Por Devan Cole, CNN
Una jueza federal de Virginia ha bloqueado temporalmente los planes del gobierno de Trump para crear un fondo de casi US$ 1.800 millones destinado a compensar a personas que, según afirma, fueron blanco de ataques injustos por parte del gobierno en el pasado.
La breve orden de la jueza de distrito Leonie Brinkema establece que el gobierno no puede tomar ninguna medida “relativa a la creación u operación del Fondo contra la instrumentalización de la Justicia, lo que incluye la transferencia de dinero al Fondo, la consideración de cualquier reclamación presentada ante el Fondo y el desembolso de fondos del mismo”.
La jueza fijó una audiencia para el 12 de junio para escuchar los argumentos sobre si debería emitir una suspensión más permanente del intento del gobierno de establecer el fondo, que es impugnado por una coalición diversa de críticos y entidades que afirman haber sido blanco de ataques por parte del gobierno de Trump y no ser elegibles para recibir dinero del mismo.
Brinkema, nombrada por el expresidente Bill Clinton, declaró que suspendería temporalmente el trabajo en el fondo para mantener el statu quo mientras considera la impugnación legal. Señaló que el Departamento de Justicia no se había comprometido a suspender la transferencia de fondos ni el procesamiento de pagos mientras se desarrollaban los procedimientos judiciales iniciales.
Solicitó al Departamento de Justicia que presentara sus argumentos legales por escrito antes del próximo viernes.
Este caso es uno de varios presentados la semana pasada contra el controvertido fondo, que se dio a conocer a principios de este mes después de que Trump llegara a un acuerdo en una demanda sin precedentes que había interpuesto contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
El fondo, que será administrado por cinco comisionados seleccionados por el secretario de Justicia, revisará los reclamos presentados por personas que afirman haber sido objeto de discriminación por parte de administraciones anteriores. El cuantioso fondo proviene del Fondo de Sentencias del Departamento de Justicia, que es un fondo público reservado por el Congreso para acuerdos monetarios alcanzados por el gobierno.
Según los términos del acuerdo, el secretario de Justicia interino Todd Blanche debía nombrar a los comisionados en un plazo de 30 días. En una entrevista con CNN la semana pasada, declaró que varias personas se habían postulado para formar parte de la comisión. Sin embargo, la orden de Brinkema parece impedirle buscar a dichos comisionados.
En el caso en cuestión, un grupo de personas y organizaciones —entre ellas un exfiscal federal, un destacado grupo de vigilancia gubernamental y la ciudad de New Haven, Connecticut— argumentan que el fondo es inconstitucional y viola diversas leyes federales.
Impugnan específicamente la decisión del gobierno de Trump de utilizar el Fondo de Sentencias para el nuevo programa, argumentando que es ilegal porque el caso legal subyacente carecía de fundamento, dado el papel singular del presidente como demandante y jefe del poder ejecutivo, donde se ubican las agencias que demandó.
Sus abogados le dijeron a la jueza, cuyo tribunal se encuentra en Alexandria, Virginia, que debía intervenir de inmediato porque ya estaban sufriendo daños irreparables debido a la creación inconstitucional e ilegal del Fondo contra la Instrumentalización de la Justicia.
“Y ese daño será permanente si la administración toma medidas, incluso desembolsando fondos de forma irreversible, antes de que este tribunal pueda pronunciarse”, escribieron en los documentos judiciales presentados el jueves.
Señalaron que, según los términos del acuerdo y la orden de Blanche que establece el fondo, gran parte del programa permanece oculto al público, lo que dificulta saber cuánto trabajo se ha realizado y si se han desembolsado fondos.
“Hoy, un tribunal federal reconoció la necesidad urgente de impedir que el dinero de los contribuyentes se distribuya a través de un esquema de compensación política secreto y sin precedentes antes de que el tribunal pueda revisar completamente la legalidad de dicho programa”, declaró Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, un grupo de defensa legal que representa a los demandantes en el caso.
CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca y el Departamento de Justicia para obtener comentarios, pero hasta ahora no ha obtenido respuestas.
Esta noticia se actualizó con detalles adicionales el viernes.
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Con información de Tierney Sneed, de CNN.
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