Por Sophie Tanno, CNN
El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) se ha convertido en el principal grupo de oposición del país e incluso encabezó varias encuestas de opinión, superando brevemente en las semanas posteriores a las elecciones federales de febrero al partido de centroderecha del actual canciller Friedrich Merz.
Al mismo tiempo, crecen los llamados para la prohibición de la AfD, el más reciente proveniente de otro partido político de peso.
En mayo, la agencia de inteligencia interna del país clasificó formalmente a la AfD como una entidad extremista que representa una amenaza para la democracia. En un informe de 1.100 páginas, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV, por sus siglas en alemán) expuso sus conclusiones de que el partido es racista, antimigrante y desvaloriza a “segmentos enteros” de la población alemana.
Esa decisión, que permite a la BfV vigilar al grupo de gran alcance, reavivó los intentos de imponer una prohibición, a pesar de que el partido obtuvo un significativo 20,8 % de los votos en las elecciones nacionales de febrero, el mejor resultado para una fuerza de ultraderecha en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial.
La AfD también ha recibido un apoyo muy vocal por parte del Gobierno de Trump, con el multimillonario de Tesla Elon Musk —quien desde entonces dejó su cargo en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés)— instando a los alemanes a votar por el partido en la recta final de la campaña. Más recientemente, tanto el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, como el secretario de Estado, Marco Rubio, criticaron la decisión de Alemania de clasificar a la AfD como extremista.
El lunes, el Partido Socialdemócrata (SPD), de centroizquierda y actual socio menor de la coalición de gobierno encabezada por los conservadores en Berlín, votó por unanimidad a favor de iniciar el proceso para ilegalizar al partido.
Sin embargo, el camino legal para prohibir a la AfD es largo y, en gran medida, sin precedentes.
Diseñado para evitar una repetición del régimen nazi, el sistema político de Alemania se basa en el principio de streitbare Demokratie o “democracia militante”, lo que significa que es una democracia “decidida y capaz de defenderse”.
En otras palabras, el Estado alemán puede defenderse activamente contra amenazas internas a sus principios democráticos y al orden constitucional, incluso mediante la prohibición de partidos políticos.
No obstante, el Tribunal Constitucional Federal debe constatar dos criterios para establecer una base legal para una prohibición.
Primero, el partido en cuestión debe actuar en contra del orden democrático libre del país y demostrar una postura “activamente beligerante y agresiva”. Segundo, el partido debe tener suficiente popularidad como para representar una amenaza tangible a la democracia. Este segundo criterio, creado en 2017, se conoce como el principio de “potencialidad”.
Los partidos que cumplan solo el primer criterio, pero no el segundo, pueden ser excluidos del financiamiento público para campañas, aunque se les permite continuar con sus demás actividades.
“Es un error muy extendido en Alemania pensar que la AfD no puede ser prohibida porque… es demasiado grande”, dijo a CNN Till Holterhus, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Leuphana de Lüneburg.
“Ocurre lo contrario: su tamaño demuestra que cumple con el criterio de ‘potencialidad’”.
Para iniciar el proceso de prohibición de un partido debe presentarse una solicitud formal ante el tribunal federal. Solo pueden presentar esta solicitud el propio gobierno, el Bundestag (la cámara baja del Parlamento alemán) o el Bundesrat, el órgano legislativo que representa a los 16 estados federados del país.
El tribunal debe decidir entonces si inicia el proceso o si desestima la solicitud por falta de fundamentos.
Debe celebrarse un juicio completo, en el que se examinan miles de páginas de pruebas y se escucha a testigos, y se evalúa si el partido viola la Constitución en la práctica, explicó Holterhus.
El tribunal puede entonces declarar a un partido como inconstitucional. En ese caso, el partido sería disuelto y se le prohibiría toda actividad política. También se le impediría crear cualquier tipo de organización sustituta.
Al menos dos tercios de los jueces del tribunal deben estar de acuerdo para que se emita esa declaración.
En términos prácticos, si la AfD fuera prohibida, sus legisladores actuales perderían automáticamente sus escaños a nivel regional, federal y en el Parlamento Europeo.
