del tribunal de que cumplía con los requisitos legales necesarios para desempeñarse en una función fiduciaria”.
Nick Miller, portavoz del presidente de la Asamblea estatal, Robert Rivas, indicó que éste desconocía la existencia tanto de la orden de restricción temporal como de la petición de tutela cuando nombró a Ávila Farías para integrar el comité.
Ávila Farías creció en Martínez y formó parte del concejo municipal y de la Junta de Educación del Condado de Contra Costa. Integró el consejo directivo de la Agencia de Financiamiento para la Vivienda de California entre y , durante los años en que se desarrollaron las disputas judiciales.
Hace dos años fue elegida para la Asamblea estatal con el antiochherald.com/2024/05/avila-farias-announces-endorsement-by-gov-newsom-in-assembly-race/.
En 2024, la Comisión de Prácticas Políticas Justas recibió denuncias señalando que Ávila Farías no había revelado todos sus intereses económicos durante varios años. La investigación se cerró en 2025 después de que corrigiera sus formularios, revelara los activos requeridos y completara un curso de capacitación.
Recientemente presentó un proyecto de ley que impediría que ciertos empleados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se conviertan en policías o maestros en California. Una versión modificada de la iniciativa fue aprobada por la Asamblea y actualmente se encuentra en el Senado estatal.
La disputa por las propiedades
Antes de ingresar a la política estatal, Ávila Farías y su esposo se dedicaron al negocio inmobiliario, dejando un historial de bancarrotas y transferencias de propiedades cuestionadas, según documentos judiciales y de propiedad.
El conflicto familiar giró en torno a tres inmuebles: la casa familiar adquirida junto con su madre y una hermana; la residencia principal de Ávila Farías; y otra propiedad de alquiler.
En agosto de 2008, Ávila Farías y su esposo donaron las tres propiedades a nombre de Ávila Bugarin, según registros de propiedad.
Posteriormente firmaron un préstamo empresarial de 2.3 millones de dólares y más tarde incumplieron el pago, lo que derivó en que su empresa inmobiliaria se declarara en bancarrota.
Años después, Ávila Bugarin aseguró que descubrió que su hija tenía atrasos en la hipoteca de la vivienda familiar y que había colocado otras dos propiedades a su nombre sin que ella comprendiera plenamente la situación.
Cuando se negó a devolver las propiedades, el conflicto escaló y finalmente intervino la policía.
En febrero de 2018, según registros judiciales, Ávila Farías irrumpió en el apartamento de su madre, le arrebató el teléfono y la golpeó en una muñeca.
Judith Ávila respaldó la versión de su madre.
Ávila Farías negó los señalamientos y afirmó que su madre la había abofeteado a ella.
Posteriormente, y tras fracasar un proceso de mediación, Ávila Farías solicitó al tribunal testamentario que colocara bajo tutela tanto a su madre como a su hermana, alegando que su madre tenía una incapacidad para actuar en su propio interés racional.
El juez colocó temporalmente a Ávila Bugarin y a Judith Ávila bajo tutela legal mientras se realizaban evaluaciones.
Sin embargo, posteriormente otros hijos de Ávila Bugarin declararon ante el tribunal que no creían que su madre padeciera demencia. Dos médicos y un neuropsicólogo llegaron a la misma conclusión.
“La señora Ávila no presenta ningún déficit cognitivo significativo que limite su capacidad para tomar decisiones médicas, legales, financieras o relacionadas con el cuidado de su vida”, concluyó el doctor Eric Freitag.
Incluso la fiduciaria profesional designada por el tribunal indicó que Ávila Bugarin estaba lúcida y era capaz de cuidar de sí misma.
Pese a estas conclusiones, Ávila Farías continuó impulsando el proceso hasta que, aproximadamente un año después, obtuvo una importante victoria judicial: su madre aceptó transferir la propiedad de los dos inmuebles en disputa, valorados en aproximadamente 1.8 millones de dólares.
A cambio, Ávila Farías acordó retirar sus intentos de someter tanto a su madre como a su hermana a tutela legal.
La vivienda familiar finalmente fue vendida en noviembre de 2020. Madre e hija utilizaron las ganancias para pagar más de 186,000 dólares en honorarios legales y otros gastos relacionados con el litigio.
Aunque el caso quedó resuelto en 2021, los expedientes siguen planteando interrogantes sobre el uso del sistema de tutelas legales en conflictos familiares.
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