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Mientras funcionarios de California intentan bloquear instalaciones migratorias en todo el estado, la administración Trump está desplegando una nueva estrategia para asegurar capacidad de detención en la Costa Oeste: comprar directamente los bienes inmuebles.
La compra por 1,500 millones de dólares realizada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del Centro de Detención de Otay Mesa y del Centro de Detención de California City a la empresa privada CoreCivic es una respuesta directa a la resistencia política de California frente a instalaciones nuevas y existentes de ICE, según funcionarios gubernamentales.
El portavoz de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Jason Sweeney, afirmó en un comunicado que los centros de detención de California son “cruciales para la red de detención de ICE en la Costa Oeste”.
“A diferencia de estados como Florida y Oklahoma, ICE no puede depender de socios estatales y de condados para obtener espacio de detención en California”, dijo Sweeney. “Los políticos santuario del estado continúan impulsando legislación para prohibir o hacer financieramente inviables las prisiones privadas”.
El conflicto se remonta a la primera administración Trump, cuando los demócratas de California se apresuraron a adoptar políticas destinadas a contrarrestar sus iniciativas de deportación.
El gobernador Gavin Newsom firmó una ley en 2019 para eliminar gradualmente las prisiones privadas con fines de lucro y los centros de detención migratoria antes de 2028. El operador penitenciario GEO Group y el gobierno federal demandaron al estado argumentando que la medida violaba la Cláusula de Supremacía de la Constitución federal. En 2022, el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito anuló la prohibición sobre centros privados de detención migratoria.
Desde entonces, los legisladores estatales han promovido nuevas iniciativas, como imponer fuertes impuestos a los centros privados de detención para hacerlos económicamente inviables.
La adquisición de las propiedades de CoreCivic ocurre en medio de una batalla judicial entre el fiscal general de California, Rob Bonta, y la administración Trump por la polémica construcción de nuevas oficinas de ICE cerca de Gilroy, al sur de San José.
El estado sostiene que el terreno ha sido designado exclusivamente para uso agrícola desde 1967.
“Los planes de ICE para construir una instalación cerca de Gilroy violan múltiples leyes federales”, afirmó Bonta, argumentando que la agencia no evaluó adecuadamente las posibles consecuencias ambientales antes de comenzar la construcción.
Los registros federales de contratación muestran que en 2025 la Administración de Servicios Generales arrendó la propiedad por 20 años a ECG 6 LLC, con sede en Beverly Hills, por un total de 26.5 millones de dólares.
El gobierno federal aceptó en julio suspender la construcción en el terreno de 26 acres mientras continúa la demanda.
California también está utilizando otra ley aprobada durante la primera administración Trump para exigir acceso e inspeccionar los centros de detención. Bonta envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional en diciembre señalando “condiciones de vida peligrosas e inadecuadas” en el centro de California City.
En el condado de San Diego, inspectores de salud locales mantienen una disputa legal con CoreCivic sobre las inspecciones en Otay Mesa.
Según Claire Trickler-McNulty, exfuncionaria de ICE durante la administración Biden, vender las propiedades al gobierno federal probablemente las protegerá de inspecciones sanitarias estatales.
“Les otorga protecciones frente a leyes estatales y locales, especialmente requisitos de zonificación y ambientales”, afirmó.
Las ventas revelan una nueva estrategia
Hace un año, Trump firmó una ley de gastos que otorgó a ICE 45 mil millones de dólares para aumentar la capacidad de detención. Inicialmente, la administración planeaba construir nuevas instalaciones por todo el país.
Sin embargo, las compras de Otay Mesa y California City representan un cambio significativo de rumbo, según Aaron Reichlin-Melnick, investigador principal del American Immigration Council.
Ese plan, detallado en la Iniciativa de Reingeniería de Centros de Detención de ICE, contemplaba convertir almacenes en megacentros capaces de albergar entre 7,500 y 10,000 personas, cada uno más grande que cualquier centro correccional construido en Estados Unidos desde el internamiento de japoneses-estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.
