Por Devan Cole, CNN
La afirmación del vicepresidente J. D. Vance, hecha este jueves, de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que disparó de forma mortal contra Renee Nicole Good en Minneapolis está “protegido por una inmunidad absoluta” provocó una reacción inmediata por parte de los expertos, quienes afirmaron que el panorama legal en torno a un posible procesamiento es mucho más complicado.
Al hablar desde la Casa Blanca, Vance pareció intentar frenar cualquier esfuerzo de fiscales de Minnesota de iniciar un proceso penal contra el agente.
“El precedente aquí es muy simple. Se trata de un funcionario federal encargado de hacer cumplir la ley federal que estaba realizando una acción federal: ese es un asunto federal. Ese hombre está protegido por inmunidad absoluta. Estaba haciendo su trabajo”, dijo Vance, en sintonía con otros integrantes del Gobierno de Donald Trump. “Nunca he visto algo así. Un juez lo desestimaría”.
Esa valoración fue rápidamente recibida con escepticismo por los expertos, que afirmaron que el vicepresidente estaba exagerando la ley en torno a la inmunidad de los funcionarios federales. Los comentarios de Vance se producen en medio de protestas en todo el país contra agentes del ICE y de críticas a los esfuerzos de la agencia por llevar a cabo una campaña de deportación histórica con poca o ninguna supervisión.
“La idea de que un agente federal tenga inmunidad absoluta por los delitos que comete en el ejercicio de sus funciones es absolutamente ridícula”, afirmó Michael J.Z. Mannheimer, experto en derecho constitucional de la Facultad de Derecho Salmon P. Chase de la Universidad del Norte de Kentucky.
Mannheimer explicó que más de 120 años de jurisprudencia sobre la llamada inmunidad derivada de la cláusula de supremacía han demostrado que los funcionarios federales pueden ser perseguidos penalmente por fiscales estatales por conductas realizadas en el ejercicio de sus funciones oficiales, aunque corresponde en última instancia a los tribunales determinar si están protegidos frente a los cargos.
“Los funcionarios no tienen derecho a la inmunidad absoluta por ley”, dijo Timothy Sini, exfiscal federal en Nueva York.
Sin embargo, procesar al agente que disparó o a otro funcionario del ICE en una posición similar no sería sencillo.
Un funcionario federal acusado de delitos estatales por acciones realizadas en el marco de su cargo podría intentar trasladar el caso a un tribunal federal, explicó Sini, donde entonces presentaría sus argumentos de inmunidad.
El juez federal encargado del caso tendría que realizar un análisis en dos partes para determinar si el funcionario goza de inmunidad en el caso. En primer lugar, el juez tendría que decidir si el agente actuaba en el ejercicio de sus funciones oficiales, lo cual es un requisito relativamente fácil de cumplir.
Pero la segunda cuestión es mucho más compleja: se basa en si la acción realizada fue razonable teniendo en cuenta la totalidad de las circunstancias sobre el terreno. Esa cuestión estaría sujeta a una investigación exhaustiva que podría incluir testimonios de testigos, pruebas en vídeo y similares.
“En cada paso del proceso, lo que se determina es esencialmente la razonabilidad”, dijo Sini.
“Y lo que es objetivamente razonable en las circunstancias particulares se evalúa desde la perspectiva de un agente razonable en el lugar de los hechos y depende de los hechos conocidos por el agente en ese preciso momento”, añadió.
En este caso, la posibilidad de que se presenten cargos estatales contra el agente que disparó y causó la muerte de Good, de 37 años, mientras estaba sentada en el asiento del conductor de su automóvil, queda en entredicho debido a la propia investigación. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) describió a Good como una “alborotadora” que obstruía y trataba de usar su vehículo contra agentes que hacían cumplir las leyes migratorias. Sin embargo, tres videos de la escena revisados por CNN muestran un panorama más matizado.
Investigadores locales dijeron este jueves por la mañana que funcionarios federales les impidieron participar en una investigación sobre el grave y letal incidente ocurrido el día anterior, lo que provocó la indignación del gobernador y del fiscal general de Minnesota.
La decisión significó que la Oficina de Detención Criminal de Minnesota, que tenía previsto investigar el asunto conjuntamente con el FBI, cuente actualmente con pocas herramientas para examinar a fondo el tiroteo y presentar sus conclusiones a los fiscales del Condado, quienes decidirían si el agente debe enfrentar cargos estatales.
“Sin acceso completo a las pruebas, los testigos y la información recopilada, no podemos cumplir con los estándares de investigación que exige la ley de Minnesota y el público”, dijo en un comunicado Drew Evans, superintendente de la Oficina de Aprehensión Criminal, al agregar que su agencia espera que el FBI lleve a cabo “una investigación exhaustiva y completa” y comparta su expediente con fiscales estatales y federales.
Los comentarios del presidente Donald Trump, de Vance, de Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, y de otros funcionarios del Gobierno sugieren poco interés en presentar cargos federales contra el agente que disparó.
Pero si lo decidieran, los fiscales podrían emplear una ley poderosa utilizada en otros casos de uso de la fuerza: la privación de derechos bajo el amparo de la ley.
Ese cargo se ha presentado en otros casos federales de alto perfil relacionados con interacciones mortales con agentes, incluido uno contra agentes del Departamento de Policía de Minneapolis que no intervinieron cuando George Floyd estaba siendo sometido a una fuerza irrazonable por parte de otro agente.
Conseguir una condena en el juicio por ese cargo también sería una batalla difícil, según Sini, quien explicó que los fiscales tendrían que demostrar que el agente violó la ley de manera intencional.
“Sería un caso muy difícil”, dijo. “Los fiscales tendrían que probar más allá de toda duda razonable que hubo una privación deliberada de los derechos de la víctima en este caso el derecho a no sufrir un uso excesivo de la fuerza”.
También es posible que la familia de Good presente una demanda civil contra el agente que le disparó, interponiendo una demanda por homicidio culposo en la que se solicite una indemnización económica.
Pero eso también podría enfrentarse a importantes obstáculos en los tribunales debido a la cuestión de la inmunidad cualificada.
“En caso de una demanda civil en un tribunal federal, creo que es obvio que se puede esperar que el Gobierno alegue esa defensa desde el principio y que, si tiene éxito, por supuesto, eso impedirá por completo que la demanda siga adelante”, afirmó Amy Sweasy, antigua fiscal de la Oficina del Fiscal del Condado de Hennepin, que se encarga de los casos en Minneapolis.
Aun así, ese resultado no es una garantía, dijo Ilya Somin, profesor de Derecho en la Universidad George Mason y académico del Cato Institute, un centro de estudios libertario.
“Los tribunales a veces han estado dispuestos a dejar de lado la inmunidad cualificada en casos en los que los hechos son especialmente graves, y sin duda lo son en este caso”, dijo, refiriéndose al tiroteo del miércoles.
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