Esta historia fue publicada originalmente por CalMatters.
California prohíbe que las empresas de servicios públicos suspendan el suministro eléctrico a clientes que se han atrasado en sus pagos cuando las temperaturas exteriores alcanzan niveles peligrosos, una protección básica de seguridad. En algunas zonas rurales, perder la electricidad también puede significar perder el acceso al agua. En las ciudades, quedarse sin una forma de refrescarse puede ser peligroso e incluso mortal cuando el calor extremo se prolonga durante varios días.
Los reguladores de California concluyeron hace más de un año que las reglas que protegían a los clientes morosos contra los cortes de energía durante olas de calor no eran lo suficientemente sólidas. Por ello, ordenaron a las principales empresas de servicios públicos del estado elaborar mejores medidas de protección.
Cuando las compañías presentaron su plan en diciembre, sus propuestas apenas modificaban las normas existentes, según concluyó la comisión el jueves, al determinar que la propuesta “no ofrece protecciones de salud suficientes para los usuarios”.
La comisión había fijado como fecha límite el 1 de mayo para implementar las nuevas reglas. Las empresas no cumplieron con ese plazo y los defensores de los consumidores presentaron mociones de emergencia para forzar una intervención.
Mientras otro período de calor peligroso azotaba al estado, la Comisión de Servicios Públicos de California redactó por sí misma reglas más estrictas. En una votación de 4-0, la comisión redujo la temperatura a partir de la cual las empresas deben suspender los cortes de electricidad a clientes morosos, bajándola de 100 a 90 grados Fahrenheit, y ordenó a las compañías adoptar en un plazo de seis meses un estándar regional más protector frente al calor extremo.
Una batalla por definir el calor extremo
Durante una ola de calor récord hace dos años —el julio más caluroso en la historia de California— The Utility Reform Network, un grupo de defensa del consumidor, solicitó a la comisión de servicios públicos que revisara su definición de calor extremo.
La solicitud de emergencia del grupo argumentaba que “el calor mata directamente a más personas que cualquier otro peligro relacionado con el clima”.
Las normas ya prohibían a las compañías eléctricas desconectar a clientes residenciales por falta de pago si las temperaturas pronosticadas superaban los 100 grados Fahrenheit en un período de 72 horas.
Pero, según argumentó el grupo, un único umbral para todo el estado no tenía en cuenta las distintas formas en que los californianos experimentan el calor dependiendo de dónde viven.
Los reguladores se negaron a considerar la petición como una emergencia, pero ordenaron a las empresas de servicios públicos elaborar un plan para modificar el umbral de 100 grados en colaboración con defensores de los consumidores y otras partes interesadas.
Las compañías propusieron utilizar CalHeatScore, una herramienta estatal recientemente creada que asigna una puntuación al calor por código postal —de nivel 0 a nivel 4— utilizando datos locales de salud e impactos históricos. La herramienta también considera la disponibilidad de centros de enfriamiento cercanos y la cantidad de niños y adultos mayores, grupos más vulnerables al calor extremo.
El problema fue que las empresas propusieron fijar el umbral de suspensión de cortes en el Nivel 3 —más alto de lo que deseaban los defensores de los consumidores— y mantener los 100 grados como respaldo cuando el índice no estuviera disponible.
Los defensores presentaron objeciones solicitando una red de protección más amplia, proponiendo una puntuación de Nivel 2 y un umbral alternativo de 90 grados.
Las empresas afirmaron que no podían cumplir con el plazo porque el sistema de datos de CalHeatScore, administrado por la Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental del estado, aún no estaba listo para respaldar su implementación. Los defensores respondieron que las compañías habían presentado pocas pruebas para justificar la permanencia del umbral de 100 grados.
Para mayo, con las empresas todavía retrasadas, The Utility Reform Network se unió a Utility Consumers’ Action Network de San Diego, al National Consumer Law Center y al Center for Accessible Technology para solicitar a la comisión que interviniera.
La comisión se pone del lado de los defensores de los consumidores
Esta semana, la comisión rechazó la propuesta de las empresas y respaldó la posición de los defensores de los consumidores.
Según la resolución, el camino propuesto por las compañías no habría sido “diferente” de la práctica anterior. El documento señaló además que el umbral de calor extremo ya se encuentra por debajo de los 100 grados en 41 de los 58 condados de California.
Un día de 90 grados puede ser normal en ciudades secas del interior como Bakersfield o Fresno, pero esas mismas temperaturas pueden resultar excepcionalmente peligrosas en comunidades costeras o montañosas donde menos viviendas cuentan con aire acondicionado y donde las personas están menos aclimatadas al calor.
San Francisco, por ejemplo, considera que existe calor extremo cuando las temperaturas superan los 85 grados. En el remoto condado de Del Norte, en el extremo noroeste del estado, el calor extremo se define como cualquier temperatura superior a 76.8 grados, indicó la comisión.
“Un único nivel de temperatura debe ofrecer una mayor protección a los residentes de las zonas del estado que no están acostumbradas a temperaturas elevadas”, escribió la comisión en su resolución.
Las empresas se preparan para cumplir
Aunque las empresas habían defendido una red de protección más limitada para los clientes, ahora aseguran que cumplirán con el estándar más estricto aprobado por la comisión.
En diciembre pasado, las principales empresas eléctricas propiedad de inversionistas argumentaron conjuntamente que ampliar las protecciones a consumidores en niveles más bajos de calor impediría los cortes con demasiada frecuencia, aumentaría los saldos impagos y elevaría los costos sin un beneficio equivalente para la salud. En una presentación realizada en enero, según un portavoz de PG&E, las empresas calificaron el umbral de 90 grados como “demasiado amplio”.
Las protecciones se aplicarían únicamente a los cortes por facturas impagas. No impedirían interrupciones causadas por fallas de equipos, cortes preventivos por incendios forestales u otras emergencias. Aun así, los defensores sostienen que los cambios son importantes.
“Cuando se corta la electricidad en una vivienda, puede generarse una cascada de problemas para los inquilinos”, dijo Jason Zeller, abogado de Utility Consumers Action Network. “Si los inquilinos no tienen servicio eléctrico, pueden enfrentar desalojos; si tienen hijos, incluso pueden perder la custodia”.
Consultadas antes de la votación, las tres empresas indicaron que estaban preparadas para cumplir con las nuevas reglas. Edison señaló que la resolución fortalecerá las protecciones durante episodios de calor extremo y que está lista para modificar sus políticas de desconexión. SDG&E afirmó que respalda las medidas adicionales de protección y que implementará los requisitos finales de la comisión.
“La desconexión es el último recurso para PG&E, y solo ocurre después de múltiples intentos de contactar a los clientes y ofrecer planes de pago y programas de asistencia”, dijo la portavoz Adrienne Moore. Se espera que el estándar regional específico entre en vigor dentro de seis meses.
La Oficina de Defensores Públicos de la comisión presionó durante todo el proceso para conseguir protecciones más estrictas y se opuso formalmente al plan de las empresas. Su directora, Linda Serizawa, afirmó que la votación proporcionará a los consumidores una “protección que entra en vigor cuando más la necesitan”.
CalMatters es una organización periodística sin fines de lucro y no partidista que ofrece a los californianos historias que investigan, explican y exploran soluciones a los problemas que afectan la calidad de vida, al tiempo que exige rendición de cuentas a los líderes públicos.
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