Reichlin-Melnick sostuvo que el sistema nunca fue planificado cuidadosamente.
“La Iniciativa de Reingeniería prácticamente se ha derrumbado”, afirmó, señalando demandas judiciales, cronogramas poco realistas y escasez nacional de personal penitenciario y trabajadores de salud en prisiones.
Pero eso deja miles de millones de dólares que ICE debe gastar antes de que expiren los fondos.
“Esperamos que compren otras instalaciones”, dijo.
Un oficial de detención espera afuera de la entrada principal del Centro de Detención de Otay Mesa en San Diego el 20 de febrero de 2026. Foto de Adriana Heldiz, CalMatters.Los precios superan ampliamente los valores fiscales
Los registros de tasación muestran que el gobierno federal pagó muy por encima de los valores fiscales de las propiedades.
En el condado de San Diego, el valor tasado del centro de Otay Mesa para el año fiscal actual era de 164.9 millones de dólares. El DHS pagó 739.2 millones de dólares, aproximadamente 4.5 veces más.
En el condado de Kern, la instalación de California City estaba valuada en 171.5 millones de dólares. El DHS pagó 732.6 millones de dólares, unas 4.3 veces esa cifra.
Un exalto funcionario de ICE cuestionó si el precio refleja una necesidad real de seguridad.
“¿1,500 millones de dólares solo por las instalaciones? ¿Cuántos migrantes realmente pasarán por allí que representen amenazas a la seguridad nacional y pública?”, preguntó.
Anthony Martínez, portavoz del gobernador Newsom, calificó la agenda de deportaciones de la administración como “un uso imprudente y cruel del dinero de los contribuyentes”.
La supervisora del condado de San Diego, Paloma Aguirre, vinculó la compra con la contribución de 500,000 dólares realizada por CoreCivic al comité inaugural de Trump. Según Aguirre, la operación representa una “ganancia multimillonaria financiada por los contribuyentes” que ayuda a reducir la deuda de la empresa mientras le permite seguir operando los centros.
CoreCivic respondió que las valoraciones fueron determinadas mediante el proceso oficial de tasación del gobierno federal.
La empresa agregó que espera obtener 130 millones de dólares anuales por operar el centro de detención de California City.
¿Comprará el gobierno más centros de detención?
¿Qué sigue ahora?
Trickler-McNulty señaló que el plan abandonado para adquirir 24 almacenes durante la gestión de la exsecretaria Kristi Noem podría ofrecer pistas sobre la dirección futura de ICE bajo el secretario Markwayne Mullin.
Una hoja de ruta interna obtenida el año pasado por The Washington Post revela al menos 10 instalaciones “listas para operar” que estaban en la mira de la agencia.
Entre ellas se encuentra California City, aunque no Otay Mesa. Las otras se ubican en Texas y Oklahoma.
El abogado de inmigración R. Andrew Free afirmó que comprar centros de detención elimina riesgos tanto para las empresas privadas como para el programa de deportaciones.
Señaló que la decisión ayuda a proteger estas instalaciones frente a desinversiones como las realizadas por los dos mayores fondos de pensiones de California, que contribuyeron a la crisis de liquidez sufrida por CoreCivic y GEO Group años atrás.
También podría aislar los centros de detención de revisiones como las evaluaciones ambientales que han frenado proyectos similares en otros estados.
“Se trata de una gran recompensa económica inicial proveniente del gobierno federal”, dijo Free.
Aun así, advirtió que los gobiernos estatales y locales tendrán menos supervisión sobre estas instalaciones.
Los centros seguirán necesitando servicios policiales, bomberos y forenses, explicó, pero la mayoría de las inspecciones tradicionales del estado probablemente desaparecerán.
Free dijo que existen dos formas de interpretar la expansión de la capacidad de detención de ICE.
“La visión cínica es que definitivamente esto será utilizado para retener a personas que no son migrantes”, afirmó. “Que será utilizado para detener a ciudadanos estadounidenses”.
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