Por Michael Williams, CNN
Dos meses después de asumir su nuevo cargo, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, se encuentra intentando resolver un rompecabezas: ¿cómo cumple con el mandato de deportación que el presidente Donald Trump espera de él, al tiempo que evita caer en algunas de las mismas trampas que provocaron la destitución de su predecesora?
Las controvertidas patrullas de inmigración itinerantes, dirigidas a estados y ciudades de tendencia demócrata, han reducido su actividad. Sin embargo, Mullin sigue arremetiendo contra los funcionarios electos que gobiernan estas zonas y contra sus políticas de inmigración progresistas, todo ello mientras el “zar de la frontera” de la Casa Blanca prometía recientemente “inundar” esos lugares con agentes de inmigración.
Mullin cedió agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a los aeropuertos que sufrían escasez de personal durante el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional, al tiempo que amenazaba con recortar la financiación a algunos de esos mismos aeropuertos situados en jurisdicciones que se niegan a cooperar con la aplicación de las leyes federales de inmigración.
El secretario está promocionando la participación de su agencia en la seguridad de docenas de próximos partidos de la Copa Mundial. No obstante, ha dejado abierta la posibilidad de que algunos de los agentes asignados a la vigilancia de esos encuentros puedan detener a inmigrantes, lo cual exacerba la inquietud de los aficionados que han manifestado que no asistirán a los eventos o que los boicotearán.
Al inicio de su mandato, Mullin suspendió los esfuerzos para instalar vastos centros de detención de migrantes. Sin embargo, según reportes, algunos de esos planes vuelven sobre la mesa ahora, a pesar de los litigios pendientes al respecto.
En definitiva, las acciones de Mullin durante sus primeros 60 días como secretario revelan que intenta mantener un difícil equilibrio entre el enfoque conciliador y exento de dramatismo en la aplicación de las leyes de inmigración que prometió a los legisladores durante su audiencia de confirmación en marzo y el deseo de los partidarios de la línea dura del movimiento MAGA —así como del propio presidente— de cumplir con una de las promesas emblemáticas que impulsaron el regreso de Trump a la Casa Blanca.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional declaró en un comunicado que, bajo el liderazgo de Mullin, la agencia mantiene un “foco absoluto en su misión de hacer que Estados Unidos vuelva a ser un país seguro”.
“El DHS continúa deteniendo a los peores criminales, garantizando la frontera más segura de la historia de Estados Unidos e impidiendo que las drogas inunden nuestras comunidades”, afirmó el portavoz.
Por su parte, los funcionarios de la administración han adoptado medidas para reafirmar su visión inalterable de llevar a cabo deportaciones masivas, especialmente ante audiencias conservadoras que han criticado al Gobierno por no haber cumplido dichas promesas.
“No nos rendimos”, declaró Tom Homan, el “zar de la frontera” de la Casa Blanca, ante un grupo de funcionarios del DHS y representantes del sector durante una conferencia celebrada a principios de este mes. El presidente Trump llegó al cargo por una gran razón —por muchas razones—, pero ¿la razón principal? La aplicación de las leyes de inmigración.
Mullin ha buscado rehabilitar la imagen de los agentes de inmigración bajo su mando, quienes durante la gestión de la secretaria anterior, Kristi Noem, se enfrentaron a una oleada de noticias negativas casi diarias por sus operaciones agresivas en ciudades como Chicago, Los Ángeles y Minneapolis. (Trump, por su parte, incluso sugirió cambiar el nombre de ICE a “NICE” —añadiendo la palabra “National” al principio—, pero se topó con la oposición de Homan y de los agentes de base).
Durante el cierre parcial del DHS, que se prolongó por 76 días y consumió el primer mes del mandato de Mullin, se desplegaron agentes de ICE en varios aeropuertos para ayudar a mitigar la escasez de personal mediante labores de control de multitudes.
Sin embargo, Mullin también ha sopesado una idea que provocaría escasez de personal en los aeropuertos situados en jurisdicciones que no cooperan con el Gobierno federal en la aplicación de las leyes de inmigración.
La revista The Atlantic informó la semana pasada que Mullin comunicó recientemente a un grupo de ejecutivos del sector aéreo y turístico que estaba considerando reducir el número de agentes de Aduanas y Protección Fronteriza que prestan servicio en los aeropuertos de las llamadas “jurisdicciones santuario”, incluidas las de Portland, la ciudad de Nueva York y el norte de Virginia. Mullin ya había adelantado públicamente estos planes al inicio de su gestión.
“Si se trata de una ciudad santuario, recibe vuelos internacionales y nosotros les pedimos que colaboren con nosotros en el aeropuerto, pero una vez que la gente sale de allí no van a aplicar la política de inmigración, tal vez debamos analizar esa situación muy detenidamente; necesitamos centrarnos en las ciudades que sí desean trabajar con nosotros”, declaró a Fox News a principios de abril.
Un portavoz del DHS no facilitó más información sobre la idea de Mullin de recortar el personal, ni precisó cuándo podría implementarse. Dado que algunas jurisdicciones “santuario” albergarán también partidos de la Copa Mundial —evento que podría atraer a decenas de miles de visitantes internacionales—, cualquier recorte de personal durante el verano podría derivar rápidamente en una situación caótica.
Dicha idea ha suscitado rechazo dentro de la propia administración, incluso por parte del secretario de Transporte, Sean Duffy. “No deberíamos paralizar el transporte aéreo en un estado que no comparte nuestras políticas”, afirmó Duffy durante una audiencia celebrada el jueves pasado en el Congreso.
Mullin ha promocionado intensamente en las redes sociales los preparativos que su agencia está llevando a cabo de cara a la Copa Mundial. Esto brinda al secretario la oportunidad de destacar la labor de Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations), la rama de ICE que trabaja en casos que incluyen la trata de personas y la falsificación de productos, y que con frecuencia ha quedado eclipsada por el brazo de la agencia encargado de la aplicación de las leyes de inmigración.
No obstante, los agentes de inmigración también tendrán presencia en los partidos, según declaró Mullin a la cadena CBS en una entrevista. Si bien no se centrarán en redadas “masivas” de inmigrantes indocumentados, dejó abierta la posibilidad de que el ICE realice detenciones.
“No estamos allí para realizar redadas masivas de individuos, pero siempre estamos a la búsqueda de lo peor de lo peor”, afirmó. “Y vamos a seguir haciéndolo”.
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Alexandra Skores, de CNN, contribuyó a este reporte.
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