El DHS afirma que sus nuevos aviones de deportación están casi listos para despegar. críticos dudan de que el plan funcione ...Middle East

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Por René Marsh y Audrey Ash, CNN

Una propuesta abandonada hacía mucho tiempo en el Departamento de Seguridad Nacional —tan ambiciosa que la agencia nunca la había llevado a cabo— fue reactivada bajo el liderazgo de la entonces secretaria Kristi Noem.

Los funcionarios invirtieron decenas de millones de dólares de los contribuyentes para que el departamento adquiriera su propia flota de aeronaves y comenzaron a sentar las bases para dejar de depender de las compañías chárter para los vuelos de deportación, como lo habían hecho durante décadas.

En última instancia, planeaban crear su propia mini aerolínea para ayudar a cumplir el objetivo del presidente Donald Trump de deportar a un millón de inmigrantes indocumentados al año.

Ahora, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha comunicado en exclusiva a CNN que planea comenzar a utilizar los aviones para vuelos de deportación próximamente, contratando a empresas externas para su operación, luego de que el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, reevaluara el plan.

Mullin, quien reemplazó a Noem en marzo, había llevado a cabo una revisión exhaustiva de los contratos firmados durante su mandato.

“Prevemos que podremos integrar estos aviones en nuestros esfuerzos de deportación en las próximas semanas”, declaró un portavoz del DHS en un comunicado.

Bajo la dirección de Noem, los funcionarios del DHS argumentaron que la medida ahorraría a los contribuyentes US$ 280 millones, en parte al permitir que el departamento utilizara rutas más eficientes, aunque no especificaron un plazo para esos ahorros.

Sin embargo, algunos funcionarios actuales y anteriores del DHS, así como fuentes de la industria aeronáutica, cuestionan la viabilidad a largo plazo de esta iniciativa sin precedentes y la consecución de los ahorros prometidos.

Algunos críticos señalan datos del sector que sugieren que el departamento podría haber pagado más del valor de mercado por al menos algunos de los aviones.

“Es difícil ver esto como otra cosa que un despilfarro de dinero público”, declaró a CNN un ejecutivo de la industria de la aviación.

Según los registros, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) adquirió 10 aviones entre enero y marzo de este año.

Desde entonces, la flota ha permanecido prácticamente inactiva —en algunos casos, durante meses— en un centro de mantenimiento en Louisiana, según una fuente con conocimiento del asunto y datos públicos de seguimiento de vuelos.

Si bien algunos de los aviones se utilizaron para vuelos de evacuación en los primeros días de la guerra de Irán, ninguno se ha utilizado para deportaciones.

William Walters, CEO de Daedalus Aviation, la empresa que proveyó los aviones al DHS, declaró a CNN que se vendieron a precio de coste más gastos generales, incluido el importe de adaptar los aviones de pasajeros para fines de inmigración.

Walters y el Departamento de Seguridad Nacional se negaron a proporcionar un desglose de los costos de los aviones.

El portavoz del DHS afirmó que los aviones proporcionarán un “apoyo vital” a la aplicación de las leyes de inmigración, pero que “cualquier decisión relacionada con la compra de estos aviones se tomó antes del cambio en la dirección del DHS”.

El departamento añadió que, si bien Mullin y su equipo trabajaron con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para “evaluar el plan operativo para la utilización de estas aeronaves”, los aviones han estado “sometidos a mantenimiento y controles de seguridad, así como a cualquier modificación necesaria para satisfacer las necesidades de la misión de deportación”.

“El secretario Mullin está totalmente centrado en garantizar que se satisfagan las necesidades de nuestro Departamento, al tiempo que administra de la mejor manera posible el dinero de los contribuyentes”, declaró el DHS en otro comunicado a CNN.

Desde el inicio de este proyecto, varias fuentes del sector aeronáutico afirmaron que consideraban el plan una “locura” y que “nunca funcionaría”.

Algunas de estas fuentes solicitaron el anonimato por no estar autorizadas a hablar públicamente, mientras que otras, al ofrecer una perspectiva del sector, querían evitar posibles represalias por parte de la Casa Blanca.

“Hay un viejo dicho en la aviación: la forma más rápida de convertirse en millonario es ser un multimillonario que intenta fundar una aerolínea”, declaró un veterano de la industria a CNN, citando una broma sobre los riesgos y los altos costos iniciales.

En diciembre pasado, mientras el DHS evaluaba lo que se necesitaría para llevar a cabo su plan, la agencia emitió una solicitud pública recabando una amplia gama de información, incluidas “perspectivas y consideraciones de planificación” para operar aeronaves de compañías aéreas chárter. En esencia, preguntaron qué se requiere para operar una flota para una misión como las deportaciones.

El plazo para presentar la solicitud de información finalizaba a principios de enero.

Una persona con conocimiento del sector de la aviación, familiarizada con la solicitud de información del DHS, se preguntó si la agencia había analizado detenidamente su plan, señalando que estaba comprando aeronaves casi al mismo tiempo que seguía buscando la opinión de la industria.

