Una empresa que buscaba un contrato gubernamental para proporcionar purificadores de aire a los residentes del Valle del Río Tijuana asegura que el condado, en cambio, compró equipos que ofrecerán poco o ningún alivio frente al aire contaminado proveniente de la vía fluvial.
En una petición judicial recientemente presentada, los abogados de Medify Air solicitan a un juez que anule el contrato de $26.8 millones que el Condado de San Diego otorgó a Oransi LLC para decenas de miles de purificadores portátiles.
El plan del condado para distribuir 30,000 purificadores de aire forma parte de su estrategia para aliviar a residentes y comerciantes del South Bay obligados a respirar sulfuro de hidrógeno tóxico que emana del río contaminado. Estos equipos funcionarían como una solución temporal mientras Estados Unidos y México intentan reparar la infraestructura envejecida e insuficiente de la planta de tratamiento de aguas transfronteriza.
Mientras tanto, las aguas residuales provenientes de Tijuana seguirán contaminando el océano, forzando cierres de playas en el South Bay y liberando gases tóxicos con olores penetrantes en comunidades cercanas.
En la demanda —obtenida por Times of San Diego— Medify Air afirma que el condado utilizó lenguaje ambiguo en la solicitud de propuestas y se basó en afirmaciones no verificadas para seleccionar la oferta más baja. La propuesta de Medify Air fue de $27.1 millones, ligeramente superior a los $26.8 millones de Oransi.
La empresa argumenta que el condado estableció métricas de rendimiento obligatorias, pero no definió un método para verificar si los purificadores realmente mejoran la calidad del aire. También sostiene que los dispositivos seleccionados no cumplen con los estándares de ruido ni con los requisitos de filtración de contaminantes.
“El Condado emitió una convocatoria con requisitos obligatorios de desempeño, pero no definió cómo se mediría el cumplimiento”, señala la demanda.“Ese enfoque eliminó cualquier base objetiva para determinar la idoneidad de las propuestas y dejó la adjudicación sin evidencia sustancial”.
La petición judicial sostiene que el condado “ignoró” datos relevantes y abusó de su discreción al aceptar la oferta más baja.
La empresa solicita que un juez ordene al condado cancelar el contrato y reiniciar el proceso de licitación.
El caso no es el primer problema que enfrenta el condado en sus intentos por mejorar la calidad del aire cerca del río Tijuana mediante la distribución de purificadores.
El año pasado, según reportó timesofsandiego.com/, trabajadores del condado tuvieron que retirar 400 purificadores que habían sido distribuidos porque carecían de los filtros necesarios para eliminar los gases tóxicos.
Esos equipos no contenían permanganato de potasio ni carbón activado, elementos esenciales para filtrar gases peligrosos.
El Condado de San Diego declinó comentar debido al litigio en curso.
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