Este artículo ha sido actualizado para incluir una declaración de la abogada de los demandantes, Geneviéve Jones-Wright.
Un grupo de defensa comunitaria está demandando al Departamento de Policía de San Diego por clasificar incorrectamente quejas contra agentes para evitar su revisión por la Comisión independiente de Prácticas Policiales.
El Departamento de Policía de San Diego ha clasificado casi el 80% de todas las quejas contra oficiales como “misceláneas”, evitando así que sean revisadas por la comisión, según alega un mandato judicial recientemente presentado por Pillars of the Community, un grupo de defensa con sede en San Diego, y la activista local Tasha Williamson.
La petición legal argumenta que esta práctica viola la Medida B, que casi tres cuartas partes de los votantes de San Diego aprobaron en 2020. La medida electoral estableció un organismo independiente de supervisión civil, cuyos miembros fueron designados por el concejo municipal. La junta tendría su propio personal y abogados, el poder de emitir citaciones y la tarea de investigar la mala conducta policial y hacer recomendaciones sobre disciplina de los oficiales.
Sin embargo, el poder de la comisión fue puesto a prueba poco después de la aprobación de la Medida B.
En junio de 2021, algunos miembros de la junta expresaron su decepción con el lenguaje que la entonces fiscal de la ciudad, Mara Elliott, utilizó para implementar la ordenanza, y también su molestia porque la ciudad les impidió nombrar nuevos miembros para cubrir los 23 puestos de la comisión.
En ese momento, Brandon Hilpert advirtió al concejo municipal que la junta estaba perdiendo miembros rápidamente debido a la falta de implementación de la ordenanza por parte de la ciudad.
“La comisión expresa la preocupación de que pronto podría no ser capaz de proporcionar la supervisión civil que la comunidad espera y exige”, escribió Hilpert al concejal Sean Elo-Rivera.
Al año siguiente, la oficina del fiscal de la ciudad presentó un nuevo lenguaje de la ordenanza que la mayoría de los miembros consideró aceptable. Sin embargo, la ciudad y el sindicato policial señalaron que la ordenanza requería negociaciones laborales, lo que provocó más retrasos, así como nuevas renuncias en la junta debido a la carga de trabajo y al apoyo insuficiente de la ciudad.
“Una comisión que no cuenta con la plena confianza de la comunidad que representa no puede lograr la transformación significativa en la seguridad pública que todos merecemos”, escribió el comisionado Patrick Anderson en su carta de renuncia en julio de 2022.
La comisión continuó debilitándose en los años siguientes y pronto dejó de revisar informes de mala conducta policial debido a un creciente retraso en otros casos.
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La frustración continuó en la comunidad. En 2025, algunos comisionados restantes realizaron una auditoría que identificó fallas en el portal de quejas que impedían a usuarios de dispositivos móviles presentar denuncias, así como a personas con discapacidades sensoriales o cognitivas. La policía de San Diego afirma que estos problemas ya fueron solucionados.
Ahora, con la nueva petición judicial, la ciudad y el departamento de policía enfrentan una acusación más grave: que el departamento está clasificando deliberadamente casi el 80% de todas las quejas como misceláneas para evitar su revisión.
“Presentamos esta demanda porque los votantes de San Diego aprobaron la Medida B para crear una supervisión civil significativa e independiente del Departamento de Policía, y dicha supervisión no puede funcionar si el SDPD puede decidir unilateralmente qué quejas revisa la Comisión de Prácticas Policiales”, escribió la abogada Geneviéve Jones-Wright.
“Este caso trata de más que una sola queja. Se trata de preservar un sistema de supervisión civil por el que miembros de la comunidad lucharon durante décadas”, dijo Jones-Wright. “La Medida B tenía como objetivo garantizar la revisión independiente de las quejas por mala conducta policial y generar confianza pública mediante la transparencia y la rendición de cuentas. Nuestra postura es que el SDPD no puede crear procesos internos que efectivamente retiren las quejas de ese marco de supervisión y luego decidir por sí mismo cuáles reciben escrutinio independiente.”
Agregó Jones-Wright: “La Comisión de Prácticas Policiales existe porque la comunidad exigió supervisión independiente. Cuando las quejas se retienen, excluyen o clasifican de manera que impiden una revisión significativa, el público pierde la rendición de cuentas y la transparencia que los votantes ordenaron. Esta demanda busca asegurar que se cumpla el Estatuto y que el sistema de supervisión civil aprobado por el pueblo de San Diego funcione como se pretendía.”
El mandato judicial incluye presuntos ejemplos de clasificación errónea o negativa del departamento a enviar quejas a la junta.
Entre ellos se encuentran una serie de denuncias de la activista Tasha Williamson, quien afirmó haber presentado tres quejas en el transcurso de varias semanas alegando que oficiales usaron fuerza y detuvieron falsamente a un grupo de menores en el Centro Recreativo Dolores M. Magdaleno en Logan Heights en enero de este año.
La petición judicial alega que el departamento se negó a enviar la queja de Williamson a la comisión.
Pillars of the Community, que se unió a Williamson en la petición, dijo tener “múltiples” ejemplos similares.
La petición busca obligar al departamento y a la ciudad a cumplir con la Medida B y solicita a un juez que prohíba a la policía de San Diego retener más quejas de la comisión.
La ciudad declinó comentar sobre el mandato judicial debido a litigios pendientes.
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