“Compraron los aviones antes de averiguar cómo operarlos y/o cuál sería el costo de operación”, señaló la fuente interna.

Otra fuente, un antiguo funcionario de ICE, describió todo el proceso como algo parecido a “construir el avión mientras lo están pilotando”.

La flota del DHS consta de ocho Boeing 737 —un avión fundamental para los viajes nacionales en Estados Unidos y uno de los aviones comerciales más utilizados en el mundo— y dos jets Gulfstream, según los registros revisados ​​por CNN.

Todos fueron adquiridos a Daedalus, una compañía de aeronaves privadas relativamente nueva en el sector de la inmigración.

Exfuncionarios de ICE comentaron que la agencia consideró la idea de comprar aviones en el pasado, pero nunca siguió adelante debido a las complicaciones que conlleva operar una flota y los costos que tendrían que incluirse en el presupuesto federal.

“Lo más difícil es que, una vez que se adquiere la aeronave, hay que mantenerla, repostarla, contratar pilotos y tripulaciones, y todo eso supone un coste”, declaró a CNN el exfuncionario del ICE. “Quizás se puedan comprar los aviones ahora, pero ¿cómo se financia el personal y todos los servicios y el apoyo integral que se requieren a largo plazo?”.

Si bien el DHS afirma que planea que contratistas operen su flota, al menos inicialmente, veteranos de la industria de la aviación señalan que varias de las principales compañías de vuelos chárter que realizan vuelos de deportación necesitarían obtener autorización regulatoria para operar los 737 adquiridos por el departamento, lo cual puede demorar varios meses.

Además, probablemente tendrían que contratar y capacitar pilotos para volar ese modelo, lo cual conlleva un costo.

Según la fuente conocedora del asunto, el modelo actual de contratación para vuelos chárter de deportación es un factor determinante en los costos: una empresa actúa como intermediaria y luego subcontrata los vuelos a varias aerolíneas chárter.

Cuando se tienen en cuenta las ganancias y los gastos generales de cada nivel, “el resultado es sumamente costoso”, afirmó la fuente.

Según los datos más recientes, un vuelo chárter cuesta un promedio de entre US$ 7.000 y US$ 27.000 por hora de vuelo, según ICE.

Esto incluye la aeronave y el combustible, así como la tripulación, el personal de seguridad, un profesional médico a bordo y otros gastos.

En enero, la Oficina de Administración y Presupuesto aumentó la financiación del DHS para “transporte y reubicación” en US$ 50 millones, hasta alcanzar los US$ 202 millones, añadiendo una nota a pie de página que indicaba que una parte de esos fondos estaba “disponible para su compromiso exclusivamente para la compra de los cinco aviones Boeing 737-700 sobre los que ICE ya había informado a la OMB”.

En marzo, el presupuesto para esa partida había aumentado a US$ 464,5 millones, y una nota a pie de página actualizada indicaba que los nuevos fondos se utilizarían en parte para comprar ocho Boeing 737 y dos Gulfstream G-650.

Estas compras, entre las que se incluye un lujoso avión Boeing 737 de US$ 70 millones con cama, cocina y bar, causaron asombro entre los expertos del sector y los legisladores en el Capitolio.

El senador Sheldon Whitehouse interrogó a Noem durante una audiencia a principios de este año, pidiéndole que respondiera a las críticas de quienes afirmaban que la compra del jet de lujo constituía un abuso de fondos federales.

Noem afirmó que el departamento lo utilizaba para vuelos de “mando y control” y reiteró que la compra de aviones para deportaciones y viajes oficiales ahorraría dinero a los contribuyentes.

Según se informa, el DHS acordó pagar US$ 140 millones para comprar el primer lote de aviones. La fuente con conocimiento del asunto indicó que el departamento adquirió cinco Boeing 737 en esta etapa.

Algunos expertos del sector sugieren que el departamento podría haber pagado por encima del valor de mercado, señalando que eso equivaldría a un promedio de US$ 28 millones cada uno.

Un análisis de mercado independiente realizado por ch-aviation muestra que los siete Boeing 737 que adquirió el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), sin incluir el avión de lujo, tienen un valor combinado de US$ 84 millones, o aproximadamente US$ 12 millones cada uno en promedio.

Otro análisis proporcionado a CNN los valoró en un promedio de US$ 21 millones cada uno.

Las evaluaciones se basan en cifras del sector para cada número de cola del avión y en supuestos estándar sobre su estado y mantenimiento. Ch-aviation también señaló que su estimación no refleja una revisión de los registros de mantenimiento ni una inspección física de la aeronave.

El DHS no respondió a las preguntas sobre los análisis de mercado.

Aunque la flota propia de la agencia aún no se ha utilizado para deportaciones, ha habido un aumento en esos vuelos, ya que la agencia utiliza vuelos chárter, y en el número de países de destino, según Human Rights First, una organización sin fines de lucro que recopila esa información.

El grupo descubrió que el mes pasado se realizaron 245 vuelos de expulsión de inmigrantes, un récord mensual desde que comenzó a llevar registros en 2020.

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Con información de Priscilla Alvarez y Aaron Cooper, de CNN.

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