De los 152 escaños que la AfD tiene actualmente en el Bundestag, 42 son escaños directos, ganados por candidatos que obtuvieron mayoría en sus respectivos distritos. Estos 42 distritos tendrían que volver a votar para llenarlos con candidatos de otros partidos. Los otros 110 escaños, asignados mediante el sistema de listas partidistas, permanecerían vacantes hasta el próximo ciclo electoral. De forma similar, los puestos de la AfD en el Parlamento Europeo quedarían vacantes.
En cualquier caso, esto provocaría un cambio en la proporción de fuerzas, lo que daría mayor peso a los escaños del resto de los partidos.
El Tribunal Constitucional Federal de Alemania solo ha prohibido dos partidos en la historia del país, y ambos casos ocurrieron en los primeros años de la posguerra. El Partido del Reich Socialista (SRP), sucesor del Partido Nazi, fue ilegalizado en 1952. Cuatro años después, en 1956, también se prohibió al Partido Comunista de Alemania (KPD), de extrema izquierda.
Varios intentos —en 2003, 2016 y 2021— de prohibir al ultraderechista Partido Nacional Democrático de Alemania (NPD) fracasaron. Aunque en 2017 el tribunal reconoció abiertamente que el partido era inconstitucional, concluyó que no representaba una amenaza significativa para el orden constitucional. En enero de 2024, el tribunal aprobó congelar la financiación estatal del NPD por seis años.
En general, Holterhus considera que es difícil imponer la prohibición de un partido político en Alemania. “La prohibición de un partido se considera una medida de último recurso contra los enemigos de la democracia”, afirmó.
El ascenso de la AfD ha generado una gran inquietud, con manifestaciones que exigen su ilegalización, especialmente a comienzos de 2024, cuando decenas de miles de personas salieron a las calles en varias ciudades de Alemania tras conocerse que altos dirigentes del partido habían discutido un plan para deportar migrantes en masa.
Sin embargo, los legisladores alemanes siguen divididos sobre el tema. Algunos temen que la medida pueda ser contraproducente y alimente las simpatías hacia la extrema derecha.
Al señalar que el partido ha sido clasificado como una organización extremista de derecha, el colíder del SPD, Lars Klingbeil, dijo el lunes en una conferencia partidaria que deben iniciarse los esfuerzos para prohibir a la AfD.
“En el momento en que la agencia de inteligencia interna dice que este es un partido de extrema derecha confirmado, no puede haber más tácticas”, afirmó.
No obstante, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Friedrich Merz —que lidera el Gobierno de coalición en Alemania— se ha mostrado reticente.
El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, miembro de la Unión Social Cristiana (CSU) —el partido hermano de la CDU en Baviera—, enfrió la propuesta del SPD. En declaraciones al pódcast informativo alemán “Table. Today”, afirmó que “las decisiones adoptadas en el congreso del SPD no constituyen aún un mandato para el ministro del Interior”.
El propio Merz también ha expresado cautela frente a esta iniciativa. En mayo dijo al periódico Die Zeit que es “escéptico” respecto a los procedimientos para prohibir partidos políticos.
La aprobación pública sin precedentes de la AfD, sumada al respaldo del Gobierno de Trump —un poderoso aliado transatlántico—, significa que una eventual prohibición del partido podría tener repercusiones significativas.
Algunas encuestas de opinión revelaron que, en las semanas posteriores a las elecciones en Alemania, el apoyo a la AfD aumentó aún más respecto al 20,8 % obtenido oficialmente, convirtiéndola momentáneamente en el partido más popular del país.
En abril, la encuestadora nacional Forsa registró a la AfD con un récord de 26 % en intención de voto, dos puntos por encima de la CDU, que aparecía con 24 %. Actualmente, Forsa sitúa a la AfD con 24 %, cuatro puntos por detrás de la CDU.
Dado ese nivel de apoyo, Holterhus advierte sobre el riesgo de generar un “efecto mártir” si se prohíbe al partido, lo que podría permitirle a la AfD “presentarse como víctima de sus adversarios políticos”. Esto, señaló, podría derivar en una mayor radicalización de algunos de sus simpatizantes e incluso en violencia motivada políticamente.
Los prolongados procedimientos legales, añadió, podrían amplificar aún más la visibilidad de la AfD, mientras que la medida también corre el riesgo de desatar la “ira” del Gobierno de Trump y alimentar el discurso populista de una “Europa antidemocrática”.
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